COPANU SA, empresa armadora integrante del grupo Compañía Marítima Paraguaya SA, ini­ciará las acciones correspon­dientes para una demanda contra la Dirección Nacio­nal de Transporte Fluvial y Marítimo y otra dependiente del Ministerio de Transporte y la Prefectura General Naval, instituciones que reglamen­tan sobre aspectos de trans­porte en aguas internaciona­les de las embarcaciones de bandera paraguaya.

Roberto Bosch, titular de la empresa naviera, explicó que la situación se da luego de que una embarcación con bandera paraguaya que con­taba con productos de expor­taciones fuera demorada por cuatro días y forzada a que prácticos argentinos suban al buque paraguayo.

El empresario paraguayo señaló que la actividad mane­jada por el personal argentino requiere de un costo que es absorbido por la firma para­guaya, cuyo valor se aproxima a los US$ 80.000, lo que es considerado como pérdida por parte de la empresa afec­tada. "Seguramente tendre­mos algunas consecuencias, ya que no podremos cumplir con contratos asumidos", manifestó el naviero.

Bosch comentó que existe un amparo vigente que impide que prácticos del vecino país suban a las embarcaciones paraguayas. Sin embargo, el mismo no es cumplido. A nivel bilateral rige el Tra­tado de Navegación, vigente desde el año 1967, el cual establece la libre navega­ción por los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata, para los buques argentinos y para­guayos, de cualquier tipo, con o sin propulsión pro­pia, de cualquier tonelaje, cualquiera fuera su fuerza motriz, en igualdad de con­diciones.

A mediados del presente año, en el Uruguay fueron reteni­dos aproximadamente 1.000 contenedores de exporta­ción como de importación. El hecho se produjo en el puerto de Montevideo durante una semana. La situación se inició cuando el Sindicato Único de Trabajadores del Mar de Uru­guay impidió la actividad para­guaya en dicha terminal.

El motivo fue que supuesta­mente los marinos paraguayos no tenían la suficiente capaci­tación para ejercer sus respec­tivas funciones. El pasado 10 de julio, la Argentina imple­mentó nuevas reglamentacio­nes dirigidas a las cargas para­guayas para los transbordos en el puerto de Buenos Aires, lo que generó disconformidad de las embarcaciones paraguayas.