No es que no sepamos de los tentáculos de este fenómeno de descomposición moral; lo que asombra es la facilidad con que fue extendiéndose hasta áreas tan sensibles donde se supone que la honestidad y la excelencia deberían constituirse en cualidades indispensables para ejercer tan delicadas funciones.

Esta situación evidencia que también ha fracasado el método de selección de las personas que tienen a su cargo la validación de los dudosos diplomas expedidos por establecimientos con rótulos educativos, pero sin credenciales de calidad y seriedad.

En reiteradas oportunidades ya nos habíamos pronunciado sobre las denominadas universidades de garaje que no cumplían con los mínimos requisitos para el desarrollo de carreras de alta complejidad, especialmente en las áreas del derecho, la medicina y las ciencias de la educación.

Así es como, en los últimos años, el mercado laboral se saturó de “doctores” sin que contemos con un mecanismo adecuado y eficiente para comprobar la competencia de estos titulados de profesionales.

A este decadente panorama ahora debemos sumar la proliferación de universidades fantasma, que solo fueron creadas a efectos de lograr rápidos negociados con estudiantes que ni siquiera asistían a clases y –mucho menos– sin ser sometidos a un riguroso proceso de examinación. En el caso de los que practican el derecho, es lisa y llanamente una estafa (tanto por la deficiente formación como por ser simplemente fraudulentos).

Y en estas condiciones asumen casos judiciales sin estar académicamente preparados para ejercer una defensa o formular una acusación. Por lo general, es la gente humilde la que solicita sus servicios por su bajo costo que, al final, resulta altamente oneroso por sus malos resultados.

En cuanto a los titulados de médicos no hace falta exponer demasiado por resultar altamente obvias las consecuencias que pueden sufrir sus eventuales pacientes. Y, por último, los graduados –siempre supuestamente– en ciencias de la educación se suman a un sistema que, desde hace décadas, viene arrastrando muchas deficiencias, a razón de que la educación nunca fue una prioridad para las sucesivas autoridades de turno, que preferían invertir en obras que reditúan más rápidamente en la mejora de su propia imagen política.

Donde más han pululado las personas con títulos de turbia procedencia es en la administración pública. Paradójicamente, muchas de ellas se encuentran en dependencias del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿La razón de esta multiplicación de diplomas de manifiesto dolo? La explicación es muy sencilla, aunque poco difundida al conglomerado social: se paga un apetecible plus por “título” en concepto de bonificación académica.

De modo que muchos eligieron el camino más corto entre el ingreso y la colación. Sencillamente, superaron todos los obstáculos sin necesidad de sortear valla alguna.

El daño se extiende irremediablemente a toda la sociedad al exponerse a la incompetencia, a la deshonestidad y al fraude. Y, también, se proyecta a la familia, pues, al descubrirse la estafa, el escarnio sacude a todo el entorno, afectando con mayor intensidad a los hijos, en caso de quienes los tienen.

Tarde o temprano todo sale a luz. No existe el crimen perfecto. Aunque, a veces, los protagonistas de la corrupción (en todos los ámbitos) puedan evadir el castigo de la justicia mediante mañosas estrategias o sobornos, el peso de la sanción social hará que tengan un futuro de reprobación ciudadana.

Escándalos de este tipo se han repetido a lo largo de las últimas décadas. Recordamos uno que se produjo en la década de los ochenta y que tuvo una gran repercusión en la opinión pública. Fue cuando descubrieron que decenas de títulos del nivel secundario eran falsificados.

Solo que el hallazgo ocurrió varios años después de que se procediera a la fabricación de notas en los certificados de estudios y muchos de aquellos “egresados” ya estaban cursando carreras universitarias e, incluso, uno de ellos se encontraba en puertas de concluir la carrera de Derecho, en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y con buenas notas. Haber “pasado” fraudulentamente el quinto y sexto cursos del sistema de aquella época truncó su porvenir.

Era una persona muy mediática, con certeras opiniones, que hoy desapareció completamente. Este hecho nos deja una lección muy clara, casi una moraleja: La formación académica no puede improvisarse y, mucho menos, comprarse. La práctica, irremediablemente, desnuda el maquillaje.

