A diez años de la Ley Nº 5668/2016, el director de Seguridad Eléctrica del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), Ing. Raúl González Paredes, repasa las cifras que motivaron su aprobación, el sistema que se construyó desde entonces y el papel de la nueva edición de la Norma Paraguaya de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. Su conclusión es que el país ya tiene las reglas; ahora necesita que instituciones y ciudadanos las conviertan en cultura.
Una muerte cada tres días y medio. Ese fue, en promedio, el saldo de los accidentes por exposición a la corriente eléctrica en Paraguay durante los años previos a la Ley Nº 5668/2016. Los casos ocurrían en viviendas, lugares de trabajo y espacios públicos, y casi siempre se volvían noticia cuando ya era tarde.
Una década después, el país cuenta con un marco normativo de seguridad eléctrica que antes no tenía y con una herramienta técnica renovada: la tercera edición de la Norma Paraguaya de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. ¿Cuánto se avanzó y qué falta para que aquellas cifras cambien? Para responderlo, el Ing. González repasa el camino recorrido y el desafío que queda por delante.
“Primero fue necesario crear las reglas; después, desarrollar los mecanismos para aplicarlas”, resumió González y agregó “ahora el desafío es que esas reglas lleguen efectivamente a cada instalación”.
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Un panorama que exigía una ley
Los antecedentes del proyecto que dio lugar a la Ley Nº 5668/2016 describían un panorama preocupante. Su exposición de motivos mencionaba 383 muertes por electrocución en instalaciones eléctricas de baja tensión entre 2009 y 2012, según estadísticas atribuidas al Departamento de Estadística de la Policía Nacional, y recogía una referencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay según la cual el 90 % de los incendios registrados en edificaciones tenía origen eléctrico.
“Detrás de cada número existe una persona y una familia afectada. La finalidad de la seguridad eléctrica es precisamente evitar que una condición de riesgo termine convirtiéndose en una tragedia”, señaló González.
Sin embargo, la magnitud del problema contrastaba con su escasa visibilidad. Mientras otros riesgos, como los accidentes de tránsito o los ahogamientos, ocupan un lugar evidente en la percepción pública, el riesgo eléctrico no siempre era reconocido como una amenaza para la vida.
Un incendio de origen eléctrico puede comenzar en un conductor, una conexión o un tablero, pero sus consecuencias rara vez se quedan allí: viviendas, comercios o industrias perdidas, equipos y mercaderías destruidos, actividades interrumpidas y, en los casos más graves, personas lesionadas o fallecidas.
Diez años de construcción del marco legal
Hasta 2016, Paraguay carecía de un marco legal específico para hacer efectivo, en materia de seguridad eléctrica, el deber constitucional del Estado de proteger la integridad física de las personas. “Existía el mandato constitucional, pero faltaban las herramientas para aplicarlo”, explicó González.
Existían normas técnicas, reglamentaciones y disposiciones vinculadas al sector eléctrico, pero no una ley específica que organizara de manera integral la seguridad en las instalaciones eléctricas. Mientras una norma establece cómo debe hacerse correctamente una instalación, una ley convierte la protección de las personas y los bienes en una responsabilidad jurídica, determina quién debe cumplirla y crea los mecanismos para verificarla.
La Ley Nº 5668/2016 vino a llenar ese vacío y estableció al INTN como órgano regulador del sistema. “La ley significó un cambio de paradigma”, explicó González. “La seguridad eléctrica dejó de depender solamente de lo que técnicamente era recomendable y pasó a contar con un marco jurídico específico que establece responsabilidades, controles y mecanismos de cumplimiento”, agregó.
Pero una ley de esta naturaleza no podía implementarse de un día para otro. Había que reglamentarla, certificar profesionales, formar inspectores, habilitar organismos de inspección, reglamentar productos y definir cómo se realizarían las verificaciones. Ese proceso llevó varios años.
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Norma Paraguaya de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión (NP 2 028 96)
La tercera edición de la NP 2 028 96, presentada durante la Semana de la Seguridad Eléctrica, que se desarrolló del 22 al 25 de septiembre de 2026, sucede a la versión de 2013 y es la primera que se publica con un marco legal e institucional ya en funcionamiento. Sin cambiar el enfoque general de la norma, adecua sus requisitos al avance tecnológico, incorpora técnicas de medición modernas y refuerza el mantenimiento, porque la seguridad no termina cuando concluye la obra.
