La crisis de ueno bank amenaza con arrastrar al presidente Santiago Peña y representa un nuevo golpe para la influencia de Donald Trump en América Latina. Así lo plantea el artículo titulado “How a banking scandal is taking down Trump’s ally in Paraguay” (Cómo un escándalo bancario está haciendo caer al aliado de Trump en Paraguay), publicado este viernes 6 de noviembre por el diario indio The Economic Times, que se hizo eco de una investigación de la agencia Bloomberg, firmada por Manuela Tobias e Ignacio Olivera Doll.

La publicación describe las consecuencias de la intervención de ueno bank, cuyos clientes quedaron sin acceso a sus cuentas, mientras las protestas se extendieron por el país. La crisis también alcanzó a sus principales responsables: su accionista mayoritario, Miguel Vázquez, fue detenido, y Peña quedó bajo una fuerte presión política, hasta ofrecer su renuncia en medio de las amenazas de juicio político.

El artículo señala que la Cámara de Diputados votó por unanimidad el juicio político contra el mandatario. Sin embargo, el proceso en el Senado quedó envuelto en una disputa luego de que legisladores abandonaran una sesión convocada para tratar su eventual renuncia.

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Bloomberg también reconstruye los antecedentes de la caída de la entidad financiera. Según el reporte, representantes del brazo inversor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) ya habían detectado irregularidades y señales preocupantes durante una visita a las instalaciones de ueno en 2025, cuando analizaban la posibilidad de participar en su capital.

Entre los cuestionamientos figuraban préstamos otorgados a empresas vinculadas al Grupo Vázquez que habrían superado los límites legales, además de deficiencias en su clasificación. Tras una revisión de sus registros contables impulsada por el Banco Central del Paraguay (BCP), el índice de solvencia de la entidad cayó por debajo del 50 % del mínimo exigido.

El medio también destaca que ueno había logrado posicionarse como el sexto banco más grande del país por depósitos, luego de su fusión con Visión Banco en 2024. Los fondos públicos depositados en la entidad alcanzaron aproximadamente G. 5 billones (unos USD 869 millones) al cierre de junio, equivalentes al 29 % de sus depósitos.

La investigación sostiene que el derrumbe financiero expuso las tensiones dentro del Partido Colorado y puso en riesgo la imagen de estabilidad que Paraguay buscaba proyectar ante los inversionistas internacionales.

Asimismo, vincula las repercusiones del caso con la política exterior estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, había presentado a Paraguay como un aliado estratégico de Washington en la región, especialmente por su histórica relación con Taiwán. Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se había reunido con Peña en Washington apenas dos semanas antes de la publicación.

Para Bloomberg, el escándalo de ueno trasciende el ámbito bancario: amenaza con profundizar la inestabilidad política, afectar la confianza de los inversionistas y comprometer la posición de Paraguay como socio estratégico de Estados Unidos en Sudamérica.

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Ante las publicaciones que vinculan a Nubicom S.R.L. Argentina con Nubicom Paraguay S.A., ueno bank y el Grupo Vázquez, la firma argentina salió a aclarar su posición y se desmarcó del manejo financiero y operativo de su filial paraguaya.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, sostuvieron que nunca administraron, controlaron, ni dispusieron de los fondos y recursos financieros de la sociedad local, y que tampoco intervino en sus operaciones bancarias ni en sus decisiones financieras.

La empresa con sede en Salta, Argentina, señaló que Nubicom Paraguay desarrolló sus actividades bajo una estructura societaria y administrativa propia, con autoridades responsables de su conducción, gestión operativa y administración de recursos.

En ese sentido, sostuvo que la administración de la firma argentina es completamente ajena al manejo financiero y operativo de la filial paraguaya. Asimismo, se precisó que la existencia de una participación accionaria no implicó intervención en la gestión de sus fondos ni en sus decisiones comerciales o financieras.

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Por otra parte, mencionaron que hace varios meses Nubicom S.R.L. Argentina vendió la totalidad de su participación accionaria en Nubicom Paraguay S.A., formalizando su desvinculación societaria. Los trámites registrales correspondientes quedaron a cargo de la parte compradora, conforme a los acuerdos suscriptos.

Respecto a la utilización de la marca Nubicom en Paraguay, la firma explicó que responde exclusivamente a una licencia comercial vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y que no representa una vinculación administrativa, operativa o financiera entre ambas sociedades.

“Se reafirma que nunca administró, controló ni dispuso de los recursos financieros de Nubicom Paraguay S.A. habría obtenido de ueno bank y que sus autoridades no participaron en la gestión de dichas operaciones”, puntualizaron.

