El exvicepresidente de Ueno Bank, Julio Rey Fernández, declaró ayer miércoles ante el Ministerio Público y, en el marco de su comparecencia, entregó una serie de documentos relacionados con depósitos sospechosos, operaciones por grandes sumas de dinero, empresas vinculadas y propiedades que serán objeto de investigación.

El documento señala que durante su declaración, Rey Fernández también hizo referencia a la existencia de un informe interno denominado “Delirio colectivo”. Tras la elaboración de dicho documento, dos directivos que habían planteado cuestionamientos sobre determinadas situaciones dentro de la entidad bancaria fueron apartados de sus cargos.

“En este adjunto básicamente se mostraba los verdaderos canales de liquidez, por donde entra y por donde se iba la plata, que tenia mucho que ver con salidas de dinero por reintegro, por clearing, mucho uso de tarjetas de crédito y débito”, indica parte del documento.

En otro tramo de su declaración, se refirió a los mecanismos financieros que utilizaba el grupo para afrontar gastos. “Básicamente este modelo de negocios requería grandes inversiones de tecnologías y productos y reintegros, y que hacia falta diferir esos gastos y mecanismos para eso eran compra venta de activos entre Ueno y las vinculadas”, acotó.

También mencionó la transferencia de activos intangibles, como los programas de firma digital y Vitaldoc, un software del área de salud perteneciente a itti. Según su relato, estos mecanismos permitían trasladar gastos, inmuebles y programas informáticos a créditos vinculados y no vinculados, con el objetivo de diferir los compromisos financieros.

Entre las empresas que citó figuran Grupo Hendy, Mowi, Grupo M, TUIU, Franede, Office Design, Henrichi, Model y Data Force, entre otras. De acuerdo con su declaración, las operaciones alcanzaban un valor aproximado de USD 900 millones, de los cuales unos USD 300 millones correspondían a reintegros y otros USD 300 millones a gastos en tecnología y otros conceptos.

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Rey Fernández aclaró que desconocía los gastos de la familia Vázquez y que su conocimiento se limitaba a la información correspondiente a la empresa. En otro tramo de su declaración, el exdirectivo relató que, en mayo de 2025, Miguel Vázquez le habría comunicado que esa noche llevaría dinero en efectivo al banco. Al día siguiente, según su relato, el jefe de Seguridad, Rubén González, le informó que se había ingresado efectivo y que el personal de Tesorería estaba contabilizando el dinero.

El monto ascendía a unos USD 17 millones y G. 17.000 millones, que fueron incorporados a la contabilidad de una empresa del Grupo Vázquez mediante cobros de créditos impagos. Sobre esta operación, Rey Fernández manifestó que entregó a la Fiscalía copias de recibos correspondientes a clientes, con numeración consecutiva y pertenecientes a tres empresas diferentes.

Según indicó, los documentos estarían relacionados con la denominada “cartera muerta” y habrían sido utilizados para justificar el dinero con el que el Grupo Vázquez adquirió certificados de depósito de ahorro (CDA) en 2025. Agregó que en 2026 se habría pretendido capitalizar el banco con esos certificados, situación que motivó nuevos cuestionamientos sobre la justificación de las operaciones.

La defensa de Rey Fernández solicitó reforzar las medidas de seguridad para su representado, quien permanece en prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos. El pedido apunta a extremar las condiciones de protección durante su reclusión.

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