El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inicia la semana con un nuevo desembolso destinado a proveedores y acreedores del Estado. A través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), la cartera económica transferirá G. 209.313 millones, correspondientes a compromisos financiados con la Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro.

El pago contempla el procesamiento de la totalidad de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio, dando continuidad al cronograma habitual de desembolsos que realiza el Tesoro Nacional.

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Con esta operación, el Gobierno busca mantener el flujo de pagos a empresas proveedoras y acreedores del sector público, permitiendo el cumplimiento de obligaciones asumidas por las distintas instituciones estatales y contribuyendo a la liquidez de las firmas que prestan bienes y servicios al Estado.

El mecanismo de las STR constituye el procedimiento mediante el cual los organismos públicos solicitan al Tesoro la transferencia de recursos para cancelar compromisos previamente autorizados. Una vez verificadas las solicitudes, la DGTP procesa los pagos conforme al orden de presentación y a la disponibilidad de fondos.

Desde el MEF señalaron que este esquema de desembolsos se desarrolla de manera permanente, con el objetivo de garantizar previsibilidad en el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado y dar continuidad al funcionamiento de la administración pública.

Las empresas interesadas pueden verificar el detalle de las transferencias a través del Calendario de Pagos a Proveedores, disponible en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. La información también puede consultarse en la plataforma de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dentro del apartado de pagos, así como en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE).

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El conflicto que surge sobre cómo cancelar la deuda histórica que el Estado mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) suma una nueva propuesta. El asesor de la previsional, Carlos Pereira, planteó utilizar la figura jurídica de la dación en pago, mediante la cual el Estado transferiría hospitales públicos a la entidad en compensación por parte de la deuda acumulada, evitando recurrir a una nueva emisión de bonos.

Esta alternativa nace en medio de la discusión sobre el saneamiento financiero de la previsional. Días atrás, la institución anunció que busca reprogramar parte de su deuda financiera a diez años con el objetivo de liberar recursos para fortalecer la compra de medicamentos y mejorar la disponibilidad de insumos en los servicios de salud.

En ese contexto, Pereira sostuvo que el Estado dispone de bienes que podrían utilizarse para cancelar sus obligaciones con la previsional. “Soy partidario de no pedir emisión de bonos por parte del Estado. Hay que buscar otros mecanismos”, afirmó a la 1020 AM.

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Como alternativa, propuso que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) transfiera al IPS los hospitales que actualmente utiliza y que pertenecen al Estado, siempre que el valor de tasación de esos inmuebles represente el monto de la deuda histórica.

La dación en pago es un mecanismo previsto en el derecho civil mediante el cual un deudor extingue una obligación entregando un bien distinto al dinero originalmente adeudado, siempre que ambas partes acepten esa modalidad de pago.

En este caso, implicaría que el patrimonio inmobiliario sustituya parcialmente el desembolso de recursos financieros. Según Pereira, una vez regularizada esa deuda histórica, podría establecerse una nueva relación financiera entre el IPS y el Estado, basada en reglas claras y coordinada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Está propuesta abre un nuevo debate sobre las alternativas para fortalecer la situación financiera del IPS sin incrementar el endeudamiento público mediante emisiones de bonos, y al mismo tiempo, busca dar una salida a una obligación que se arrastra desde hace años.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso de consolidación del nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.

El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el RUN constituye una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.

La transferencia forma parte del proceso iniciado en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro comenzaron a pasar al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.

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Durante el encuentro también participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.

Lovera destacó que el funcionamiento del RUN tendrá un impacto que trasciende el ámbito administrativo. “En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay”, afirmó.

Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles, con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y reducir los tiempos de gestión.

Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios.

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Un video que expone una de las formas más crueles de violencia contra los adultos mayores generó conmoción en Argentina. Las imágenes, difundidas por Telenoche, muestran a un enfermero de un geriátrico de Mar del Plata maltratando física y verbalmente a personas de avanzada edad que se encontraban bajo su cuidado, muchas de ellas en una condición de total indefensión.

La grabación revela escenas de extrema violencia. En uno de los registros se observa al trabajador obligando a una mujer a comer de manera agresiva. En otros fragmentos se lo escucha lanzar reiterados insultos y desearles la muerte a las residentes, mientras ellas lloran o permanecen sin posibilidad de defenderse.

Las imágenes provocaron una fuerte indignación por tratarse de personas que atravesaban una de las etapas de mayor vulnerabilidad de sus vidas y que, justamente, se encontraban internadas en un lugar donde debían recibir protección, contención y cuidados.

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Según informó Telenoche, la situación salió a la luz gracias a la denuncia de una mujer, quien alertó sobre posibles hechos de maltrato dentro del establecimiento.

A partir del aviso, se revisaron las cámaras de seguridad del geriátrico y se encontraron registros que confirmarían los abusos denunciados. Con esas pruebas se radicó una denuncia en la Comisaría Primera de Mar del Plata y tomó intervención la fiscalía correspondiente.

De acuerdo con el medio argentino, el enfermero fue detenido e imputado en una causa por lesiones y presunto maltrato contra adultos mayores.

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El caso reabrió el debate sobre los controles en los establecimientos geriátricos y la necesidad de garantizar condiciones dignas para los adultos mayores institucionalizados.

Especialistas en gerontología sostienen que el maltrato hacia las personas mayores puede manifestarse de distintas maneras —física, psicológica, verbal o por negligencia— y muchas veces permanece oculto debido a que las víctimas presentan limitaciones físicas o cognitivas que les impiden denunciar lo ocurrido.

Las imágenes difundidas por la televisión argentina generaron una ola de repudio en redes sociales, donde cientos de usuarios exigieron que el hecho sea investigado hasta las últimas consecuencias y que se determinen las responsabilidades tanto del trabajador involucrado como del establecimiento donde ocurrieron los hechos.