El juicio oral prosigue el 19 de junio a las 11:00 con la exposición de pruebas documentales.

Con la exposición de varios documentos prosiguió el juicio oral contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich. El exalto funcionario está siendo juzgado por la pre­sunta frustración de la eje­cución y persecución penal, al supuestamente no alertar sobre operaciones del empre­sario Darío Messer entre los años 2017 y 2018.

En esta jornada se realizó la producción de pruebas docu­mentales para dar continui­dad al proceso judicial. “En su mayoría es información interna de la Secretaría de Lavado de Dinero de aquel entonces, los procedimien­tos que se llevaron adelante y también cómo el caso en sí está construido por el Minis­terio Público a partir del ejer­cicio de funciones. También se incluyó toda una serie de actos normativos que deno­tan quién ejercía qué fun­ción y en qué época”, detalló el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich.

Asimismo, ya declararon 11 testigos. De acuerdo con el referido profesional del dere­cho, las declaraciones confir­man que la argumentación de la Fiscalía contra el exminis­tro de la Seprelad no se ajusta a los hechos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Paraguay destacó el liderazgo de Paraguay en la promoción de la agricultura familiar, durante XLIV Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur.

Asimismo, se valoró el papel que el espacio se encuentra desempeñando durante más de dos décadas como una plataforma de diálogo político y construcción colectiva de políticas públicas para el sector.

Así lo explicó Iván León Ayala, representante de la FAO en Paraguay, quien resaltó que la amplia participación de gobiernos, organizaciones de productores y otros actores constituye uno de los principales activos del mecanismo, permitiendo una integración más inclusiva y cercana a las necesidades de los territorios rurales.

El momento que atravesamos exige hoy la construcción de estrategias concretas en áreas claves. “La variabilidad climática, el desafío de conservar nuestros recursos naturales, de reducir las desigualdades, acelerar la adopción tecnológica, no son desafíos del futuro, son elementos que están reconfigurando de manera continua nuestros territorios rurales”, comentó.

Destacó además que los temas que fueron priorizados para los días de diálogo fueron enmarcados en una agenda de crecimiento económico, social, ambiental, garantizando un desarrollo que no deje a nadie atrás.

“En ese contexto, cerrar las brechas productivas, fortalecer el acceso a mercados, entre otros temas, son habilitantes de la transformación activa de los territorios”, aseguró.

El representante también advirtió que la región enfrenta desafíos cada vez más complejos, entre ellos la variabilidad climática, la conservación de los recursos naturales, la reducción de las desigualdades y la aceleración de la adopción tecnológica.

En ese contexto, consideró fundamental fortalecer espacios de concertación como la REAF para impulsar estrategias que promuevan el acceso al financiamiento, la asistencia técnica, la innovación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como una mayor inserción de los productores en los mercados.

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Igualmente, subrayó la importancia de incorporar en el centro del debate a los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y las organizaciones de productores, destacando que sus conocimientos y experiencias son esenciales para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, sostenibles y resilientes.

Sumado a ello, desde el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) resaltaron el papel fundamental del financiamiento como herramienta para fortalecer la producción familiar y promover el desarrollo sostenible del sector rural, reafirmando el compromiso con el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina e indígena, mediante la promoción de herramientas financieras que contribuyan al desarrollo rural sostenible.

“Este importante espacio de diálogo y construcción de políticas públicas reúne a representantes gubernamentales, organizaciones de la agricultura familiar y organismos internacionales para abordar temas clave como el acceso al financiamiento, la inserción en mercados, entre otros”, destacaron desde el CAH.

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Exalto funcionario declaró en juicio sobre el circuito de borradores de la elaboración del informe del caso Messer y deslindó responsabilidad de Óscar Boidanich.

En el marco del juicio oral y público que enfrenta el exmi­nistro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich declara­ron ayer varios testigos, entre ellos el exdirector general de la Asesoría Jurí­dica de la mencionada insti­tución, Alejandro Dávalos; Diana Benítez, asistente administrativa de dicha dependencia, y Paola Godoy Ayala, jueza instructora de un sumario administrativo interno.

Durante la declaración ante el tribunal de sentencia, el exdirector jurídico Alejandro Dávalos detalló el circuito ins­titucional que siguen los borra­dores de informes financieros. Explicó que estos documentos son remitidos por la Dirección de Análisis a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revi­sión. Respecto al caso anali­zado, Dávalos precisó que el borrador permaneció en su departamento durante casi cinco meses debido a la alta carga de trabajo y al análisis simultáneo de otros expedien­tes. El testigo clave aclaró que el dictamen final de su direc­ción recomendó profundizar la investigación mediante la inclusión de datos adiciona­les y solicitar aclaraciones al borrador original. Tras este proceso, el documento fue devuelto a la Dirección de Aná­lisis Financiero con las obser­vaciones correspondientes para su posterior remisión al Ministerio Público. Dávalos fue enfático al señalar que el exministro Óscar Boidanich no tuvo participación en nin­guna de estas etapas técnicas.

Por su parte, la asistente admi­nistrativa Diana Benítez aportó detalles sobre el fun­cionamiento operativo y las competencias de la Dirección de Asesoría Jurídica.

Final­mente, la jueza instructora Paola Godoy Ayala se remitió estrictamente al contenido de su pronunciamiento en el sumario administrativo reali­zado a funcionarios de la enti­dad. Dicho documento, cuyo objeto procesal no incluía a Óscar Boidanich.

La audien­cia oral prosigue el viernes a las 9:30. Boidanich está siendo juzgado por frustración de la ejecución y persecución penal basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncio­nario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera delibe­rada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer. Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respon­diendo a estrictos criterios de inteligencia financiera.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.

“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contra­tos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

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En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.

El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.

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