La deuda del Estado con las empresas constructoras viales se redujo de USD 220 millones a un monto estimado de entre USD 140 y USD 160 millones, según informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera. Al 31 de diciembre existían USD 220 millones en atrasos correspondientes a obras que habían avanzado durante el 2025 sin contar con la disponibilidad financiera necesaria para su cancelación.

Lovera señaló que la situación estuvo vinculada, en parte, a los plazos de ejecución de los proyectos viales, y según explicó, aunque en los papeles las obras tienen una duración aproximada de 36 meses, el promedio de ejecución dentro del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) alcanza los 60 meses. “Lo que ha ocurrido es que obras que tendrían que haber culminado en el 2023 y en el 2024 seguían vigentes durante el 2025”, afirmó a la 1020 AM.

Esta situación provocó que dichos proyectos se sumaran a la programación correspondiente al 2025, generando una presión adicional sobre los recursos disponibles para hacer frente a los compromisos.

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Ante este escenario, detalló que desde su llegada al MEF mantuvieron reuniones con representantes de las empresas proveedoras y constructoras, con quienes establecieron compromisos de corto plazo. Estas medidas permitieron ir descomprimiendo esa presión y facilitaron que las empresas retomaran las obras que ya se encontraban en ejecución.

El ministro sostuvo que, pese a que los trabajos continuaron durante este año, el flujo de recursos destinado al sector fue superior al avance de las obras registrado en 2026. “Hoy puedo decir que generamos un flujo superior a lo que fue el avance de obras del 2026”, manifestó.

Por ello, afirmó que actualmente los atrasos se ubican entre USD 140 millones y USD 160 millones. “Los niveles de atrasos, por llamarlo de alguna manera, estarían alrededor entre 140 y 160 millones de dólares. No es más de eso”, sostuvo Lovera, quien agregó que se está generando el flujo necesario para resolver estos compromisos durante este año.

Como último punto señaló que el principal componente que explica que el déficit fiscal llegue al 3,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) este año está vinculado a la actualización o la cancelación de los atrasos, principalmente en el sector de obras públicas.

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