En el marco de la Semana de la Seguridad Eléctrica organizada por el INTN, el director de Seguridad Eléctrica de la institución, Ing. Raúl González Paredes, advierte que una instalación puede funcionar con aparente normalidad y ocultar riesgos graves, y explica qué exige la ley a propietarios, empresas y electricistas.

Del 22 al 25 de setiembre, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) reunió a profesionales, técnicos, estudiantes, integrantes del CTN 02 – Electricidad y empresas del sector en la Semana de la Seguridad Eléctrica 2026. El hito central fue el lanzamiento, durante la apertura, de la tercera edición de la Norma Paraguaya NP 2028 96, “Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión”, en un acto en el que también se reconoció la labor del Comité Técnico CTN-02 Electricidad que acompañó el proceso de revisión.

A lo largo de la semana se desarrollaron charlas, cursos y talleres sobre la Ley n.º 5668 de Seguridad Eléctrica, la nueva edición de la norma, el Sistema Nacional de la Calidad, la medición de puesta a tierra, la inspección de instalaciones y la reglamentación de productos eléctricos. Las jornadas cierran hoy con la Expo Seguridad Eléctrica, que reúne 14 estands y 21 marcas, además de espacios de networking y actividades técnicas.

En ese contexto, González explicó que el objetivo de la semana es actualizar conocimientos, fortalecer la aplicación de las normas y promover una cultura de seguridad eléctrica en el país. “La seguridad eléctrica comienza mucho antes de que aparezca una falla”, afirmó. “Una instalación puede funcionar con aparente normalidad y ocultar condiciones de riesgo: conductores mal dimensionados, conexiones deficientes, protecciones inadecuadas, fallas de aislamiento o una puesta a tierra deficiente. Por eso debe entenderse como una medida esencial de prevención y protección de la vida, y no como una simple exigencia administrativa”.

Según el director, estas condiciones de riesgo pueden provocar choques eléctricos, quemaduras, cortocircuitos, incendios, daños a equipos e incluso electrocución. Frente a esta realidad, Paraguay cuenta con un marco legal, reglamentario y técnico orientado a abordar la seguridad eléctrica de manera integral, conformado principalmente por la Ley nº 5668/2016, el Decreto Reglamentario n.º 9265/2018, la Norma Paraguaya NP 2028 96 y las resoluciones emitidas por el INTN.

Ese marco, articula distintos mecanismos destinados a garantizar la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas, que pueden sintetizarse en tres ejes fundamentales: la certificación de competencias de los profesionales y técnicos electricistas, la certificación de los productos utilizados y la inspección de las instalaciones eléctricas. En conjunto, estos componentes buscan que tanto las personas que intervienen, como los materiales empleados y la propia instalación, cumplan los requisitos establecidos para reducir los riesgos asociados al uso de la energía eléctrica.

A partir de esos ejes, González respondió tres preguntas que todo propietario, administrador, empresario, profesional o usuario debería poder contestar: ¿quién está habilitado para intervenir una instalación y hasta dónde llega su habilitación?, ¿qué controles debe pasar una instalación antes de conectarse y durante su vida útil? y ¿qué ocurre cuando la norma y la ley no se cumplen?

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La Ley n.º 5668/2016 “De verificación y control de la calidad y seguridad de los productos y servicios en las instalaciones eléctricas”, tiene como objetivo proteger a las personas, los demás seres vivos y los bienes, reduciendo los riesgos de incendio y las muertes por electrocución asociados a instalaciones y productos eléctricos. Para ello, establece dos mecanismos complementarios: la certificación de las competencias laborales del personal técnico y la inspección de las instalaciones eléctricas. Asimismo, prohíbe a las empresas distribuidoras conectar instalaciones nuevas, modificadas o ampliadas que no cuenten con el correspondiente certificado de inspección. Su aplicación fue reglamentada mediante el Decreto nº 9265/2018.

