La Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), reportó que recuperó más de G. 5.800 millones a favor de los consumidores entre agosto de 2023 y febrero de 2026, en un periodo marcado por un crecimiento récord de reclamos y una mayor presión sobre las empresas para corregir prácticas comerciales.

Según datos oficiales de la propia Sedeco, en ese lapso se gestionaron más de 11.400 reclamos y se atedieron más de 26.500 consultas, con una tasa de resolución superior al 80 % en etapa reconciliatoria. Esto permitió respuestas concretas como devoluciones de dinero, reposición de productos, reparaciones y ajustes en la facturación.

En el año 2025 los reclamos se intensificaron en un 345 %, alcanzando 7.602 casos, mientras que las consultas crecieron 44 %, totalizando 11.998. En paralelo, la Sedeco duplicó su presencia en el mercado, puesto que realizó 511 fiscalizaciones, un 100 % más que en 2024 y 140 % más que en 2023. El resultado se vio reflejado en el 97 % de las empresas inspeccionadas, ya que ajustaron sus prácticas, lo que evidencia un efecto correctivo. De la misma forma entre enero y abril de 2026 se concretraron más de 140 inspecciones.

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Digitalización y control más fino

Parte de este cambio se explica por la modernización institucional. Desde febrero de 2025, la entidad implementó el sistema de Gestión de Expedientes Electrónicos “Digitalia”, desarrollado con apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) lo que permite mayor trazabilidad, transparencia y seguridad jurídica en cada caso.

Con un equipo de 62 funcionarios, la institución sostiene una demanda creciente, combinando atención ciudadana con control de mercado.

Reforma legal en marcha

El fortalecimiento institucional también apunta a lo estructural. La Sedeco avanza en la elaboración de un nuevo Código de Defensa del Consumidor, con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas y financiamiento de Fonplata.

Desde la Sedeco sostienen que la reforma apunta a fortalecer la seguridad jurídica, transparentar las reglas del mercado y elevar la competitividad del país, alineando la protección al consumidor con estándares modernos de desarrollo económico.

La reforma apunta a fortalecer la seguridad jurídica, transparentar las reglas del mercado y elevar la competitividad del país, alineando la protección al consumidor con estándares modernos de desarrollo económico.

En paralelo, la institución implementó resoluciones, entre ellas, un nuevo sistema de multas que elimina la discrecionalidad y establece criterios objetivos según la gravedad de la infracción, así como incentivos de hasta el 40 % de descuento para empresas que corrijan irregularidades y cumplan en plazo.

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