Tras la presentación del informe técnico y las recomendaciones finales elaboradas por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), el presidente de la República, Santiago Peña, informó que ya recibió a Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que el Gobierno se encuentra analizando las distintas posturas presentadas por los sectores involucrados para tomar una decisión que contemple tanto la protección del poder adquisitivo de los trabajadores como la estabilidad económica y laboral del país.

El nuevo salario mínimo entrará en vigencia a partir del próximo 1 de julio. Foto: Gentileza

Reunión tripartita finalizó sin acuerdo

El presidente de la Conasam, Jorge Rivas, confirmó que durante las sesiones del organismo técnico no se alcanzó un consenso entre representantes de trabajadores y empleadores respecto al porcentaje de reajuste.

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No obstante, destacó que el proceso incluyó un análisis técnico amplio sobre la evolución histórica del salario mínimo desde la década de 1990 hasta el 2025, además de la variación registrada durante el presente año, con apoyo del Ministerio de Trabajo y del Observatorio Laboral.

Rivas calificó el trabajo realizado como “profundo, serio y muy sólido” y resaltó los avances institucionales alcanzados dentro del organismo, como la elaboración de un reglamento interno y la formalización de memorias técnicas para fortalecer los procesos de análisis y recomendación.

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Diferencias entre sindicatos y empresarios

La falta de acuerdo respondió principalmente a las diferencias existentes entre las propuestas planteadas por trabajadores y empleadores. Las centrales obreras sostienen que el salario mínimo perdió capacidad adquisitiva frente al aumento del costo de vida y plantean un reajuste del 20 %, equivalente a aproximadamente G. 547.000 adicionales sobre el salario vigente.

Por su parte, el sector empresarial considera que el ajuste debe estar vinculado a la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Banco Central del Paraguay (BCP), proponiendo un incremento cercano al 2,4 %, equivalente a unos G. 70.000. Con la recepción oficial de las actas, recomendaciones y antecedentes técnicos de la Conasam, la decisión final queda ahora en manos del Poder Ejecutivo, que deberá anunciar en los próximos días el porcentaje de reajuste que regirá desde julio.

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