La Administración Central ejecutó G. 22,8 billones durante el primer cuatrimestre de 2026, equivalente al 27,7 % del presupuesto vigente, según el informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los datos reflejan que el mayor volumen de recursos públicos estuvo orientado a servicios sociales, infraestructura, seguridad y compromisos previsionales y financieros del Estado.

El presupuesto vigente de la Administración Central asciende actualmente a G. 82,4 billones y, hasta abril, el Poder Ejecutivo concentró cerca del 94 % de toda la ejecución acumulada. Del total desembolsado, unos G. 19,3 billones fueron destinados a servicios considerados esenciales y sectores estratégicos para el funcionamiento del Estado.

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Entre las instituciones con mayor nivel de ejecución sobresalen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.

El MEF lideró la ejecución presupuestaria con el 33 % del total acumulado, equivalente a G. 7,5 billones. Estos recursos estuvieron dirigidos principalmente al pago de jubilaciones, transferencias a gobiernos subnacionales y cumplimiento de obligaciones vinculadas a la deuda pública.

En segundo lugar, aparece el Ministerio de Educación, que concentró el 15 % de la ejecución, seguido por Salud con el 14 %, Obras Públicas con el 9 %, Desarrollo Social con el 7 % e Interior con el 6 %.

El informe también detalla cómo se financió la ejecución presupuestaria acumulada. El Tesoro Público cubrió el 66,5 % de los desembolsos, con una erogación de G. 15,1 billones. Bajo esta fuente se financiaron completamente programas sociales emblemáticos como la Pensión Universal para Adultos Mayores, que demandó cerca de G. 1 billón, y Tekoporã Mbarete, con unos G. 400.000 millones.

El esquema de financiamiento se complementó con un 18,5 % proveniente de crédito público y un 15 % correspondiente a recursos institucionales.

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Por: Alba Delvalle

El mercado de valores paraguayo no solo está cambiando en tecnología y escala, también en liderazgo. En un entorno el que las decisiones financieras fueron históricamente masculinas, figuras como Natalia Trinidad empiezan a ocupar espacios clave en la evolución del sector.

El mercado de capitales paraguayo atraviesa una etapa de transformación que está ampliando las oportunidades de inversión y financiación para empresas locales y extranjeras. Con nuevos actores, herramientas tecnológicas y una creciente adaptación a estándares internacionales, el ecosistema bursátil empieza a consolidarse como una alternativa estratégica dentro del desarrollo económico del país.

Para Natalia Trinidad, directora de Negocios de Cadiem, este crecimiento refleja un cambio estructural en la forma en que Paraguay se posiciona frente a inversionistas y empresarios.

“El mercado de valores de Paraguay está creciendo, está en un auge extraordinario. Recibimos visitas de muchos lugares y empresarios que quieren saber qué más pueden hacer en el país”, afirmó.

Parte de este avance se explica por la modernización institucional y la incorporación de estándares internacionales a través de la Caja de Valores del Paraguay (Cavapy) y la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), que hoy operan con plataformas tecnológicas que fortalecen la transparencia y la confianza.

“Hoy tenés un tercero que custodia tus valores y otro que registra toda la información. Eso genera confianza”, señaló Natalia. En paralelo, el mercado ha comenzado a diversificar sus instrumentos financieros, abriendo nuevas posibilidades para proyectos de gran escala.

En ese contexto, los fondos de inversión ganan protagonismo como vehículos capaces de canalizar capital hacia sectores estratégicos. Desde Cadiem ya se impulsaron fondos vinculados a la producción de ferrosilicio y al sector ecoforestal, mientras avanzan evaluaciones en áreas como el desarrollo inmobiliario.

Detrás de cada iniciativa existe un trabajo técnico que puede tomar entre uno y dos años, desde el análisis del negocio hasta su estructuración financiera. Este proceso también exige capital humano preparado para diseñar instrumentos viables y adaptados a las necesidades del mercado, un factor clave para sostener el crecimiento del sistema, detalló la directora.

Lejos de competir con los bancos, el mercado de valores aparece como un complemento natural para el financiamiento empresarial. Mientras la banca responde a necesidades de corto plazo, el mercado bursátil ofrece soluciones de largo alcance. “Si querés financiamiento a corto plazo, vas al banco. Si querés a largo plazo, tenés la bolsa de valores, son dos sistemas que se complementan”, explicó.

Ese cambio también viene impulsado por una nueva generación de empresarios, más abierta a profesionalizar la estructura corporativa y a explorar mecanismos alternativos para captar recursos. Según Natalia, hoy existe mayor disposición a transparentar información y a incorporar herramientas que antes eran vistas con desconfianza.

Aunque el mercado de capitales paraguayo tiene apenas tres décadas de desarrollo, frente a los más de 200 años de experiencia en otros países, la oportunidad está precisamente en aprender de modelos ya consolidados y adaptar esas herramientas a la realidad local.

La evolución de Cadiem refleja ese avance: hace 15 años eran apenas 14 personas promoviendo conceptos básicos como bonos y acciones; hoy son más de 120 colaboradores en un mercado cada vez más familiarizado con estas opciones.

“De acá a cinco años espero ver muchísimas más inversiones internacionales. Esto recién empieza, y en unos diez años va a ser una revolución”, proyecta la ejecutiva.

Más que una tendencia financiera, el desarrollo del mercado de valores representa una oportunidad para democratizar el acceso al capital, fortalecer empresas y construir una cultura de salud financiera a largo plazo. En un país que busca nuevas rutas de crecimiento, aprender a mirar hacia la bolsa podría convertirse en una de las decisiones más estratégicas de la próxima década.

