La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) expresó su preocupación tras la confirmación de casos de botulismo alimentario en el país, señalando que este episodio expone los riesgos de la comercialización de alimentos fuera del sistema de registros sanitarios establecidos por el Estado para garantizar la seguridad de los consumidores.
A través de un pronunciamiento, el gremio recordó que se trata de una enfermedad que no registraba brotes en Paraguay desde hace décadas y que actualmente afecta a varias personas, algunas de ellas en estado crítico.
“El denominador común de todos los locales intervenidos, conforme confirmó Dinavisa públicamente, es que ninguno estaba habilitado. No contaban con Registro Sanitario de Producto Alimenticio (RSPA) ni con Registro de Establecimiento (RE)”, mencionaron.
Según detallaron, los locales vendían alimentos a consumidores que confiaban en ellos sin contar con ninguna garantía técnica, sin trazabilidad y sin control de proceso. “Conocemos bien estos requisitos porque los cumplimos. El RSPA y el RE no son trámites burocráticos, son el respaldo técnico que certifica que un alimento fue elaborado en condiciones sanitarias adecuadas, con ingredientes controlados y bajo procesos verificados”, resaltaron.
Proceso gratuito
En ese sentido, agregaron que Dinavisa ha dado pasos significativos en los últimos años para facilitar el acceso a estas habilitaciones, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, con procesos gratuitos y simplificados. “No habilitarse, por lo tanto, no es hoy una limitación económica ni burocrática, es una decisión de operar fuera de las reglas”, mencionaron.
La institución viene impulsando avances importantes en la simplificación de trámites y el acceso a registros sanitarios, por lo que este episodio evidenció la necesidad de fortalecer su capacidad de fiscalización, monitoreo y control efectivo del mercado ante la persistencia de establecimientos que operan al margen de la normativa vigente.
Sumado a ello consideraron que este caso también evidenció la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de Dinavisa para ampliar los controles y mejorar la fiscalización del mercado alimentario.
Asimismo, respaldaron la postura del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría General de la República en defensa del sistema de registro sanitario, aunque manifestaron preocupación por decisiones judiciales que, según señalaron, han permitido mediante medidas cautelares la comercialización de productos sin registro sanitario.
“La Corte Suprema de Justicia tiene hoy una responsabilidad que no puede seguir eludiendo: resolver los casos pendientes y poner fin a medidas cautelares que, en la práctica, funcionan como una autorización judicial para comercializar alimentos sin ningún control sanitario”, indicaron.
Finalmente, instaron a la ciudadanía a adquirir alimentos únicamente en establecimientos habilitados y verificar que los productos cuenten con registro sanitario vigente a través de las herramientas de consulta pública disponibles en el portal oficial de Dinavisa. “Esa consulta de dos minutos puede marcar una diferencia que ningún médico podrá revertir después”, enfatizó la CAP.
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