Tras la crisis por el caso Ueno Bank, el Ministerio de Economía anunció la presentación de una adenda con modificaciones al proyecto de PGN 2027. Es así que se plantea un recorte y reasignación presupuestaria por valor 276 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2027.

La Cámara de Diputados convocó a sesión para este jueves a fin de analizar en plenaria la adenda enviada por el Gobierno.

“Las medidas propuestas reflejan el compromiso del poder Ejecutivo con una gestión responsable y austera de los recursos públicos que prioriza la eficiencia del gasto sin comprometer la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía”, señala el documento que se dio a conocer durante la noche de este miércoles.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, resolvió suspender la sesión extraordinaria prevista inicialmente el pasado lunes, precisamente tras el anuncio hecho por el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, sobre las modificaciones al plan de gastos para el próximo ejercicio fiscal, tras el cambio de gobierno y bajo la presidencia de Pedro Alliana.

El plan de austeridad es defendido por Alliana en su discurso inaugural en el que anunció que los recursos serán redireccionados principalmente al área de la salud. El mandatario bajó la línea de recortar gastos innecesarios y comenzó con la misma Presidencia de la República, con la poda presupuestaria.

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Los mecanismos financieros disponibles para garantizar la continuidad de las obras públicas y mantener la fluidez de los pagos al sector de la construcción fueron analizados por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, quien mantuvo una reunión con el nuevo titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja.

En ese sentido, desde la cartera informaron que se revisó la situación de las empresas constructoras al MOPC y las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los proyectos en ejecución, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Pedro Alliana.

Asimismo, se analizaron los avances en el proceso de cancelación de las deudas del Estado con las empresas constructoras, cuyos compromisos ya están siendo atendidos en gran medida.

“Ambas instituciones reafirmaron la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para mantener el orden de las finanzas públicas y brindar previsibilidad al sector, favoreciendo la continuidad de las obras y el cumplimiento de los compromisos asumidos”, indicó el viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Carlos Yegros.

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El encuentro fue desarrollado en Villa Serrati, sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); además, participaron el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz; la viceministra de Administración Financiera, Teodora Recalde de Spinzi; y el equipo técnico del MOPC.

Por otra parte, el MOPC informó sobre una reunión encabezada por el ministro Baruja con representantes del departamento de Concepción, quienes intercambiaron planteamientos y coordinaron acciones para dar continuidad a los trabajos viales en el primer departamento, atender las demandas de las autoridades distritales y analizar propuestas para habilitar nuevos frentes de trabajo.

Asimismo, adelantaron que la próxima semana se realizará un recorrido por distintas zonas, como las rutas de Concepción-Pozo Colorado y los demás tramos, acompañado por una delegación técnica, para verificar el estado de los trabajos en ejecución e identificar las intervenciones que aún quedan pendientes.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre una reunión en la que fueron analizadas alternativas para brindar una respuesta rápida a las empresas afectadas por el caso Ueno Bank. Estuvieron presentes autoridades de la cartera de Estado y autoridades de otras instituciones.

El titular de Economía, Óscar Lovera, explicó que el objetivo consiste en atender no solo a los ahorristas afectados, sino también a las empresas que necesitan capital de trabajo para continuar operando, cumplir con sus compromisos y mantener activa la cadena económica del país.

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“Estamos trabajando arduamente para generar, en el menor tiempo posible, productos financieros que permitan satisfacer las necesidades que hoy tienen estas empresas”, indicó el ministro.

En la cita también se analizaron los alcances del caso Ueno Bank, los avances del Banco Central del Paraguay (BCP) en el proceso de pago a los ahorristas, la recuperación de los fondos públicos y otros aspectos vinculados a la situación.

En el encuentro estuvieron presentes el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; los ministros asesores de la Presidencia, Juan José Galeano y Eduardo González; los ministros del Gabinete Civil, Mariana Saldívar y Rodrigo Maluff; acompañados por sus viceministros Javier Viveros y Gustavo Giménez; y el miembro del directorio Banco Central del Paraguay (BCP), Pedro Acosta.

