El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra evaluando junto a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) posibles incentivos tarifarios para atraer inversiones al país, especialmente aquellas vinculadas a industrias de alto consumo energético.
Así lo confirmó el ministro Óscar Lovera, en contacto con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media. Señaló que actualmente se están solicitando informes técnicos a la estatal eléctrica para determinar cuáles son las condiciones que podrían ofrecerse sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.
Según explicó, la Ande deberá presentar una nueva propuesta para ser analizada por el Equipo Económico Nacional (EEN), luego de que se reabriera la discusión sobre los mecanismos de incentivo para proyectos industriales. El objetivo del Gobierno es mantener la capacidad de atraer inversiones, especialmente aquellas que generen empleo formal, especializado y mejor remunerado.
Lovera sostuvo que la intención es encontrar un equilibrio entre la competitividad que demanda el sector productivo y la necesidad de preservar la salud financiera de las instituciones públicas. En ese sentido, remarcó que cualquier esquema de beneficios deberá ser evaluado integralmente antes de su implementación.
Paralelamente, el Ministerio de Economía avanza con un plan de contención del gasto público ante una recaudación que todavía no garantiza plenamente el cumplimiento de las proyecciones de ingresos previstas para este año.
El ministro explicó que las medidas apuntan principalmente a restringir gastos de carácter institucional que no son considerados prioritarios, como nuevas construcciones administrativas, adquisición de vehículos, alquileres y determinados desembolsos operativos. También se establecieron límites para conceptos como viáticos, pasajes y algunas bonificaciones, tomando como referencia los niveles de ejecución registrados durante el 2025.
La estimación inicial del Gobierno es que estas medidas permitan generar un margen cercano a USD 250 millones, equivalente a aproximadamente 0,4 % del producto interno bruto (PIB). No obstante, aclaró que existen gastos rígidos que no pueden ser objeto de recortes, entre ellos salarios, remuneraciones del personal de seguridad, docentes, funcionarios de salud y otros compromisos establecidos por ley.