La Norma Paraguaya NP 2028 96 “Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión”, por su parte, establece los requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir estas instalaciones, con el propósito de proteger a las personas y los animales, preservar los bienes y garantizar su funcionamiento seguro y adecuado. González subrayó su principio fundamental: “Una instalación eléctrica segura no es simplemente aquella que funciona correctamente, sino aquella que ha sido concebida y ejecutada para responder de manera segura ante una falla o condición anormal”.

La tercera edición de la NP 2028 96, publicada el 22 de setiembre de 2026 y presentada en la apertura de la Semana, fue elaborada por el Comité Técnico de Normalización CTN 02–Electricidad, que cuenta con la participación de representantes de instituciones públicas, empresas privadas, universidades, asociaciones y gremios de profesionales y técnicos electricistas, así como de sectores vinculados a la provisión e importación de productos del rubro. Esta integración multisectorial permitió reunir conocimientos, experiencias y criterios de distintos ámbitos para actualizar los requisitos aplicables a las instalaciones de baja tensión en el país.

Más que una actualización normativa, esta nueva edición constituye una herramienta para fortalecer la prevención de accidentes y la cultura de seguridad eléctrica en Paraguay. En este ámbito, los controles, las exigencias y las eventuales sanciones tienen principalmente una finalidad preventiva: reducir riesgos antes de que produzcan consecuencias. Muchos peligros eléctricos no son perceptibles a simple vista; por eso, la mejor protección comienza mucho antes del accidente, mediante una adecuada planificación, ejecución, verificación y mantenimiento.

El Decreto nº 9265/2018 dispone que el proyecto, la dirección, la supervisión, el montaje y la ejecución de una instalación eléctrica de baja tensión deben ser efectuados únicamente por técnicos electricistas matriculados en el INTN. “La palabra clave es “únicamente”: no se trata de una recomendación ni de una preferencia, sino de una exigencia legal".

La Resolución DSE n.º 002/2021 del INTN estableció la certificación obligatoria y definió cuatro categorías, de la B1 a la B4. Esto significa que la matrícula no constituye una habilitación genérica: su alcance depende de la categoría del profesional, de la potencia instalada y del tipo de instalación.

Conforme al mismo Decreto 9265/18, mencionado más arriba, toda instalación eléctrica nueva, ampliada o reformada debe ser inspeccionada antes de su puesta en servicio. El propietario puede elegir un organismo de inspección habilitado por el INTN para realizar la verificación. Si la instalación cumple con la normativa vigente, se emite el Certificado de Inspección, necesario para gestionar la conexión definitiva. Si se detectan incumplimientos, estos deben corregirse y la instalación debe ser reinspeccionada hasta obtener la conformidad. Las inspecciones se realizan conforme a la Guía de Inspección aprobada por el INTN, disponible en el sitio oficial de la institución.

Asimismo, el INTN estableció, mediante la Res. INTN 567/2024, la inspección obligatoria de las instalaciones eléctricas en espacios con capacidad para más de 20 personas, entre ellos plazas, cines, teatros, complejos deportivos, guarderías, centros comerciales y educativos, centros de eventos, clubes nocturnos, áreas comunes de edificios de departamentos, edificios de oficinas, hoteles y establecimientos industriales. Estas instalaciones deben reinspeccionarse cada 24 meses, ya que sus condiciones de seguridad pueden modificarse con el tiempo por el envejecimiento de los componentes, el aumento de las cargas eléctricas, las modificaciones realizadas o los cambios en el uso de los espacios. El INTN publica periódicamente la lista de establecimientos con inspección aprobada y puede intervenir ante denuncias por posibles incumplimientos.

Ante el incumplimiento de contar con la inspección eléctrica aprobada por el INTN, las sanciones previstas son:

a) Informar a la Ande, requiriendo la desconexión.

b) Comunicar a la Superintendencia de Seguros del BCP el incumplimiento de esta disposición, a fin de que esta información sea accesible a las empresas aseguradoras.

c) Comunicar al Ministerio de Trabajo y a las municipalidades respectivas los establecimientos que no cuenten con inspección aprobada.

