El Ministerio de Economía y Finanzas inició este miércoles 23 de septiembre el pago de haberes a los beneficiarios del programa de Adultos Mayores, veteranos y pensionados del Estado. Este primer desembolso marca el comienzo del cronograma financiero previsto para la fecha, según lo ratificado por la Dirección General del Tesoro Público.

A su vez, el Ministerio de Desarrollo Social confirmó que este viernes 25 se incorporarán 3.076 nuevos beneficiarios al esquema de protección social. La nómina abarca a 2.718 adultos que cumplieron 68 años hasta el 10 de septiembre, además de 824 personas de 69 años o más, 94 personas con discapacidad y 145 integrantes de comunidades indígenas.

El listado de nuevas inclusiones se completa con 63 extranjeros y 358 personas reincorporadas que habían dejado de percibir el subsidio tras la inhabilitación de sus cuentas. Por su parte, el calendario de pagos continuará este jueves 24 con el desembolso correspondiente a los jubilados y herederos de la Caja Fiscal.

Para el viernes 25 está programado el inicio del pago de salarios a los funcionarios de la administración pública, comenzando por el personal administrativo y el sector salud. Debido al traslado del feriado al lunes 28 de septiembre, el proceso se pausará durante esa jornada y se reanudará el martes 29 con las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

El cronograma oficial de la Dirección General del Tesoro Público culminará el miércoles 30 de septiembre, fecha en la que percibirán sus haberes los docentes del sector Educación y el personal de las universidades públicas.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, aclaró que el incremento en la pensión de Adultos Mayores tendrá un incremento recién en el mes de enero de 2027, conforme el cumplimiento del Presupuesto General de la Nación del próximo ejercicio.

“El tema de los aumentos con relación a la variación del salario mínimo impacta a partir del nuevo presupuesto que va a ser aprobado próximamente en el Congreso y que se empieza a ejecutar a partir del mes de enero del año que viene, esto está establecido”, explicó el secretario de Estado.

Posteriormente, indicó que desde enero de 2027 se tendrá un nuevo importe para los pensionados. “Hoy están cobrando G. 724.600, aproximadamente, y a partir de enero van a estar cobrando G. 761.000, eso es una cuestión de cada año y ahí es donde quiero dejar en claro que está establecida por ley, no es de cumplimiento inmediato”, dijo, considerando que el salario mínimo tiene su incremento en el mes de julio de cada año.

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Por otro lado, explicó que, de acuerdo con la normativa legal, cada año deben ingresar 30.000 nuevos adultos mayores, sin embargo para el presente ejercicio fue autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la cifra de 37.000. Todos ellos ya fueron incluidos en el sistema de protección social, según mencionó en diálogo mantenido con la 1020 AM.

Actualmente, lo que se está haciendo consiste en introducir nuevos beneficiarios conforme se presenten bajas por fallecimiento o renuncias, precisó y agregó que ya están cobrando hasta los que nacieron en el mes de julio de 1958.

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El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión de trabajo con el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, para evaluar los avances y planificar las siguientes etapas del programa de pensiones. “En el menor tiempo posible llegaremos a los 65 años”, anunció el ministro, tras dos jornadas de manifestaciones de adultos mayores con ese reclamo.

“Ratificamos con el presidente Santiago Peña nuestro compromiso con los Adultos Mayores del Paraguay. Este mes de marzo con la estricta aplicación de la Ley 7322, ya son 360.283 los adultos mayores que cobran su pensión, hasta los 69 años. En el menor tiempo posible llegaremos a los 65 años”, manifestó Rojas ayer a través de las redes sociales.

Por su parte, el mandatario replicó el mensaje en sus propios canales: “Me reuní con Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, para evaluar nuestros avances y planificar los siguientes pasos del programa de pensiones. Este mes de marzo logramos un avance muy importante: con la aplicación de la nueva Ley 7322, ya son 360.283 los adultos mayores incluidos, abarcando actualmente la franja a partir de los 69 años”.

“Nuestro compromiso es que este beneficio llegue a más paraguayos. Por eso, vamos a seguir trabajando para disminuir gradualmente la edad de acceso hasta llegar a los 65 años lo antes posible”, agregó Peña, quien promulgó la Ley 7322 el 28 de octubre de 2024, permitiendo que mayores de 65 años sin otros ingresos accedan al beneficio mensual equivalente al 25 % del salario mínimo legal vigente, sin necesidad de censo previo.

