El reajuste anual del salario mínimo en Paraguay vuelve a instalar un debate centrado en el porcentaje de aumento según la inflación. Sin embargo, una mirada más estructural sugiere que la discusión podría estar enfocada en el lugar equivocado.

El economista Jorge Garicoche, en conversación con La Nación/Nación Media, advirtió que cualquier fórmula de ajuste tendrá un impacto limitado si no se aborda primero el problema de fondo, haciendo referencia a la alta informalidad laboral.

Uno de los puntos centrales del análisis es que el aumento del salario mínimo no se traduce en un beneficio sostenido para el trabajador. Según explicó, el efecto comienza a sentirse recién entre el segundo y tercer mes posterior al reajuste.

El incremento se aplica en junio, las empresas enfrentan mayores costos salariales en julio y, hacia agosto, trasladan ese impacto a los precios de bienes y servicios. Como resultado, el poder adquisitivo que se buscaba proteger termina erosionándose.

Garicoche también planteó que los trabajadores que perciben el salario mínimo enfrentan una estructura de consumo distinta al promedio, con mayor peso en rubros como alimentos y transporte.

“Yo quiero que el Banco Central del Paraguay (BCP) haga una medición de la inflación de cómo nos afecta por estratos. Si vamos a hacer políticas públicas, lo ideal es que no estén basadas en una hipótesis, sino en evidencia”, afirmó.

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Para el economista, el debate sobre si el ajuste debe basarse en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o en la productividad resulta secundario frente a la magnitud de la informalidad.

“Pongo la firma de que el impacto de cualquier reajuste va a ser mínimo, porque nuestro problema no es la estructura del salario mínimo, sino la informalidad que existe en el mercado laboral”, sostuvo.

Además, advirtió que incrementos desalineados con la realidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), muchas de las cuales operan bajo esquemas de salarios diferenciados, podrían profundizar distorsiones y empujar a más trabajadores hacia condiciones precarias.

El análisis incorpora un elemento poco discutido, el salario no monetario. Garicoche señaló que las deficiencias en el transporte público implican una pérdida directa de tiempo productivo.

“Si a un trabajador le toma cuatro horas al día ir y volver de su empleo, ese tiempo se pierde para la capacitación o el descanso”, explicó.

A esto se suma la falta de acceso a seguridad social. Una gran parte de los trabajadores no cuenta con cobertura previsional ni de salud, lo que reduce significativamente el impacto real de cualquier aumento salarial ante situaciones de enfermedad o retiro.

Sobre la posibilidad de vincular el salario mínimo a la productividad, el economista advirtió que su medición en Paraguay presenta limitaciones importantes.

Según indicó, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en las últimas décadas respondió en gran medida a la expansión del capital y la tierra, particularmente en el sector sojero, más que a mejoras en el rendimiento por trabajador.

En ese contexto, Garicoche concluye que el país enfrenta un problema más profundo que el mecanismo de ajuste. El salario mínimo vigente ni siquiera opera como un verdadero “mínimo”, debido a las excepciones legales existentes.

Así, el desafío no pasa por encontrar una nueva fórmula de reajuste, sino por avanzar en la formalización del empleo y en la mejora de servicios públicos. Sin esos cambios estructurales, cualquier aumento seguirá teniendo un efecto limitado en el ingreso real de los trabajadores.

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