A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.

El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

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“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.

Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.

Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.

“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.

Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.

Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.

De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.

Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.

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El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante el caso sobre los 1.090 títulos presuntamente falsos detectados en la función pública, indicó que se comenzó una depuración de la nómina inicial ante la existencia de errores en la carga de datos. Agregó que el proceso durará una semana aproximadamente para luego proceder a investigar caso por caso.

“A medida que pasan estos días, fueron constituyéndose personas ante las unidades fiscales presentando sus documentaciones correspondientes, entonces fuimos verificando y el día de ayer martes nos reunimos con los funcionarios encargados de redactar los informes de la Contraloría, quienes nos fueron informando que, por el impacto que generó la denuncia, también otras instituciones fueron corroborando los informes que remitieron inicialmente y ahora están en una suerte de depuración que yo creo que duraría aproximadamente una semana más”, expresó Cabrera, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El agente fiscal comentó que “ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas, ya de alguna forma confirmadas. También falta un porcentaje de las instituciones públicas que no respondieron al pedido de la Fiscalía. Acá habrá que estudiar caso por caso. Según la información preliminar que en su momento se recibió, la irregularidad detectada es que la universidad que informó señalaba que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, entonces la hipótesis inicial habla de falsificación de títulos”.

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Cabrera acotó: “Hay casos donde también se vieron errores en las informaciones que pasaron las instituciones públicas; es decir, un error en la carga de datos en el registro de las instituciones públicas, y son cosas que se irán depurando”. La causa judicial inició tras una denuncia presentada por la Contraloría que detalló que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos. El 93 % de los casos corresponden a carreras de educación.

“De la lista oficial lo que sí se pudo identificar es que casi el 90 % de las instituciones públicas involucradas se correspondían al Ministerio de Educación y Ciencias y fueron distribuidos en su mayoría en algunas municipalidades. De esas son unas 35 instituciones académicas las involucradas, entonces ya se hizo en esa lista inicial una distribución para hacer lo correspondiente de oficio, ya sea a las instituciones públicas como posteriormente a las instituciones educativas”, comentó.

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La Contraloría General de la República (CGR) lleva adelante una masiva fiscalización de títulos de grado y posgrado en la función pública. La auditoría abarca a ministerios, municipalidades, gobernaciones, el Poder Judicial, órganos extrapoderes y el Congreso Nacional, en el marco de una investigación por presunto fraude académico masivo.

El auditor forense de la institución, Leandro Villalba, explicó a la radio 650 AM que ya se notificó y solicitó información a 381 instituciones públicas, exigiendo la nómina completa de funcionarios profesionales junto con la documentación que respalde sus títulos académicos de grado y posgrado.

La intervención responde a un encargo directo de la Comisión de Investigación de Títulos Falsos del Poder Legislativo, la cual solicitó la mayor celeridad posible ante un eventual escándalo institucional de gran alcance. Para cumplir con el requerimiento, el organismo de control conformó tres equipos técnicos de trabajo dedicados de manera exclusiva a las verificaciones.

Fiscalización de legajos académicos

La recepción progresiva de los documentos por parte de los tres equipos técnicos evidenció de entrada un profundo desorden administrativo en el aparato estatal. El auditor confirmó la gravedad del escenario al señalar que varias entidades estatales ni siquiera contaban con registros actualizados ni legajos conformados de su personal profesional.

Tras la recopilación de los datos, la CGR inició la etapa de clasificación y ordenamiento de miles de legajos por cada universidad emisora. El objetivo central del procedimiento radica en cotejar la validez académica de cada documento directamente con los registros oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

Las autoridades de la Contraloría advirtieron sobre las consecuencias jurídicas que enfrentarán los implicados en este esquema de falsificación. Villalba enfatizó la postura institucional al adelantar el procedimiento posterior: “De confirmarse las irregularidades, los antecedentes y dictámenes forenses serán remitidos de inmediato al Ministerio Público”.