La Unión de Gremios de la Producción (UGP) manifestó su preocupación acerca de una normativa europea que establece la reducción progresiva hasta 2030 para el cómputo de biocombustibles derivados de la soja, la cual podría tener un efecto en las exportaciones hacia ese destino.
Se trata del borrador del reglamento delegado que mantiene la clasificación de la soja bajo el régimen de “alto riesgo” en materia de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), estableciendo una reducción progresiva hasta 2030 para el cómputo de biocombustibles derivados de esta materia prima dentro de los objetivos renovables de la Unión Europea (UE).
Desde el gremio indicaron que la UE fue históricamente un mercado relevante para este producto producido en Argentina y Paraguay, y por ello la imposibilidad de computar los biocombustibles dentro de los objetivos renovables europeos generaría un impacto estructural sobre el complejo sojero regional, alterando flujos comerciales consolidados y afectando la previsibilidad necesaria para la planificación productiva e industrial.
Además de las limitaciones metodológicas que presentaría la normativa Iluc y potenciales impactos económicos, también resulta clave considerar sus efectos sociales, particularmente en las implicancias en los ingresos de pequeños productores integrados en la cadena de valor de biocombustibles y la dinámica de desarrollo rural.
“La transición energética requiere señales regulatorias estables que promuevan inversiones de largo plazo”, mencionaron, agregando que este tipo de modificaciones que alteran sustancialmente la elegibilidad de productos ya integrados en cadenas comerciales consolidadas generan incertidumbre y afectan decisiones estratégicas de inversión.
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Diálogo birregional
Argentina y Paraguay cuentan con marcos regulatorios ambientales propios, sistemas de monitoreo satelital, legislación forestal y políticas públicas orientadas a la sostenibilidad que evolucionan permanentemente. Por ello, señalaron que resulta imprescindible abrir un espacio de diálogo técnico birregional que permita revisar los supuestos metodológicos utilizados, incorporar información nacional actualizada y contemplar desempeños diferenciados.
Según la UGP, la principal preocupación radica en la metodología utilizada para determinar el nivel de riesgo asignado a la soja. “El cálculo del factor de expansión se construye sobre agregados globales. La activación del análisis se fundamenta en la expansión neta mundial del cultivo; sin embargo, el indicador de riesgo se determina a partir de la expansión bruta concentrada en determinadas regiones, sin distinguir adecuadamente entre países con crecimiento, estabilidad o reducción de superficie”, detallaron.
“Argentina y Paraguay presentan trayectorias diferenciadas en materia de expansión; nuestros países han experimentado incrementos significativos en la productividad sin una expansión proporcional de la superficie sembrada, lo que evidencia mejoras sustanciales en la eficiencia productiva, aspecto que no ha sido adecuadamente considerado en el modelo”, puntualizaron.
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