Más de 580 familias productoras de la agricultura familiar campesina participarán esta semana en nueve ferias impulsadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), una iniciativa que busca fortalecer los ingresos del sector rural mediante la venta directa al consumidor y dinamizar las economías locales.

Las actividades se desarrollarán en Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, Itauguá y Caacupé, donde los productores ofrecerán alimentos frescos, artesanías y productos agroindustriales sin intermediarios, permitiéndoles captar una mayor proporción del valor de sus ventas.

La propuesta involucra a 16 organizaciones provenientes de los departamentos de Central, Caaguazú, Paraguarí, Ñeembucú, Cordillera y Bajo Chaco. Para miles de pequeños agricultores, estos espacios representan una oportunidad concreta de comercialización, especialmente en un contexto donde el acceso a mercados continúa siendo uno de los principales desafíos para la producción familiar.

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Entre los productos que estarán disponibles figuran queso Paraguay, carnes de cerdo, cabra y oveja, gallina casera, huevos, miel de abeja, choclo, porotos, hortalizas, frutas de estación, almidón, harina de maíz, flores, plantas ornamentales y artesanías indígenas. La diversidad de la oferta refleja la importancia de la agricultura familiar dentro de la cadena de abastecimiento nacional.

Además de beneficiar directamente a los productores, las ferias permiten a los consumidores acceder a alimentos de origen nacional a precios competitivos. Este modelo de comercialización contribuye a reducir costos asociados a la intermediación y fortalece los circuitos cortos de venta, una estrategia cada vez más valorada por su impacto económico y social.

Desde el MAG destacan que estas actividades también cumplen un papel relevante en materia de seguridad alimentaria, al acercar productos frescos y de calidad a los centros urbanos, al tiempo que generan oportunidades de empleo e ingresos en las comunidades rurales.

Las ferias especiales se realizarán durante toda la semana en distintos puntos estratégicos. Entre ellas se encuentran las jornadas previstas en la explanada del SNT y C9N, el Paseo 1811 de Fernando de la Mora, el Shopping Multiplaza, la Dirección de Educación Agraria en San Lorenzo y el Shopping Century Plaza de Lambaré.

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La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, explicó que los carteles en Ciudad del Este, que la semana pasada mostraron imágenes ofensivas, provienen de una irregular concesión del usufructo de la franja de dominio que se realizó en junio del 2021 bajo la gestión del exministro abdista Arnoldo Wiens, sin licitación y con canon cero en perjuicio del Estado, mediante un contrato privado firmado en una escribanía con la empresa Fast Print.

“Esto ha sido una herencia más, una falta de criterio y compromiso absoluto, buscando quién sabe qué tipo de privilegios en su momento para firmar estos contratos y ceder el usufructo de algo que es imposible ceder, porque la ley le respalda y le obliga la MOPC al cuidado de la franja de dominio”, indicó la ministra, este lunes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM.

La ministra también negó que, en el caso de los carteles en Ciudad el Este, el MOPC haya autorizado la instalación de las estructuras, afirmando que se encontraban en la vía pública con autorización de la municipalidad esteña. El 29 de mayo, las pantallas digitales exhibieron una imagen creada con la figura del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el futbolista albirrojo Gustavo Gómez, mezclando política y fútbol para denigrar al país.

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Tras la revelación del convenio suscrito en el 2021, en el periodo de Arnoldo Wiens en el MOPC, se dio a conocer ahora el acta notarial en la que se distribuyen los porcentajes de ganancia entre los socios de la empresa Fast Print, en que aparecería Francisco Arístides Clerch Almada, un cercano al exministro y actual precandidato a concejal municipal de Ciudad del Este por el movimiento Colorado Añetete, que lidera Mario Abdo Benítez.

La firma que explotaba la cartería es Fast Print, representada por Ceferino Antonio Díaz, fue habilitada en 2021 para la instalación, mantenimiento y administración de pantallas LED y carteles publicitarios en el corredor de acceso a Ciudad del Este, además de la gestión de equipos, software y limpieza del área intervenida.

De acuerdo con un acta notarial conocida recién ahora, la distribución de beneficios establecía que el 40 % de las ganancias correspondía a José Armando Fuentes, mientras que el 20 % era asignado a Clerch Almada, quien no figura como propietario de la empresa, pero sí como beneficiario de los ingresos.

“No hay absolutamente ninguna autorización del MOPC a estos carteles que están colocados, todos, absolutamente todos son irregulares. Lo que sucede en el municipio es otra circunstancia. Escuché las declaraciones de la presidenta de la Junta Municipal de Ciudad del Este responsabilizando al MOPC de la cartelería, cuando tengo todas las facturas y los tributos que los dueños de los carteles le pagaban al municipio”, indicó Centurión.

“Nosotros rechazamos contundentemente y no autorizamos absolutamente ninguna colocación y aquellos que tienen luminaria, son porque tienen las patentes municipales y tienen los permisos municipales”, ratificó la ministra de Obras.

