Habló este sábado la viuda del suboficial mayor Atilio Martínez, de Pastoreo (Caaguazú), uno de los policías asesinados en Naranjito. Pidió justicia y que su muerte “no quede impune, que no vaya al oparei”, expresó en declaraciones a Telefuturo.

Doña Alice recordó a su pareja como un “papá guasu” para toda su familia. Además, destacó su carácter firme y su sentido de responsabilidad con su trabajo en las fuerzas policiales.

“Él era el papá guasu de sus hermanos porque su papá y su mamá ya fallecieron. Él nunca decía no, siempre estaba para todos nosotros, para su familia, para sus amigos. Era una persona excelente. Tenía carácter, con él era sí o no, negro o blanco”, relató.

El uniformado deja dos hijos huérfanos. “Tenemos un hijo de 6 años. Tiene otro hijo de 14 años con su expareja. Teníamos planes de tener más, quería una hija para hacerle bailar el vals decía. Nos estábamos preparando para eso”, contó la mujer.

Lamentó el difícil momento que les toca afrontar por culpa de una banda de criminales. “Es muy duro lo que nos está pasando. No le deseo a ninguna familia de la institución policial que pase por el dolor tan grande que estamos pasando”, señaló.

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Agradeció a todas las personas que se acercaron a darles su acompañamiento. “Agradecimiento infinito a sus camaradas, jefes, amigos, vecinos, porque se ve que se le quería mucho”, remarcó.

Destacó el profundo respeto que tenía por su profesión. “Él nunca habló de su trabajo, supo diferenciar su trabajo de su familia. Y pedimos justicia, que no quede impune”, recalcó.

La hermana del uniformado fallecido hizo el mismo pedido. “Como familia solamente pedimos justicia”, expresó Epifania Martínez.

Asimismo, puso énfasis en el apoyo de sus camaradas y jefes así como de amigos y vecinos, pero lamentó la ausencia de comunicación de las altos mandos de la Policía Nacional. “Hasta el momento, no recibimos ni una llamada del comandante ni de ninguna autoridad”, afirmó.

Micaela, cuñada (hermana de la viuda) del uniformado, hizo un llamado especial para los investigadores. “Lo que pasó nos dejó destrozados como familia. Solo pedimos justicia, que se aclare el hecho, que no quede en vano todo esto y que su esfuerzo, su sacrificio no sea en vano”, sentenció.

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Tras el ataque que dejó dos policías y un civil fallecidos en Canindeyú, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el Estado responderá con firmeza para identificar y capturar a los responsables. Señaló que las investigaciones avanzan bajo dos líneas principales, un posible accionar del EPP o de organizaciones del crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa que brindó desde su despacho, lamentó la pérdida de dos suboficiales de la Policía Nacional y un civil, durante el ataque al puesto policial n.º 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. Señaló que la institución se encuentra de luto ante este terrible atentado. Además, aseguró que ya están brindando toda la contención necesaria a los familiares de los fallecidos.

Confirmó que pasado las 23:15 se registró este ataque cobarde y cruel contra esta subcomisaría un grupo de personas que contaban con mayor poder de fuego, sin necesidad de búsqueda de interés económico.

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“Esto fue un ataque al Estado paraguayo y será respondido con la misma fuerza y con todo el peso del Estado y de la ley, porque este hecho no quedará impune. Lastimosamente existen este tipo de incidentes, pero ya se encuentra en el lugar el comandante de la Policía Nacional, anoche hablé con el ministro de Defensa y se le informó de inmediato al presidente de la República que nos dio todo el respaldo y vamos detrás de ellos”, enfatizó.

Informó que se activó en el lugar un inmediato rastrillaje, con apoyo de las Fuerzas Militares junto a lo mejor que se tiene en la Policía Nacional; además de llevar adelante una inspección en el lugar del atentado con el equipo de Criminalística, forenses, para un análisis de los casquillos, tomando las declaraciones del sobreviviente herido y del que logró escapar para obtener todos los datos sobre lo sucedido.

