El gobierno dio un paso clave en su política energética e industrial con la firma del decreto reglamentario de la Ley de Etanol, que busca fortalecer la producción nacional y garantizar un mercado interno para los cañicultores.

La medida, firmada por el presidente de la República, Santiago Peña, reglamenta las leyes 7357/2024 y 7391/2024, estableciendo un marco más estricto para el uso de alcohol en combustibles.

El eje central de la normativa es la obligación de que al menos el 50 % del alcohol anhidro utilizado en la mezcla con combustibles provenga de caña de azúcar. Este punto introduce un “blindaje” al mercado local, asegurando demanda para la producción nacional y reduciendo la dependencia de insumos importados.

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En ese contexto, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, destacó que la medida define un modelo económico. “No estamos firmando solo un decreto, estamos eligiendo un modelo de país basado en la producción nacional”, afirmó.

El titular del MIC subrayó que la normativa generará previsibilidad para los productores, al garantizar un mercado sostenido para la caña de azúcar. Además, reconoció que la producción actual es insuficiente para cubrir la demanda proyectada, por lo que instó a aumentar la productividad con apoyo del Estado en financiamiento y capacitación.

Impacto

La normativa también contempla la implementación de un calendario de producción que permitirá ordenar la oferta de alcohol según volumen y tipo de materia prima. Esto apunta a mejorar la planificación del sector e incentivar nuevas inversiones.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reglamentación permitirá generar un “círculo virtuoso” en la economía rural, impulsando la industrialización de la caña, la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena productiva.

En departamentos como Guairá, Caazapá, Caaguazú y Paraguarí, donde se concentra la producción cañera, la medida es vista como un impulso directo a la actividad económica, con impacto en miles de pequeños productores.

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