El director general de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, Alcides Samudio, participó ayer en la reunión que se realizó en la Defensoría del Pueblo con los representantes de diferentes instituciones y del grupo de adultos mayores, en seguimiento a la propuesta planteada por el ministro Tadeo Rojas y la intervención del defensor del Pueblo, Rafael Ávila, para responder a las demandas de los manifestantes a través de la instalación de una mesa interinstitucional.

El encuentro se celebró con autoridades del Banco Nacional de Fomento (BNF) para abordar reclamos sobre el acceso a la pensión universal, con la presencia del titular de la institución financiera, Manuel Ochipintti, y el gerente general, César Augusto Vargas Mora. La Defensoría del Pueblo dispuso su estructura para canalizar los reclamos, con profesionales especializados y gestiones sin costo alguno y el Defensor anunció que trabajará en la creación de una “Red de Protección de Adultos Mayores”.

El Ministerio de Desarrollo Social expuso la historia de Fermina Agüero, de 102 años, que nunca tuvo documento de identidad, y su caso fue descubierto en uno de los recorridos de Ciudad Mujer Móvil, que trabaja con 13 instituciones del Estado, cuando llegó hasta el asentamiento 8 de Noviembre, del barrio Inmaculada Concepción, distrito de San Alfredo, del departamento de Concepción.

La centenaria compatriota obtuvo por fin su primera cédula y pudo acceder a su primer cobro de pensión de adultos mayores gracias al trabajo articulado entre el MDS, el Registro Civil, el Banco Nacional de Fomento (BNF) y autoridades municipales la Dirección del Registro Civil, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y la Municipalidad de San Alfredo.

Funcionarios del Departamento de Identificaciones visitaron a doña Fermina Isabel Agüero en su casa y le llevaron el servicio de cedulación. Desde su cama, pudo completar todo el proceso: toma de huellas, registro de datos, fotografía, etcétera. El centro Ciudad Mujer tiene su sede en Villa Elisa, pero sus móviles recorren distintos puntos del país para llevar sus servicios hasta lugares remotos y también acercarlos a personas que no tienen posibilidades de moverse.

El Ministerio de Desarrollo Social denunció ante la Fiscalía el supuesto hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones a nombre de personas ya fallecidas.

El caso se refiere a personas desconocidas que estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores, pero a nombre de personas que ya habían fallecido, según la denuncia presentaao por el abogado Alberto Lezcano, director general de Auditoría Interna.

Según el escrito, los casos fueron detectados gracias a los controles efectuados por funcionarios de esta auditoría en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná.

En uno de los casos, en la ciudad de Carayaó, departamento de Caaguazú, se detectó que la señora María Magdalena González de Medina, falleció en Argentina, hace varios años. Tras una verificación en la casa de la señora, una familiar confirmó que la señora falleció el 13 de agosto de 2018, en Buenos Aires, y que no contaba con los documentos.

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Según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Pensión para las Personas Adultas Mayores (SIPPAM), al 19 de mayo pasado, la cuenta seguía activa.

Teniendo en cuenta estos datos, según los cálculos realizados se cobró en forma indebida más de G. 48 millones.

En otro caso, en Alto Paraná, afecta a Félix Cantalicio Díaz, de Hernandarias, quien según los datos falleció en el 2018, en su domicilio y que no procedieron a gestionar el acta de defunción. El registro arroja que la cuenta seguía activa, y que el monto cobrado irregularmente alcanzaría más de G. 45 millones.

Otro de los casos detectados, registra que la señora De las Nieves Paredes Vda. de Urbina falleció en abril de este año, pero en mayo, la cuenta continuaba activa.

Las sospechas recaen sobre personas innominadas, familiares o personas de confianza, quienes no comunicaron el fallecimiento y siguieron utilizando las tarjetas de débito para realizar el cobro irregular.

Atendiendo a las instrucciones recibidas del ministro Tadeo Rojas, el abogado Lezcano solicita la investigación de estos hechos por parte de los fiscales, que se solicite informes al Banco Nacional de Fomento (BNF), así como se pidan datos a la Policía Nacional a fin de identificar a los responsables de estos hechos irregulares.

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