El Gobierno destinará G. 6.724 millones para asistir a 4.384 pescadores durante la veda pesquera que comenzó este lunes 2 de noviembre, periodo en el que la suspensión de la actividad comercial afecta los ingresos de las familias que dependen de la extracción y venta de peces. El programa contempla un incremento presupuestario del 5 % respecto al año anterior, tras una reprogramación de recursos para fortalecer la asistencia.
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, informó que las primeras transferencias se realizarán a mediados de noviembre, una vez concluidos los trámites administrativos y la habilitación de las cuentas bancarias de los beneficiarios. El monto global previsto para esta temporada asciende a G. 6.724.470.000, financiado con un presupuesto que pasó de G. 6.020 millones a G. 6.740 millones, mediante una reprogramación de G. 740 millones.
La asistencia varía según la duración de la veda, la zona de residencia y la composición familiar. En las áreas donde la restricción se extiende por 50 días, correspondientes a los ríos compartidos con Argentina, los pescadores que viven solos recibirán G. 790.000, mientras que las familias de hasta cuatro integrantes accederán a G. 1.470.000 y aquellas con más de cuatro miembros, a G. 1.910.000.
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En las zonas fronterizas con Brasil, donde la prohibición alcanza los 90 días, los montos serán superiores: G. 1.000.000 para pescadores unipersonales, G. 1.780.000 para familias de hasta cuatro integrantes y G. 2.410.000 para hogares más numerosos.
La medida busca amortiguar la pérdida temporal de ingresos de los trabajadores que tienen a la pesca comercial como principal fuente de sustento. A su vez, el movimiento de estos recursos representa un apoyo para la economía de las comunidades ribereñas durante las semanas en que la actividad extractiva queda restringida.
Para definir la nómina final, el Ministerio de Desarrollo Social realizó una depuración del listado remitido inicialmente por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que superaba las 7.000 personas. El proceso incluyó verificaciones de la situación socioeconómica y de posibles ingresos o beneficios incompatibles con el programa.
La veda se extenderá hasta el 21 de diciembre en las zonas sujetas a la restricción de 50 días, mientras que en los tramos compartidos con Brasil llegará hasta el 31 de enero de 2027. Además de proteger la reproducción de las especies, la medida plantea el desafío de sostener a los trabajadores durante la pausa obligatoria de una actividad de la que dependen numerosas familias.
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