“Todavía no queremos calificar quiénes fueron los responsables del ataque, por razones de investigaciones en curso y porque también tenemos que cerrar algunos elementos que se está investigando en el terreno. Las dos hipótesis que se está manejando como posibilidad es que uno podría ser miembros del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo)”, remarcó.

Enfatizó que es una posibilidad no confirmada aún, aunque existe algunos elementos que señala a este grupo criminal, como uso de artefactos explosivos “molotov”, que ha sido un cobarde sistema para incendiar comisarías y una patrullera. La segunda cuestión que se analiza es que este grupo de atacantes llegaron a pie, ya que hasta este momento no se identificó ningún vehículo que haya transportado a estas personas.

Como terceros elementos que está siendo evaluado es que aparentemente estas personas estaban uniformadas. “No podemos hablar todavía si se trataba de uniformes camuflados. Por de pronto esperaremos a que se analicen los casquillos encontrados, las balas que fueron extraídos de los cuerpos de las víctimas, y con eso probablemente se tenga un panorama más claro”, indicó.

Mencionó igualmente, que la otra hipótesis que se maneja claro está dirigida hacia el crimen organizado; sabiendo que en el departamento de Canindeyú se han llevado a cabo fuertes golpes al crimen organizado y narcotráfico, teniendo en cuenta que recientemente cayó en la zona 9 toneladas de drogas, en un operativo conjunto y coordinado con la Prefectura Naval, las fuerzas de la Policía Nacional.

Indicó además que recientemente se llevaron a cabo intervenciones en campamentos, además de otros allanamientos que se realizaron a propiedades privadas, además de que se detuvieron a líderes que están instrumentados con el crimen organizado.

“Hace rato que estamos viniendo en una confrontación diaria y en este caso particular, lastimosamente nos tocó a nosotros. Es un mensaje que se ha dejado, y a lo mejor faltaría para saber si se trata de uno u otro grupo es el famoso panfleto que comunica algo. Pero atacar a una institución del Estado no va a quedar impune, vamos a responder con la misma fuerza y los pondremos a disposición de la Justicia y no vamos a descansar hasta que los agarremos”, remarcó.

Por otra parte, el ministro Riera reconoció que el desafío para los dos años que resta de este Gobierno, será invertir en mejorar las infraestructuras. Resaltó que si bien, cuando arrancó el proceso de transformación y mejoramiento de la Policía Nacional, lo que se priorizó fue la movilidad y comunicación, por eso las primeras inversiones fue la adquisición de 600 patrulleras nuevas y 2800 radios, 1500 motocicletas, se triplicó el número de Lince, además de la compra de chalecos antibalas.

“Nuestra deuda con la Policía Nacional y la ciudadanía es fortalecer nuestra infraestructura, hay 1200 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Este fue un puesto policial de menor rango, de los más chicos. Hay un esfuerzo y desafío para invertir en infraestructura en los próximos dos años. Además, al incorporar 15 mil policías más se complica más, ya que no se puede construir una comisaría como la que estaba, sino que se debe hacer mucho más grande”, acotó.

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“La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega más lejos“, dijo Pedro Ovelar, abogado del exmandatario y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, por su viaje a Estados Unidos para participar en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, ayer domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

“Esta es una reivindicación de la justicia, hay una sensación muy agradable de que todo se haya puesto en su lugar, después de tanta persecución, de tanta mentiras y manipulaciones que la hemos vivido tan en carne propia durante tanto tiempo y tanta sensación de impotencia“, refirió Ovelar, este lunes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Cartes fue víctima de un esquema de persecución política y económica desde el 2018 mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Hubo una serie de acciones que se originaron desde Paraguay. Realmente se siente muy bien poder ir terminando esta nefasta parte de la historia paraguaya. Después del asesinato del exvicepresidente de la República, Luis María Argaña, donde lo destruyeron físicamente y ocasionaron un daño terrible a su familia y a toda la democracia paraguaya, yo creo que la persecución a Cartes fue, en la era democrática, uno de los intentos de magnicidio en vida que se ha dado contra el expresidente”, dijo Ovelar.