La NP 2 028 96 establece cómo deben proyectarse, ejecutarse y verificarse las instalaciones eléctricas de baja tensión en el país. Rige para viviendas, comercios, edificios públicos, industrias e instalaciones rurales, entre otros ámbitos, tanto en obras nuevas como en reformas, y fija las condiciones que estas deben cumplir para garantizar la seguridad de las personas y los animales, el funcionamiento adecuado de las instalaciones y la conservación de los bienes.
La NP 2 028 96 ocupa un lugar central dentro del marco normativo, porque establece con precisión cómo deben construirse las instalaciones eléctricas seguras y cómo verificarlas.
¿Quiénes actualizaron la norma?
El INTN desarrolla su actividad normativa a través del Organismo Nacional de Normalización, mediante Comités Técnicos de Normalización (CTN) constituidos para campos de acción específicos. En materia de instalaciones eléctricas, esta labor corresponde al CTN 02 – Electricidad, que tuvo a su cargo la revisión y actualización de la Norma Paraguaya NP 2 028 96.
Para la actualización de la norma, el comité contó con 40 integrantes provenientes de distintos ámbitos vinculados con el sector eléctrico, entre ellos instituciones públicas, entes binacionales y distribuidores de energía, universidades, gremios de profesionales y técnicos electricistas, fabricantes e importadores, organismos de evaluación de la conformidad y profesionales independientes.
Para conformar esta representación multisectorial, en algunos casos el INTN invitó a instituciones y organizaciones a designar representantes para contribuir técnicamente con los trabajos del CTN 02; en otros, profesionales y especialistas del sector se sumaron y colaboraron de manera voluntaria, aportando sus conocimientos y experiencia al proceso de revisión y actualización de la norma.
Este trabajo conjunto recibió reconocimiento público durante la apertura de la Semana de la Seguridad Eléctrica, ocasión en la que, junto con el lanzamiento de la tercera edición de la norma, el INTN distinguió a los integrantes del CTN 02 por su contribución al proceso de revisión y actualización.
El reconocimiento alcanza también a los profesionales e instituciones que elaboraron las ediciones de 1996 y 2013, porque cada versión de la norma se construye sobre el trabajo de las anteriores. La edición presentada en 2026 es, en ese sentido, la continuidad de un proceso técnico y colectivo de tres décadas, al que sucesivas generaciones han aportado conocimientos, experiencia y, sobre todo, su tiempo.
El salto que falta es cultural
La prevención se construye con las decisiones cotidianas de propietarios, profesionales, empresas, instituciones y consumidores. Reducir de manera sostenida los incendios, accidentes y muertes de origen eléctrico exige construir una cultura de seguridad eléctrica y dejar de considerar normales prácticas que representan un riesgo.
Esa cultura no puede construirla una sola institución. Para que la ley alcance su objetivo, su conocimiento y cumplimiento deben trascender al INTN y llegar también a las municipalidades, los gremios profesionales y los organismos vinculados con la construcción, el trabajo, los seguros y la prevención de incendios, que desde sus competencias pueden fortalecer el mismo objetivo.
De las reglas a los resultados
Paraguay dio un paso fundamental al construir un marco legal, reglamentario y técnico para enfrentar el riesgo eléctrico: la ley estableció las obligaciones; el decreto, las condiciones para aplicarlas; la norma, los requisitos técnicos; la certificación y la inspección, los mecanismos para verificar su cumplimiento. Pero contar con reglas es apenas una parte del camino.
Ninguna ley, por sí sola, evita un accidente. No estará presente cuando alguien contrate a una persona no habilitada, amplíe una instalación sin verificar su capacidad, use un producto sin certificar o postergue una revisión porque la instalación “todavía funciona”. En esos momentos, la última barrera frente al riesgo es la cultura de seguridad eléctrica.
Ese es el desafío de la próxima etapa: transformar las reglas en conductas; las conductas, en prevención; y la prevención, en vidas protegidas.
Antes de la ley, las estadísticas hablaban de una muerte cada tres días y medio. Cambiar esa realidad es el objetivo final de todo este esfuerzo. Porque detrás de cada instalación segura puede haber un accidente que nunca ocurrió, un incendio que nunca comenzó y, sobre todo, una vida que no se perdió.
Llegar hasta aquí requirió construir leyes, reglamentos, normas y mecanismos de control. El próximo gran paso es lograr que la seguridad eléctrica deje de ser solamente una obligación y se convierta en una cultura.