El dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Iván Airaldi, se refirió a la herencia de G. 110.000 millones en deudas, que dejó el exintendente de Ciudad del Este y militante del Partido Yo Creo, Daniel Pereira Mujica, durante los 7 meses de su gestión, al suceder al destituido Miguel Prieto en la gestión municipal.

“Son unos farsantes del cambio en la política porque evidentemente pregonan una cosa, pero hacen otra. Yo Creo tuvo como promesa de campaña o modelo de gestión que realizarían los pagos de salarios al día y que ya no tomarían nuevas deudas, pero no cumplieron. Ellos tomaron la administración municipal como un botín de guerra”, repudió Airaldi en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) un histórico convenio internacional orientado a garantizar condiciones de empleo decente para los trabajadores de plataformas digitales, un sector en crecimiento a nivel global que incluye a repartidores, conductores y prestadores de servicios contratados mediante aplicaciones.

La decisión fue adoptada durante el plenario de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en el marco de la asamblea anual de la OIT, donde representantes de gobiernos, sindicatos y empleadores respaldaron el texto con 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones.

La sesión fue presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, en un hecho considerado histórico por organismos laborales internacionales, debido al avance que representa en la regulación de nuevas formas de empleo vinculadas a las tecnologías digitales.

El convenio, resultado de varios años de debates y negociaciones, establece un marco de protección para los trabajadores de plataformas, con el objetivo de equipararlos al resto de empleados en aspectos fundamentales como salario mínimo, acceso a la seguridad social y protección frente a despidos arbitrarios.

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Entre los principales derechos reconocidos figuran la libertad sindical y el derecho a la organización, la negociación colectiva entre trabajadores y empresas, además del acceso a mecanismos de protección social y coberturas básicas.

Asimismo, el documento contempla garantías relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, el derecho a una remuneración justa por las tareas realizadas y mayor transparencia sobre los algoritmos utilizados por las plataformas para asignar viajes o pedidos.

Otro de los puntos destacados es la protección frente a decisiones automatizadas que puedan afectar el acceso al trabajo, así como la creación de mecanismos para reclamar y defender derechos laborales.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de la ONU, adoptó ayer viernes el primer acuerdo en el mundo sobre la protección de los trabajadores a tiempo parcial de las plataformas digitales. En 2023 el Banco Mundial estimó que había hasta 435 millones de trabajadores de plataformas digitales (gig online) en el mundo, que en gran medida han quedado fuera de las protecciones laborales.

El crecimiento de estas plataformas durante las últimas décadas ha abierto nuevos mercados para las empresas y creado oportunidades de empleo e ingresos, “ofreciendo cierta flexibilidad a algunos trabajadores y caracterizándose por bajas barreras de entrada”, según la OIT. Pero las condiciones a veces dejan que desear, ya que están reguladas por contratos de prestación de servicios o autónomos, en vez de ser asalariados de las empresas.

Las compañías que están detrás de las aplicaciones controlan el trabajo por encargo mediante algoritmos que asignan tareas, fijan la remuneración, evalúan el desempeño e incluso despiden a los trabajadores. Esto les permite, en muchos casos, ignorar aspectos como los requisitos de salario mínimo, la seguridad en el lugar de trabajo y el acceso a la seguridad social.

El acuerdo de la OIT tiene como objetivo ampliar las protecciones laborales a millones de personas en todo el mundo que trabajan a través de plataformas digitales, en ámbitos como el reparto de comida y los servicios de transporte. Según el texto, se aplica a todos independientemente de su situación laboral.

El convenio marca “un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas”, afirmó Lena Simet, asesora principal de justicia económica de Human Rights Watch, que siguió las negociaciones. Establecería “la primera norma mundial para proteger sus derechos y exigir responsabilidades a las plataformas de trabajo digitales”, señaló.

El convenio fue adoptado en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra. “Delegados, ¿puedo entonces considerar que la conferencia adopta el convenio en su totalidad? Adoptado”, declaró el presidente de la conferencia, Juan Castillo, mientras hacía sonar el mazo.

El texto fue aprobado por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones. Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que Argentina, Bangladesh, Reino Unido, India, Rusia y Chile están entre los que se abstuvieron.

Países como India, Bangladés y Estados Unidos estimaron que el convenio debía aplicarse de manera flexible. El representante de India llamó a preservar “la flexibilidad de los Estados miembros para diseñar y adaptar políticas en función de su contexto socioeconómico y de su desarrollo tecnológico”.

“Esto es especialmente importante para apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las start-ups”, precisó. Estados Unidos recomendó “prudencia respecto a la adopción de regulaciones vinculantes en sectores de la economía en rápida transformación”. Esto es válido para las plataformas “donde normas demasiado rígidas obstaculizan la innovación y perjudican a los trabajadores a los que se supone deben ayudar”, señaló el representante estadounidense.

El texto pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar derechos fundamentales, como “la libertad de asociación”, la negociación colectiva, “la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio” y “la abolición efectiva del trabajo infantil”. La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas, ya que sus 187 Estados miembros están representados por igual por gobiernos, empleadores y trabajadores.

Fuente: AFP.

El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.

Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.

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El incidente presentado por la defensa, menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución, ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.

Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.

Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este.

De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.

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