El contrato de concesión con esta empresa en particular se rescindió tras el cambio de Gobierno, sin embargo, el MOCP enfrentó varias acciones judiciales de las empresas, con amparos judiciales en algunos casos, para no retirar los carteles. Igualmente, la mayoría de las cartelerías en la vía pública se encuentran en la misma situación.

“Nosotros tomamos la administración en el 2023, pocos meses después procedimos a identificar la cartelería y comenzar a desmontar estos carteles, ahí nos vienen a la carga los afectados y nos dicen que hay un convenio vigente entre el MOPC, no es ni siquiera un convenio, es una concesión de usufructo de la franja de dominio de toda la República del Paraguay con esta empresa Fast Print”,

Una vez asumido el nuevo periodo, se realizaron los análisis de las licitaciones correspondientes, contraprestación para el Estado, los términos, y otros aspectos. “Todo irregular, todo bajo una nebulosa y efectivamente en condiciones que no corresponden y violando la ley de tránsito, la ley del MOPC y la actuación que tenemos sobre la franja de dominio de todas las rutas nacionales y las departamentales. Se revocaron cada una de las concesiones y una vez quedando firme esta decisión se procedió al retiro de los carteles en varios puntos”, detalló la ministra.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de la Patrulla Caminera y personal de empresa tercerizada retomaron por la tarde de este domingo el trabajo de desmontaje de carteles del espacio central de la ruta PY02 en Ciudad del Este. La actividad comenzó ayer y se retiraron ocho postes con paneles gigantes, mientras que estaban previstos otros tres.

Es lo que señaló a La Nación/Nación Media, el ingeniero Fernando Leite, jefe departamental del MOPC. Desde las zona primaria aduanera hasta el km 4 son 69 estructuras gigantes y 34 carteles chicos, es decir, 103 carteles en total, según Leite.

Explicó que llevan mucho tiempo los retiros porque se trata de estructuras muy grandes y deben ser desconectados primeros sus sistemas eléctricos. Por ello, personal de la Ande está haciendo el soporte respectivo, según informó la entidad.

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El jefe departamental refirió que el Juzgado de Faltas del MOPC interviene también para que las empresas sean notificadas y, en algunos casos, las mismas firmas desmontaron los carteles. La medida se implementa como respuesta a los mensajes ofensivos que aparecieron en algunos de los carteles cercanos a la zona primaria del microcentro de Ciudad del Este, el viernes último. El presidente Santiago Peña había ordenado el retiro inmediato de todos los carteles.

El MOPC, al anunciar esta tarde que fue retomado el trabajo de retiro de carteles sobre ruta en Ciudad del Este, indicó que, “mantener despejada la franja de dominio es fundamental para: más seguridad vial, menos accidentes, tránsito fluido, sin obstáculos, cero distracciones al volante, mantenimiento vial sin bloqueos”.

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El abogado Ricardo Preda manifestó que la responsabilidad penal por la destrucción de las obras del Metrobús no debería limitarse únicamente al exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, imputado actualmente por los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas.

Según Preda, es fundamental investigar si existieron instigadores o personas que motivaron la decisión de sepultar la obra vial que apuntaba a garantizar a los ciudadanos de la capital y del área metropolitana un servicio digno y de calidad, teniendo en cuenta que los informes técnicos que le fueron expuestos al exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez desaconsejaban dicha medida.

“Yo no creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens. La cuestión acá está solamente en que estos hechos ocurrieron hace muchos años y habría que revisar si ya están prescriptos con relación a las conductas de otras personas que pudieron haber intervenido o instigado la decisión de que las obras sean destruidas“, indicó Preda en una entrevista con el programa ”Arriba hoy" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado acotó: "Hay que ver si alguien le dio la instrucciones a Wiens, quien está imputado como autor de la destrucción, pero se debe ver si alguien le convenció o motivó para que haga eso, ya que desde el punto de vista técnico, sus profesionales técnicos le decían que no lo haga. Igualmente, esto no le exonerará de una responsabilidad penal, ya que no puede exonerarse diciendo que alguien le dio una orden“.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

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Las afirmaciones de Preda surgieron tras darse el pasado jueves 28 de mayo, el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, predecesor de Wiens, quien también fue investigado e imputado por lesión de confianza en torno a la fallida obra vial.

“Realmente, el trabajo de la Fiscalía sobre el caso Metrobús fue muy exhaustivo después del sobreseimiento provisional al exministro Ramón Jiménez Gaona y entraron a investigar no solo las constancias de la investigación penal, sino también lo atinente al proceso arbitral donde ambas partes, tanto el Estado paraguayo como la empresa Mota Engil presentaron evidencias para que cada uno refuerce su argumento”, comentó.

Señaló que “esas evidencias sirvieron de base para concluir que no hubo ninguna conducta punible en el periodo de Jiménez Gaona, porque obviamente todo lo que se pagó en su administración tuvo una contraprestación equivalente y que las obras sí podían ser terminadas y que, de hecho, los propios consultores del gobierno posterior (gestión de Arnoldo Wiens) señalaban que esas obras no solo podían, sino que tenían que ser continuadas porque esa era la opción correcta".

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