Los precios altos, a pesar de la baja del dólar, siguen dando de qué hablar y unos días atrás se supo de una denuncia contra dos gremios importadores, nada más y nada menos, por parte de Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu). Ante esta situación, es la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) la que debería actuar en resguardo de la libre competencia.

Eduardo Barros Vasconsellos, titular del ente contralor de la competencia a nivel local, conversó con GEN y Universo 970 AM/Nación Media y aclaró que no puede dar referencias directas al caso; sin embargo, dio a conocer el rango de acción de la institución a su cargo. “Debo cuidarme de no preopinar”, indicó.

Subir o bajar precios, reducir o limitar la producción, restringir la provisión de materia prima a algún competidor o algún actor dentro de la cadena productiva, repartirse mercado, cualquier conversación entre nosotros tres sobre ‘vamos a limitar la competencia de alguna forma’, entonces eso sí estaría violando la ley”, explicó de manera general.

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Agregó que es la Dirección de Investigación la que debería tomar cartas en el asunto. “Es la que debe concluir si es un tema para investigar, si hay una denuncia o una posible prueba o una declaración de prensa”, citó sobre la dependencia y su alcance. No supo precisar tampoco si hay algún plazo para saber si habrá o no investigación sobre la denuncia del gremio supermercadista.

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Actualmente, quizás el caso más importante en el ente regulador es la investigación abierta a 7 empresas frigoríficas, las cuales habrían caído en prácticas anticompetitivas, recordó Barros.

La denuncia

Días atrás, desde la Capasu denunció que son dos gremios importadores los que enviaron comunicaciones a sus asociados para bajar los precios hasta cierto porcentaje, cuestión que sería una clara infracción de la defensa de la competencia.

En el inicio de la presente semana, el presidente de la República, Santiago Peña, había manifestado que los costos de los productos importados debían bajar, por el desplome del dólar, y que el Estado podría intervenir en el asunto.

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