• POR MATÍAS ORDEIX
• Socio del Club de Ejecutivos del Paraguay.

Nuestro país está despe­gando y a gran velocidad. Ya no somos un destino des­conocido: hoy captamos la atención de inversores regionales e internaciona­les. Hemos crecido, mejo­rado la calidad de vida de muchas personas y redu­cido la pobreza en los últi­mos años. Los números macro y el clima de nego­cios nos posicionan como un país atractivo y compe­titivo en la región.

Este viento de cola debemos aprovecharlo al máximo, porque no sabemos cuánto tiempo podrá sostenerse si no actuamos en consecuen­cia. Y es justamente ahí donde aparecen los gran­des desafíos. Cuando los inversores profundizan en nuestra realidad cotidiana, surgen pendientes impor­tantes en lo social, institu­cional y en infraestructura.

En lo social, seguimos en deuda en educación y salud. En educación, es funda­mental una transforma­ción profunda: programas más prácticos y adaptados al mundo actual, incorpo­rando tecnología, inteligen­cia artificial, inglés, finan­zas y administración desde etapas tempranas. Es clave también impulsar carreras cortas, técnicas y oficios, con salida laboral concreta. Todo esto debe ir acompa­ñado de una mejor forma­ción, evaluación continua y remuneración docente acorde a la responsabili­dad que implica formar a las nuevas generaciones.

En salud, el desafío es orde­nar el sistema desde la base: reducir burocracia, elimi­nar cargos innecesarios y enfocarse en lo esen­cial: médicos, enfermería, infraestructura y acceso a medicamentos. La terceri­zación de servicios comple­mentarios, junto con una mayor descentralización, puede mejorar significati­vamente la eficiencia, redu­cir costos y acercar solucio­nes reales a la gente.

Un problema transversal que nos afecta profunda­mente es la corrupción, de carácter sistémico y exten­dido. No es solo responsa­bilidad del sector público; también el sector privado muchas veces participa y se beneficia. Combatirla requiere decisiones firmes, empezando por la digitali­zación total de procesos en el Estado y municipios, generando trazabilidad, transparencia y reduciendo la discrecionalidad. A esto se suma la necesidad de controles efectivos y san­ciones reales.

El crecimiento sostenido también exige infraes­tructura adecuada. Conta­mos con abundante ener­gía, pero fallan las redes de distribución. Se nece­sita inversión sostenida en rutas, avenidas y mante­nimiento urbano. El pro­blema no es únicamente la falta de recursos, sino su mala asignación, ejecución y control.

Finalmente, el transporte público sigue siendo una deuda crítica. Miles de tra­bajadores pierden horas cada día en condiciones precarias, afectando su calidad de vida y producti­vidad. Es urgente avanzar en soluciones estructurales como tren de cercanía, sis­temas de transporte masivo modernos y una reorgani­zación integral del sistema.

Si queremos sostener el crecimiento, atraer inver­siones y generar oportu­nidades reales, el compro­miso debe ser conjunto: gobierno, sector privado y sociedad. Pero, sobre todo, hace falta decisión, conti­nuidad en las políticas y una visión de país de largo plazo que trascienda los gobier­nos de turno.

El proyecto de reforma que busca crear el código de defensa del consumidor prevé actualizar una legislación creada en 1998 para adaptarla a un mercado completamente distinto al de hace casi 30 años.

Así lo explicó al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media la titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, quien defendió la necesidad de modernizar las herramientas jurídicas frente al avance de las plataformas digitales, las redes sociales, la inteligencia artificial y los nuevos mecanismos de financiamiento.

Señaló que el mercado actual ya no se parece al existente cuando se aprobó la normativa vigente, por lo que muchas situaciones cotidianas quedaron sin regulación específica.

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“Hoy tenemos inteligencia artificial, plataformas digitales, publicidad en redes sociales y nuevas dinámicas comerciales que no existían en el año 98”, sostuvo Irún. Uno de los puntos centrales de la reforma apunta, justamente, al entorno digital.

En ese sentido, el nuevo proyecto incorpora reglas más claras para la publicidad en redes sociales, las ventas online y las relaciones de consumo dentro de plataformas digitales, sectores donde actualmente existen vacíos legales que generan conflictos frecuentes entre consumidores y proveedores.

Irún explicó además que gran parte de las nuevas disposiciones ya se vienen aplicando en la práctica mediante criterios administrativos y jurisprudencia, pero que ahora buscan quedar expresamente establecidas en la ley para dar mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto a consumidores como a empresas.

Otro de los capítulos que genera mayor debate es el relacionado con el sistema financiero y el denominado “préstamo responsable”. La propuesta establece que bancos, cooperativas y entidades financieras deberán informar y advertir con mayor claridad sobre las consecuencias de los créditos otorgados, especialmente en relación con la capacidad de pago y los riesgos de sobreendeudamiento.

Según detalló la ministra, la intención no es restringir el acceso al crédito, sino garantizar que el consumidor tome decisiones con información suficiente. Actualmente, explicó, muchas operaciones digitales se realizan de manera automática, con contratos extensos y condiciones poco comprendidas por los usuarios.

“El consumidor sigue teniendo la decisión final. Lo que buscamos es que entienda las consecuencias del crédito y que el proveedor también pueda demostrar que informó correctamente”, afirmó la titular de la Sedeco.

La reforma también incorpora herramientas inéditas en Paraguay, como las acciones colectivas, que permitirán agrupar reclamos de múltiples consumidores afectados por una misma situación. La medida apunta a evitar cientos de juicios individuales por montos pequeños y fortalecer la protección colectiva.

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