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“La seguridad depende también de qué se instala”, señaló el director. Existen productos que requieren certificación de calidad obligatoria, otorgada por organismos habilitados por el INTN, como conductores, tomacorrientes, interruptores, cintas aisladoras, dispositivos diferenciales (DDR), electroductos, portalámparas, jabalinas de cobre, cajas de paso o conexión, tableros y dispositivos de protección contra sobretensiones. Fabricantes e importadores deberán tramitarla antes de comercializar. “De poco sirve un excelente proyecto con materiales inadecuados ni un producto certificado compensa una instalación mal ejecutada: la seguridad surge de la combinación de ambos factores: profesionales matriculados en el INTN y productos certificados”.

A continuación, algunas sanciones por incumplir la ley de seguridad eléctrica (Decreto n.º 9265/2018, Anexo: arts. 7, 55 al 57):

El director explicó que un accidente eléctrico derivado del incumplimiento de las normas de seguridad puede generar responsabilidades simultáneas en los ámbitos penal, civil, laboral y administrativo, que no se excluyen entre sí. El Código Penal sanciona el daño causado por falta del cuidado debido y alcanza también a quienes tenían el deber jurídico de impedirlo, aunque no hayan actuado directamente. En el ámbito civil, quien ocasiona un daño debe repararlo, lo que puede traducirse en indemnizaciones por daños patrimoniales y morales. Por eso, contar con profesionales habilitados y conservar el proyecto, el libro de obra, el certificado de inspección y demás comprobantes constituye el respaldo más sólido de haber actuado con la diligencia debida. Por otra parte, ejecutar trabajos eléctricos sin la habilitación correspondiente o incumpliendo las normas de seguridad puede generar sanciones del MTESS.

• Propietarios, administradores y encargados: deben verificar que el electricista cuente con matrícula vigente del INTN y con la categoría correspondiente al trabajo que realizará. Asimismo, deben exigir el proyecto, el libro de obra y productos certificados, conservando los comprobantes respectivos. Antes de la puesta en servicio, corresponde contratar la inspección con un organismo habilitado y conservar el certificado; en locales con más de 20 personas, la inspección debe realizarse cada 24 meses.
• Empleadores, empresas y contratistas: deben asignar tareas eléctricas a personal con matrícula del INTN vigente. Deben proporcionar los equipos de protección y asegurar que la dirección y supervisión de los trabajos eléctricos estén a cargo de personal matriculado. También deben prever las inspecciones y certificaciones dentro del cronograma y presupuesto de la instalación.
• Electricistas matriculados: deben trabajar exclusivamente dentro del alcance de su categoría de matrícula; cuando una obra exceda sus atribuciones, corresponde derivarla o asociarse con un profesional habilitado para esa categoría. Además, deben mantener vigente su matrícula, documentar adecuadamente las obras, utilizar productos certificados y mantener actualizados sus conocimientos técnicos, algo que la Semana de la Seguridad Eléctrica busca precisamente impulsar.

El director de Seguridad Eléctrica explicó que encender una lámpara, usar un tomacorriente o utilizar un equipo eléctrico demuestra que hay suministro, pero no demuestra que la instalación sea segura. “La seguridad debe ser proyectada, construida y luego comprobada”, afirmó, y para eso la ley exige aplicar la norma, recurrir a electricistas matriculados, usar productos certificados e inspeccionar antes de conectar y durante toda la vida útil.

Ignorar esas exigencias tiene un precio que va mucho más allá de la multa: sanciones de hasta 1.000 jornales, pérdida de la matrícula, imposibilidad de conectar o desconexión y, si ocurre lo peor, responsabilidad penal, indemnización civil y sanciones laborales. “Las sanciones existen para prevenir, no para castigar”, remarcó González.

En ese sentido, la tercera edición de la NP 2028 96, presentada en esta semana, es más que la actualización de un documento técnico: es una oportunidad para fortalecer una verdadera cultura de seguridad eléctrica, porque en electricidad lo que no se ve también es un riesgo, y la mejor protección es la que se proyecta, se instala, se verifica y se mantiene antes de que ocurra el accidente. El mensaje que deja la semana es claro: en seguridad eléctrica no hay atajos.