Mediante un comunicado dirigido a sus clientes, gremios de la industria nacional y público en general, INDUFAR C.I.S.A., “de manera clara y transparente”, hace pública la situación por la cual está atravesando, considerando relevante que la misma sea conocida por todos, según sostienen.
¿Qué está pasando?
“INDUFAR C.I.S.A., incluidos directivos y gerentes, ha sido objeto de una cadena de actos, premeditadamente estructurados, destinados a intimidarle y ejercer fuerza de manera a que renuncie a sus derechos que, legítimamente, le corresponden en una relación puramente comercial dentro del ámbito del derecho privado”, señalan.
Sostienen además, que “dichos actos buscan instrumentar al Ministerio Público y al Poder Judicial de la circunscripción judicial del Alto Paraná, para -insistimos- forzar a que INDUFAR C.I.S.A. ceda sus legítimos intereses que contractualmente y en derecho, le corresponden”.
Lo que demuestran los hechos
Desde la empresa sostienen que “un juzgado civil de Asunción rechazó in límine todas las pretensiones de BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. planteadas en un pedido de medidas cautelares. A pesar de ello, buscaron una Justicia complaciente a sus intereses y presiones, y la encontraron en la jueza Victoriana Cáceres, jueza Civil de Ciudad del Este, quien hizo lugar a las mismas medidas rechazadas en Asunción, dictando una medida cautelar arbitraria y desprovista de fundamento, no ajustada a las reglas procesales. Este proceder está fuera del derecho”.
Agregan que: “Igualmente, en la misma jurisdicción del Alto Paraná, ´penalizaron´ el mismo contrato comercial y realizaron denuncias infundadas, por estar basadas en cuestiones civiles y comerciales, no obstante, encontraron eco en la agente fiscal de Hernandarias, Natalia Montanía, territorialmente incompetente y el juez de Garantías Nelio Prieto de Ciudad del Este.
En dichos casos “INDUFAR C.I.S.A., iniciará la acusación formal por mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para la remoción de dichos servidores públicos, como así también la denuncia penal por prevaricato ante el Ministerio Público”.
El punto mas grave
Desde INDUFAR aseguran que “lo mas preocupante, es que dichos actos buscan evitar que la cuestión sea sometida al arbitraje, que fue pactado como medio de solución de disputas entre las partes. Es así que la arbitraria medida cautelar mencionada caducó de pleno derecho, al vencer el plazo de 10 días corridos, sin que el actor, BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A., haya dado inicio al arbitraje, tal como lo manda el art. 26 de la Ley 7561/2025.
“La jueza Gabriela Ramírez, consecuentemente, declaró la caducidad operada ya de pleno derecho de esas medidas y levantó las mismas. Hoy, la jueza Gabriela Ramírez fue denunciada ante el Ministerio Público, por cumplir la ley”, sostienen.
El documento también menciona que “BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. evita el arbitraje, porque él no le permitirá ejercer la misma presión que está ejerciendo sobre la Justicia de Ciudad del Este. Sabe que no tiene ningún reclamo, jurídicamente sostenible, en contra de INDUFAR C.I.S.A.”.
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Sobre INDUFAR C.I.S.A.
INDUFAR C.I.S.A. es una empresa líder en su rama industrial, con mas de 50 años al servicio del país. Forma parte de los grandes contribuyentes del Estado. Emplea a cerca de 1200 trabajadores, y beneficia por tanto, a aproximadamente 5000 personas, sin contar el enorme mercado de farmacias y distribuidoras que son beneficiadas con la comercialización de sus productos.
Es parte de gremios de la producción, como la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA).
Compromiso
“En INDUFAR C.I.S.A. actuamos con responsabilidad, transparencia y compromiso absoluto con la salud de las personas. Nuestros clientes y usuarios, tengan la tranquilidad de que esta situación no afecta la calidad, la producción ni el abastecimiento de nuestros productos. Seguimos trabajando con normalidad y con el mismo compromiso de siempre”, expresan.
Además: “INDUFAR C.I.S.A. exige seguridad jurídica y la vigencia plena de un estado de derecho, en el que la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados velen por el fiel cumplimiento de las normas jurídicas y que en todos los casos, la justicia actúe con independencia”.