También compartieron la conversación la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén; la presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Amanda León; el presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, entre otras autoridades.

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Existe un efecto inmediato ahora, que puede ser el efecto de la liquidez puntual por las personas que fueron afectadas, reconoció Óscar Lovera.

El caso de Ueno Bank se encuentra encap­sulado y no afecta al grado de inversión, afirmó Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas. Ade­más, confirmó que las pers­pectivas de crecimiento eco­nómico se mantienen.

El secretario de Estado dijo que el problema se dio en una sola entidad y que las insti­tuciones están brindando las respuestas a los ahorristas y afectados, “con lo cual la economía paraguaya sigue creciendo; tenemos que ver las expectativas de creci­miento, aún no varían para el año que viene sigue la expec­tativa de crecimiento, noso­tros entendemos que eso no va a variar”, citó.

“Tenemos un efecto inme­diato ahora que puede ser el efecto de la liquidez pun­tual en este momento por las personas que fueron afecta­das, pero como mencioné, tenemos que seguir avan­zando en la normalización de esto”, continuó argumen­tando en conversación con el programa “Cara o cruz”, de Unicanal.

S&P Global Ratings y Moody’s son las dos califi­cadoras que brindaron el grado de inversión a Para­guay. La nombrada en pri­mer término visitará el país a finales de noviembre, anun­ció Lovera.

Posteriormente, el ministro afirmó que se está trabajando para dotar de liquidez a las instituciones financieras, de manera que puedan dar res­puesta a la demanda interna. “Estamos trabajando para no afectar al desempeño de la economía de cada uno de los afectados, pero entende­mos que, conforme al retorno que estamos teniendo de cada una de las calificado­ras y de otros bancos inter­nacionales, por el momento el grado de inversión no está en riesgo”, dejó en claro.

Agregó que la estimación de desarrollo del producto interno bruto (PIB), del 5 % proyectado por el Banco Central del Paraguay (BCP) se mantiene.

Según economista, un litigio de estas características podría generar un pasivo contingente y repercutir en las tasas de interés que paga el país en los mercados internacionales.

Los efectos de la crisis de Ueno Bank podrían exten­derse más allá de la entidad financiera y derivar en even­tuales acciones legales contra el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Estado, ante una posible falla de supervisión, señaló el economista César Addario. Advirtió que un litigio de estas característi­cas podría generar un pasivo contingente y repercutir en las tasas de interés que paga el país en los mercados inter­nacionales.

Durante una entrevista en el programa “Fuego Cruzado”, emitido por GEN, el econo­mista explicó que uno de los principales riesgos para Para­guay es que los tenedores de bonos vinculados a la crisis decidan iniciar acciones no solo contra la entidad invo­lucrada, sino también contra los organismos responsables de la supervisión del sistema financiero.

Addario mencionó que exis­ten antecedentes de situacio­nes similares en Argentina y Venezuela, por lo que consi­deró necesario anticiparse a posibles escenarios legales. Si bien sostuvo que las reser­vas internacionales del país se encuentran blindadas, alertó que un litigio podría resultar costoso, generar contingen­cias para el Estado y terminar afectando el costo del finan­ciamiento externo.

En paralelo, advirtió que la situación ya tuvo repercu­siones en la percepción de riesgo de Paraguay. Según explicó, el mercado castigó los bonos paraguayos y el rendimiento del título de largo plazo superó el 7 %, reflejando una pérdida de confianza entre los inver­sores.

El economista alertó ade­más sobre el riesgo de que los fondos que actualmente mantienen bonos paragua­yos en sus carteras comien­cen a desprenderse de estos instrumentos, lo que presio­naría todavía más sus pre­cios. En ese sentido, consi­deró que el gobierno debe actuar rápidamente y pre­sentar un plan concreto a los tenedores, con explicaciones sobre el manejo de la crisis, las medidas fiscales previs­tas y el cumplimiento de la regla fiscal en 2028.