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La maniobra obligó a Cartes a impulsar el 31 de julio del 2023 una denuncia penal por persecución política ante el Ministerio Público que generó que Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías (extinto), Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene sean imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La operación política, incluso motivo para que Estados Unidos, en el marco del gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo. “Acá hubo un grado de afectación hacia Horacio Cartes, su familia y detrás de toda esta angustia también a familias paraguayas a perder su fuente de trabajo. Esto fue celebrado por sus adversarios como si fuese que estaban haciendo algo bueno”, dijo Ovelar.

El abogado acotó: “No hay que olvidar por qué lo hacían. Fue desarrollado por ellos al sentir una impotencia política, buscaron la aniquilación personal y la muerte civil de una persona, así como la destrucción de todas sus empresas. No es en vano que hoy Cartes tenga el reconocimiento ciudadano a través de los votos que se manifiestan en cada elecciones, que se da porque al paraguayo le molesta la injusticia y no tolera que algo sea manipulado”.

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Una demanda presentada contra Meta reavivó un debate que preocupa cada vez más al mundo del trabajo: la posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial no solo aceleren la automatización, sino que también intervengan en la selección de los empleados que perderán su puesto.

Si hasta hace poco la gran preocupación era que la inteligencia artificial eliminara millones de empleos, ahora emerge un escenario aún más inquietante para trabajadores y empresas: que los algoritmos también sean utilizados para determinar quiénes deben ser despedidos. La denuncia presentada contra Meta alimenta ese temor y abre un nuevo frente en la creciente disputa entre tecnología y empleo.

Una noticia de la que se hizo eco el medio RT indica que un grupo de 26 exempleados inició una demanda federal en Oakland, California, en la que acusa a la compañía de haber utilizado herramientas basadas en inteligencia artificial para identificar a los trabajadores que serían desvinculados durante su reciente proceso de reducción de personal.

Según la presentación judicial, los sistemas analizaban indicadores como la actividad registrada en los equipos, el uso del teclado y diversas métricas de desempeño. Los denunciantes sostienen que ese mecanismo perjudicó especialmente a empleados que se encontraban con licencias médicas, familiares o parentales, ya que su menor nivel de actividad habría sido interpretado como un bajo rendimiento.

El caso adquiere especial relevancia porque los demandantes integran el grupo de aproximadamente 8.000 trabajadores -cerca del 10 % de la plantilla de Meta- que fueron despedidos en mayo, en el marco de la estrategia de la empresa de redireccionar mayores recursos financieros hacia el desarrollo de inteligencia artificial.

Además de reclamar indemnizaciones, los exempleados solicitaron a la Justicia que frene una nueva ronda de despidos prevista para el 22 de julio, al considerar que podrían repetirse los mismos criterios cuestionados.

La controversia trasciende a una sola empresa y pone en el centro del debate económico el papel que desempeñará la inteligencia artificial en la gestión del capital humano. Mientras numerosas compañías incrementan sus inversiones en automatización para reducir costos y ganar eficiencia, sindicatos, especialistas en derecho laboral y organizaciones de trabajadores advierten sobre los riesgos de delegar decisiones sensibles en modelos algorítmicos cuyo funcionamiento muchas veces carece de transparencia.

Meta, por su parte, rechazó las acusaciones y aseguró que la inteligencia artificial no tomó las decisiones finales sobre los despidos. La empresa sostiene que los sistemas solo aportaban información de apoyo y que la determinación definitiva correspondió a responsables humanos.

Más allá del desenlace judicial, el caso instala una pregunta que comienza a inquietar a millones de trabajadores en todo el mundo: si los algoritmos ya participan en la contratación, la evaluación del desempeño y la organización del trabajo, ¿están también a las puertas de convertirse en los nuevos árbitros de quién conserva o pierde su empleo? En una economía cada vez más digitalizada, la respuesta podría redefinir las reglas del mercado laboral durante la próxima década.