El sector yerbatero se encuentra atravesando una crisis que amenaza incluso con el desmantelamiento de los cultivos. La Cámara de Diputados aprobó recientemente el manifiesto “Que declara en emergencia nacional la situación de los pequeños productores de yerba mate” y se espera que sirva para visibilizar el problema en el que se encuentra el rubro productivo.

Sobre lo mencionado, Néstor Goralewski, miembro del Centro Yerbatero Paraguayo, conversó con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media y confirmó que la situación es crítica para quienes trabajan en la producción de la yerba mate.

“De un tiempo a esta parte, la yerba está pasando por uno de los peores momentos en cuando a comercialización, estamos sobrestockeados, tenemos mucha más yerba de lo que se puede consumir o no tenemos la capacidad como para exportar y entonces hay fácil 10 mil a 20 mil toneladas de más en el mercado”, explicó.

Entre los factores en contra, indicó que Argentina ya no importa el producto, ya que desde el inicio del gobierno de Javier Milei se dio mayor impulso al rubro en el país vecino. Por otro lado, en el caso de Siria, el principal comprador a nivel global, explicó que por la guerra que está atravesando no es posible hacer llegar los envíos, generando igualmente una sobreoferta en la región.

Otro problema consiste en la reducción del consumo en el mercado interno. “Después de la pospandemia, tenemos datos de que por lo menos 6.000 a 7.000 toneladas menos de yerba estamos consumiendo”, dijo. Citó otros inconvenientes como el incremento del costo del combustible, el desplome del dólar y la falta de planificación en el sector.

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Sobre la declaración realizada, valoró que servirá de alguna manera para visibilizar la situación. “Es una medida interesante para que se den cuenta un poco todos”, expresó. El representante del gremio vaticinó que, si esta situación continúa, “en dos o tres años se van a desmantelar muchos yerbales”.

La Cámara de Diputados aprobó la declaración, en respuesta a la crisis de precios que atraviesa el sector y que amenaza la continuidad de cientos de familias campesinas.

La iniciativa estuvo impulsada por el diputado Germán Solinger y encomienda a los organismos del Estado a cumplir con lo establecido en el Estatuto Agrario, cuyo artículo 25 obliga al Gobierno a intervenir en la relación entre productor y acopiador para garantizar una comercialización justa.

Según los productores, el kilo de hoja verde puesto en secadero se paga actualmente a G. 1.200. De ese monto, G. 200 se destinan al flete y G. 300 a la tarefa, lo que deja al productor una cifra muy reducida.

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