El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer este jueves el Estimador de Cifras de Negocios (ECN), documento en el cual se halla reflejada la actividad de ventas a nivel local. En este caso, lo referido al mes de junio indica un importante dinamismo en el consumo en los hogares.

El estudio, según datos preliminares, registró en el sexto mes del año una variación interanual de 4,1 %. Con este resultado, el crecimiento acumulado al cierre del primer semestre del 2026 alcanzó 4,5 %.

El desempeño observado estuvo explicado principalmente por el mayor dinamismo de las ventas en los sectores de servicios, comercio y manufacturas. También se cita una mejora en la actividad de las ventas en general, luego de la moderación registrada en los meses anteriores.

De acuerdo a la tabla divulgada por el regulador (ver abajo), se destacan los rubros de venta y mantenimiento de vehículos, con una expansión interanual de más del 15 %, materiales de construcción, con 10 %, además de los productos químico-farmacéuticos, con 8,1 % de aumento, y las ventas en las grandes tiendas y prendas de vestir, con 7,2 %. En lo que se refiere al acumulado del año, también se destaca el sector de los automotores con un desarrollo por encima del 15 %.

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De acuerdo a los datos por sector económico, el de servicios mostró un comportamiento positivo, impulsado por las actividades de servicios a los hogares, servicios inmobiliarios, servicios de transportes, telecomunicaciones y servicios de información y restaurantes y hoteles. Parte del desempeño fue moderado por la disminución observada en las ventas de los servicios a las empresas.

En el comercio sobresalieron los aumentos de las ventas vinculadas al sector automotor, productos químico-farmacéuticos, productos alimenticios, productos para el equipamiento del hogar, prendas de vestir, insumos y productos agropecuarios. Se registraron comportamientos adversos en las ventas de combustibles y de productos tecnológicos.

Con relación a la industria manufacturera, el desarrollo fue explicado principalmente por las mayores ventas de productos químico-farmacéuticos, bebidas y tabacos, maquinarias y equipos (autopartes), minerales no metálicos, lácteos, entre otros. Estos resultados fueron parcialmente compensados por menores ventas en carnes, molinerías y panaderías, azúcar, textiles y prendas de vestir, entre otros.

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Paraguay comenzará a incorporar desde agosto un balance interno de soja, una herramienta que permitirá medir no solo el volumen producido y exportado, sino también la disponibilidad del grano dentro del mercado nacional y el avance de su procesamiento industrial.

Larissa Barboza, analista de Mercado de StoneX, explicó a la 1000 AM que el análisis deberá contemplar el stock inicial, la producción esperada, la demanda doméstica y el volumen destinado a la exportación. La combinación de estos factores permitirá determinar qué tan ajustado queda el mercado interno.

Uno de los principales indicadores será el ratio stock/uso, que muestra la relación entre las existencias disponibles al final del período y el consumo. Este dato permitirá conocer con mayor precisión el nivel de disponibilidad de soja dentro del país y anticipar posibles escenarios para el mercado.

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Barboza señaló que este tipo de seguimiento es habitual en mercados como Estados Unidos y Brasil, donde la soja tiene un fuerte peso en la industria de procesamiento, particularmente para la producción de biocombustibles y alimentos para animales.

La especialista considera que Paraguay necesita avanzar en esta misma dirección debido al crecimiento de su industria de proteínas y procesamiento agroindustrial. El país no solo mantiene su fortaleza histórica en carne bovina, sino que también amplía sus mercados para carne de cerdo y pollo.

“Queremos cada vez más ir siguiendo de manera interna cómo la industria dentro de Paraguay va avanzando en su procesamiento”, explicó.

El nuevo balance permitirá, por tanto, tener una lectura más completa del mercado de soja paraguayo; cuánto se produce, cuánto queda disponible, cuánto consume la industria local y cuánto puede destinarse a la exportación.

La analista aseguroó que contar con esta información será cada vez más relevante a medida que Paraguay avance en la industrialización de sus materias primas y diversifique su producción de proteínas.

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Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.

“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.

Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.

Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.

Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.

Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.

“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.

En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.

Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.

La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.

En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.

Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?

La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.

“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.

Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.

Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.

Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.

Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.

Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.

Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.

Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.

La administración tributaria y el sector bancario conformarán un equipo técnico y tecnológico para desarrollar una plataforma que permita intercambiar información tributaria y bancaria de manera específica y bajo autorización de los contribuyentes.

Fortalecimiento conjunto. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el sistema bancario avanzan en el desarrollo de un mecanismo de intercambio de información que permitirá facilitar el acceso a determinados datos tributarios y bancarios, con autorización previa de los clientes.

El anuncio fue realizado por el director nacional de la DNIT, Óscar Orué, durante la segunda Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban)

Orué explicó que ambas partes conformarán un equipo técnico y tecnológico encargado de trabajar en el desarrollo del sistema, con la expectativa de que pueda estar disponible a mediados del próximo año. La herramienta permitirá que las entidades financieras puedan acceder a información tributaria de sus clientes y que, a su vez, la DNIT pueda consultar determinados datos bancarios para fortalecer sus procesos de control.

El director de la DNIT aclaró que el mecanismo no implicará un acceso irrestricto a la información de los contribuyentes. El alcance estará limitado a determinadas declaraciones y registros, entre ellos las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA), estados financieros, facturación de empresas, impuesto a la renta empresarial (IRE) e impuesto a la renta personal (IRP).

Autorización con firma electrónica. Para acceder a estos datos será indispensable la autorización expresa del cliente. Según explicó Orué, cada banco deberá gestionar este consentimiento con sus clientes y posteriormente presentar la autorización ante la DNIT mediante la firma electrónica correspondiente. De esta manera, las entidades podrán consultar y descargar las declaraciones juradas habilitadas.

El sistema apunta principalmente a facilitar los procesos de evaluación de clientes que requieran acceder a productos financieros, como créditos. Sobre el punto, Orué señaló que todavía no se cuenta con una estimación de cuántos contribuyentes podrían otorgar esta autorización, pero remarcó que el acceso estará condicionado al consentimiento de cada cliente.