Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, para exigir una reformulación integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.

El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

En la misiva, los sectores firmantes advierten que la crisis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recuperar la confianza de los mercados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expresan en el documento.

Asimismo, reclaman investigar las fallas de supervisión y las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar las operaciones de la entidad bancaria.

Uno de los principales cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contempla adecuadamente las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y contiene previsiones que consideran alejadas de la realidad.

En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, la disminución de la actividad comercial y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando.

A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a estimaciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.

Los gremios proponen revisar integralmente el PGN 2027, utilizando proyecciones realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.

Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considerados superfluos.

Solicitan revisar específicamente las asignaciones destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.

Los recursos ahorrados, según plantean, deberían ser destinados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública. También exigen avanzar con la reforma de la Caja Fiscal y limitar la cobertura de vacancias en el sector público a los puestos considerados esenciales.

Otro de los pedidos centrales está relacionado con la recuperación de los fondos afectados por la crisis bancaria. Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados de los responsables y posteriormente liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de los ahorristas que no sean cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Asimismo, proponen establecer por ley un registro público actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada institución estatal en los bancos, las modalidades de depósito y sus respectivos plazos.

La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos y prevenir nuevas situaciones de riesgo financiero.

La carta también incluye propuestas para reorganizar distintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.

Además, solicitan fortalecer la recaudación de peajes con participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revisar determinados regímenes laborales del sector público.

Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Además de los reclamos, las organizaciones empresariales manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.

Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.

Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sector público como al privado, sin distinciones por vínculos políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.

Finalmente, los gremios instaron al presidente Alliana a adoptar decisiones verificables y urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis financiera. “El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario.

En el mes de marzo, Ueno Bank emitió bonos por valor de USD 350 millones; hoy esos papeles no valen nada, prácticamente. La cuestión puede generar un impacto importante para futuras colocaciones de empresas paraguayas, considerando el fiasco de la extinta entidad bancaria.

El economista Jorge Garicoche conversó al respecto con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970/Nación Media e indicó que pronto se tendrán novedades sobre acciones de bonistas internacionales. “Creo que muy pronto vamos a estar teniendo algún tipo de demanda judicial y que nos deja con una imagen internacional no muy buena”, expresó.

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“Históricamente le ha costado a las empresas paraguayas estar presente en los mercados internacionales. Me atrevo a decir que en los últimos 10 años tuvimos cuatro firmas paraguayas en mercados internacionales, dos de ellas cumpliendo a cabalidad, pero dos que tuvieron fuertemente presentes en 2026 hoy están en default, entonces no ha sido una buena señal”, expresó el profesional.

Con relación a mecanismos para que el Banco Central del Paraguay (BCP) vuelva a recuperar la confianza de la ciudadanía, Garicoche citó la publicación de la agenda de actividades del directorio, tanto formales como informales. Amplió afirmando que este tipo de acciones se transparencia se efectúan en otros países.

Sobre la gestión del regulador en el cumplimiento con los ahorristas, dijo que el Fondo de Garantía de Depósito (FGD) cumplió con su objetivo de cubrir las pérdidas de los pequeños ahorristas.

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Otra de las aristas que investiga el Ministerio Público es el destino del dinero que se encontraba en los fondos de Ueno Bank, desde los ahorristas como de las instituciones del Estado. En este sentido, el fiscal Francisco Cabrera explicó que se está trabajando sobre hipótesis y se están realizando diligencias para recabar esa información.

“Como parte de la investigación y que va a ser revisada en los próximos días, justamente es el detalle íntegro de la ruta del dinero desde el 2023, fecha de creación del banco y su evolución histórica, la forma en que fueron depositados, la forma en que fueron ejecutados, el destino que fueron aplicados y, finalmente, analizar cuál de esas conductas tiene alguna responsabilidad penal”, detalló en conferencia de prensa.

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El agente fiscal señaló que, en el marco de su operatividad, no se descarta que varias de las transacciones o destinos de ese dinero se hayan dado de manera legal, pero también no se descarta que se haya realizado de otra manera.

“Claramente, en la numerosidad de las operaciones del banco, probablemente haya algunas que fueron regulares; hay ahorristas que quitaron créditos en forma correcta, y la aplicación de destino de esos fondos quizás no sea irregular. Entonces nos vamos a abocar a determinar y especificar cuáles fueron aquellas irregulares, y posteriormente también el destino y el uso que hicieron de esos fondos en las empresas donde fueron destinadas”, indicó.

Agregó que, como se señala en la imputación, “muchas de estas empresas también eran vinculadas al grupo; eso es objeto de investigación y ya se hicieron las diligencias con relación al destino de esos fondos, si fueron trasladados al exterior, y esperamos la respuesta en los próximos días”.

Respecto a la otra empresa del grupo Vázquez, Ueno Bolsas, indicó que también existe una línea que será abordada en los próximos días, que “es otra parte del banco que todavía no está siendo descripto en la relación fáctica de los hechos atribuidos”.

En ese sentido, indicó que Joshua Abreu también será objeto de investigación, ya que era el director de ese departamento, de esa casa de bolsa de valores. “Se van a analizar los hechos y también las vinculaciones, porque producto de la recopilación de información es que se va detectando también operaciones vinculadas, del banco con las casas de bolsa. Entonces eso sí va a ser objeto de procesamiento y de pronunciamiento del Ministerio Público”, apuntó.

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El juez penal de garantías, Marcelo Saldívar, decretó este miércoles la prisión preventiva por 10 días en el Departamento Judicial femenino de la Policía Nacional de Andrea María José Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, imputada por frustración de la persecución penal.

La funcionaria es investigada por destruir evidencias durante un allanamiento realizado por el Ministerio Público en la sede de la entidad en la marco del caso Ueno Bank.

La mujer acudió esta mañana para su audiencia de imposición de medidas tras ser imputada por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, luego de romper documentación que la Fiscalía debía incautar durante un allanamiento.

El incidente ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando una comitiva fiscal llegó a las oficinas de Ueno Casa de Bolsa para realizar una intervención. Según los registros de circuito cerrado, minutos antes del ingreso de los investigadores, la funcionaria habría rasgado varios documentos impresos y los habría arrojado a un basurero.

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No obstante, la intervención permitió recuperar los papeles y reconstruir parte de la documentación. Entre los materiales encontrados había correos electrónicos, comunicaciones internas, informes de operaciones, resoluciones y contratos. Algunos documentos contenían referencias al expresidente Santiago Peña.

La acción judicial forma parte de las pesquisas sobre el colapso de Ueno Bank y la caída de su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

Durante la audiencia, realizada a las 7:30, el abogado defensor Andrés Álvarez cuestionó la hipótesis fiscal y presentó registros de circuito cerrado. En ese sentido, aseguró que los documentos fueron rotos a las 10:30, aproximadamente dos horas y media antes de la llegada de la comitiva fiscal, prevista alrededor de las 13:00.

“No es como cuenta fantasiosamente la historia del Ministerio Público”, dijo Álvarez al referirse a la hipótesis de destrucción de evidencias.

La defensa argumentó que la diferencia horaria contradice la posibilidad de que su representada haya actuado para reaccionar ante el procedimiento fiscal. Asimismo, señaló que Benítez colaboró con los investigadores y entregó previamente los documentos que le fueron requeridos.

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