La Cámara de Diputados aprobó en general este jueves el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, manteniendo la versión presentada por el Poder Ejecutivo, con ajustes. La propuesta obtuvo 67 votos a favor y ninguno en contra, mientras que nueve legisladores no votaron.
Sigue el tratamiento en particular de todos los artículos que corresponden a este proyecto de ley.
La aprobación se dio tras una postergación previa solicitada por el Ejecutivo para introducir modificaciones. Durante la sesión, el tratamiento continúa con el análisis de los recortes y modificaciones planteados por los parlamentarios para cada institución del sector público, entre ministerios y entidades descentralizadas.
La propuesta de adenda plantea un ajuste neto de G. 1.783.532 millones, equivalentes a unos USD 276 millones, en todas las fuentes de financiamiento, en la búsqueda de la racionalización y optimización del gasto público impulsada por el presidente de la República, Pedro Alliana.
La presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), diputada Cristina Villalba, expuso el dictamen del organismo asesor donde se recomendó aprobar la adenda remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incorporar modificaciones presupuestarias por G. 241.000 millones.
Este fue emitido el pasado 29 de octubre, tras dos meses de trabajo que incluyeron reuniones con autoridades de organismos y entidades del Estado, gremios de funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil.
Adenda y redistribución
La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo contempla recortes en las distintas fuentes de financiamiento del PGN con el objetivo de reducir gastos de funcionamiento y reorientar recursos hacia sectores prioritarios.
Entre los principales ajustes se establecieron reducciones en pasajes, viáticos y gastos de traslado del 40 % en rubros como mantenimiento, limpieza, alquileres, servicios bancarios, catering y combustibles y del 30 % en publicidad, consultorías, equipos de transporte y muebles y enseres.
También se contempló una disminución del 20 % en remuneraciones extraordinarias, adicionales y bonificaciones. Las medidas alcanzan a distintos organismos y entidades del Estado, aunque se establecen excepciones para determinadas instituciones y objetos del gasto, como los recursos destinados a medicamentos, educación y obras públicas.
El proyecto aprobado en Diputados pasa ahora a la Cámara de Senadores que cuenta con un plazo de 15 días corridos para el estudio del proyecto con las eventuales modificaciones.
El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 31 de diciembre para promulgar u objetar (vetar) la Ley del Presupuesto, ya que la nueva normativa debe entrar en vigencia el 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal.
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