A su vez, solicitaron que cualquier información pública distinga con precisión a ambas sociedades, sus administraciones y sus respectivas responsabilidades.

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La agente fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezó un allanamiento en la tarde de este viernes en un complejo residencial ubicado en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera, en el marco de las investigaciones del caso ueno bank.

Durante el procedimiento, el equipo fiscal logró individualizar tres inmuebles que, según los datos preliminares recabados, estarían vinculados patrimonialmente a tres personas imputadas en la causa, relacionadas con la administración de la entidad bancaria y con empresas investigadas.

La diligencia forma parte de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio Público para identificar bienes que podrían guardar relación con los imputados y reunir elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados.

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En la mañana, el equipo fiscal encabezado por el agente Francisco Cabrera de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) realizó la apertura de una bóveda encontrada en instalaciones del Grupo Vázquez e incautó documentos.

El hallazgo y apertura de esta estructura se dio en el contexto de múltiples allanamientos a las sedes de las empresas del holding, como las oficinas corporativas del Grupo Vázquez e itti SAECA, tras detectarse presuntas irregularidades financieras.

Hasta el momento, la Fiscalía ya formuló imputación contra 27 personas por la presunta comisión de hechos punibles relacionados con conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

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La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, solicitó la designación de defensores públicos especializados en materia laboral y la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los trabajadores de las empresas vinculadas a ueno bank y el Grupo Vázquez.

El Ministerio de Trabajo solicitó formalmente al Ministerio de la Defensa Pública (MDP) la articulación de acciones urgentes para brindar asistencia jurídica gratuita a los trabajadores afectados por la situación de Ueno Bank y sus empresas vinculadas.

La solicitud fue remitida al defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, mediante la Nota MTESS N.º 621/2026, ante la necesidad de garantizar que los trabajadores puedan acceder oportunamente a representación legal para reclamar sus haberes y resguardar sus derechos laborales.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el MTESS, las empresas vinculadas a ueno bank emplean a aproximadamente 5.000 trabajadores, cuya situación laboral se ha visto comprometida tras el inicio del procedimiento de resolución bancaria dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Durante los operativos de inspección y fiscalización realizados el 5 de noviembre, el Ministerio constató situaciones de cierre de establecimientos, falta de ocupación efectiva de trabajadores y ausencia de procedimientos formales de desvinculación laboral, así como dificultades para identificar a representantes patronales que respondan ante la autoridad administrativa del trabajo.

A esta situación se suma la falta de disponibilidad de recursos económicos de los trabajadores afectados, quienes enfrentan dificultades para percibir sus salarios y acceder a sus ahorros, lo que limita también sus posibilidades de contratar asesoramiento jurídico particular.

Ante este escenario, el MTESS solicitó al Ministerio de la Defensa Pública la designación de defensores del fuero laboral o la conformación de un equipo especializado que pueda asumir el patrocinio jurídico gratuito de los trabajadores que lo requieran.

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Esta intervención permitirá facilitar la promoción de acciones judiciales y la solicitud de medidas cautelares destinadas a resguardar los créditos laborales y evitar que el patrimonio de las empresas empleadoras pueda verse disminuido o comprometido antes de que los trabajadores hagan efectivos sus derechos.

El Ministerio recordó que, conforme al artículo 247 del Código del Trabajo, los créditos de los trabajadores tienen carácter singularmente privilegiado, por lo que resulta fundamental promover oportunamente los mecanismos legales para su protección.

Como parte de esta articulación, la cartera laboral también propuso conformar una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Pública, con el objetivo de establecer un protocolo de derivación y criterios comunes de actuación.

Este mecanismo permitirá que los trabajadores atendidos por el MTESS, cuyos casos requieran intervención judicial, puedan ser derivados de manera ágil a los defensores públicos para recibir representación legal y promover las acciones correspondientes.

La solicitud contempla que estas medidas sean implementadas con carácter urgente, atendiendo a la situación de vulnerabilidad económica y laboral que atraviesan las personas afectadas.

Paralelamente, el Ministerio de Trabajo continúa brindando atención, orientación y asesoramiento laboral a los trabajadores de ueno bank y de sus empresas vinculadas, además de desarrollar procedimientos de fiscalización para verificar las condiciones laborales y reunir información sobre la situación de las empresas.

La articulación con la Defensa Pública busca complementar estas actuaciones administrativas con mecanismos de protección judicial, de manera que los trabajadores cuenten con asistencia institucional tanto para la defensa de sus derechos como para la recuperación de los haberes que legalmente les correspondan.

El objetivo es evitar que la falta de recursos económicos se convierta en un impedimento para acceder a la justicia y reclamar los derechos laborales.

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