La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank SA, así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.

La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.

En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.

La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).

Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso.

Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.

Itaipú Binacional formalizó la presentación de una denuncia penal en calidad de víctima ante los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank S.A., así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.

La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Oscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la Directora Jurídica Ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda. En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.

​La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).

Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso. Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.

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​La denuncia de la entidad binacional se dirige inicialmente contra integrantes del directorio y síndicos de ueno bank S.A. individualizados por la Fiscalía en el acta de imputación del pasado 4 de noviembre de 2026:

​1. Federico Miguel Vázquez Villasanti (Integrante del Directorio)

​2. Juan Manuel Gustale (Integrante del Directorio) ​

3. Julio Daniel Rey Fernández (Integrante del Directorio) ​

4. Diana Leticia Mongelos González (Integrante del Directorio)

​5. Marian Torres Rubiani (Integrante del Directorio) ​

6. Alejandro Gómez Abente (Integrante del Directorio) ​

7. Diego Fernando Duarte Schussmuller (Integrante del Directorio) ​

8. Miguel Ángel Almada Frutos (Síndico)

La representación jurídica aclaró que la nómina no limita las investigaciones respecto a otros directivos de sociedades vinculadas, beneficiarios finales, funcionarios, auditores o clasificadores que hubieren intervenido en la captación, ocultamiento o desvío de los fondos.

Pago al Estado paraguayo fue hasta octubre por obligaciones del Anexo C.

La Entidad Binacional Itaipú (EBI) transfirió USD 381 millones al Estado para­guayo entre enero y octubre de este año, en concepto de royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande). Los recursos representan un ingreso relevante para las finanzas públicas y contribu­yen al financiamiento de dis­tintos programas e inversio­nes.

De acuerdo con los datos de la Dirección Financiera de la entidad, el Tesoro para­guayo recibió USD 220 millo­nes en concepto de royalties durante los primeros diez meses del 2026. Por su parte, los desembolsos por cesión de energía alcanzaron USD 112 millones, mientras que la Ande percibió otros USD 49 millones por resarcimiento de las cargas de administra­ción y utilidades del capital.

Solo en octubre, las transfe­rencias totalizaron USD 36 millones. De ese monto, USD 22 millones correspondieron a royalties y USD 12 millones a compensación por cesión de energía. En tanto, la empresa estatal de electricidad recibió USD 1,7 millones por resarci­miento, según los registros de la binacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) procesa este jueves 5 de noviembre un nuevo desembolso de G. 390.368 millones destinado al pago de empresas proveedoras y acreedoras del Estado, en el marco del calendario de transferencias que lleva adelante la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).

Los recursos corresponden a compromisos financiados mediante las tres fuentes de financiamiento: Recursos del Tesoro (Fuente 10), Recursos del Crédito Público (Fuente 20) y Recursos Institucionales (Fuente 30).

Los pagos buscan dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por las instituciones públicas con sus proveedores.

De acuerdo con el reporte del MEF, el mayor volumen de desembolsos corresponde a la Fuente 20, que contempla G. 291.533 millones para el pago a proveedores y acreedores del Estado. P

Por su parte, mediante la Fuente 30 se transfieren G. 30.435 millones, destinados a caja chica, gastos reservados y también a compromisos con empresas proveedoras.

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En tanto, a través de la Fuente 10 se procesan G. 525 millones para cubrir obligaciones vinculadas a caja chica, gastos reservados y gratuidad en la educación superior.

Estos montos forman parte de los compromisos cuyas solicitudes de transferencias de recursos (STR) fueron ingresadas a la DGTP entre el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre.

El proceso forma parte del esquema de pagos sostenido que mantiene el Tesoro Público, que realiza las transferencias conforme a la fecha de presentación de las solicitudes remitidas por las distintas instituciones públicas. De esta manera, la cartera económica avanza con el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos con el sector privado.

Los proveedores interesados en verificar el estado de los desembolsos pueden consultar el calendario detallado en el portal del MEF, dentro del apartado Consulta Ciudadana, en la sección Calendario de Pagos.

La información también está disponible en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en el apartado de Compras Públicas, submenú Pagos, así como en el portal del Sistema de Proveedores del Estado (SIPE).

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