El Banco Central del Paraguay (BCP), avanza en el fortalecimiento del mercado de valores local mediante la incorporación de mejores prácticas internacionales, tras la participación de su Superintendencia de Valores (SIV) en una misión técnica en Chile. La actividad se desarrolló en la sede de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en Santiago, Chile.

De acuerdo con el BCP, la delegación paraguaya estuvo encabezada por el intendente de Supervisión, Hugo Cáceres, junto con técnicos de las áreas de supervisión y regulación. El objetivo central fue intercambiar experiencias y enfoques sobre supervisión basada en riesgos, regulación prudencial y conducta de mercado, ejes considerados cruciales para el desarrollo de un sistema financiero más sólido.

Durante la agenda de trabajo, se abordaron aspectos vinculados a la supervisión de intermediarios, emisores, infraestructuras de mercado y administradoras de fondos. Asimismo, se analizaron herramientas técnicas para el monitoreo del sistema, incluyendo la gestión del riesgo de liquidez en fondos mutuos, el procesamiento de información y el análisis macroprudencial.

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Desde la banca matriz destacaron que este tipo de instancias permite acelerar la adopción de estándares internacionales y mejorar la capacidad de respuesta del regulador ante escenarios de volatilidad o riesgos sistémicos. En un contexto donde los mercados financieros demandan mayor transparencia y previsibilidad, estos avances apuntan a reforzar la confianza de los inversionistas.

La visita técnica se enmarca en una estrategia más amplia del BCP orientada a consolidar las capacidades institucionales en materia regulatoria y de supervisión. El intercambio con organismos de referencia como la CMF forma parte de un proceso continuo de modernización del marco normativo y operativo del mercado de valores paraguayo.

En esa línea, el BCP subrayó que estas acciones contribuyen directamente a fortalecer la protección al inversionista, mejorar la transparencia y fomentar un desarrollo más ordenado y confiable del mercado de capitales.

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Durante la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados rechazó y devolvió al Senado el proyecto de ley “Que modifica el artículo 9° de la Ley N° 7264/24, Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), y sus modificatorias”.

El proyecto original, que contaba con media sanción de la Cámara Alta, pretendía que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), además de Asunción, Central y Presidente Hayes, asuma también la administración de la alimentación escolar en los departamentos de Concepción y Alto Paraná, hasta ahora gestionada por sus respectivas gobernaciones.

Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó esa pretensión e introdujo las modificaciones necesarias para que ambas gobernaciones continúen al frente de la administración del programa en sus departamentos.

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Al respecto, el diputado Miguel Del Puerto, líder de bancada de Honor Colorado, ratificó su postura a favor de la descentralización. “Hambre Cero es uno de los ejes del gobierno de Santiago Peña, y aprobar lo que proviene del Senado sería un retroceso”, sostuvo.

En tanto, el diputado colorado Roberto González también acompañó el rechazo al proyecto y abogó por una descentralización plena. Además, hizo un llamado a la reflexión para que los departamentos de Central y Presidente Hayes puedan, en el futuro, asumir igualmente la administración de los recursos del programa, actualmente a cargo del MDS.

Por su parte, el diputado Adrián Vaesken cuestionó la constitucionalidad del programa Hambre Cero, al considerar que centraliza fondos del Estado y decide discrecionalmente a quiénes beneficiar.

A su turno, el diputado colorado Hugo Meza calificó la decisión del Senado como una represalia política contra la administración del presidente Santiago Peña. “Acá vemos una vendetta política y no vamos a formar parte de ello. Es la postura de la Cámara de Diputados rechazar, rotundamente, este proyecto porque consideramos a Hambre Cero como un programa emblemático que va a ser recordado por mucho tiempo; es patrimonio de los niños y jóvenes de nuestro país”, afirmó.

Asimismo, señaló que, si existieran irregularidades en el manejo de fondos por parte de la Gobernación de Concepción, lo que corresponde es una investigación formal. “Sin embargo, en este caso ni siquiera hay una denuncia formal”, acotó.

En este sentido es importante recordar que la Cámara de Senadores había aprobado retirar la administración de los fondos de Hambre Cero a la Gobernación de Concepción, encabezada por Liz Meza, en medio de la polémica suscitada por la ostentosa fiesta de quince años celebrada por su hija en una de las zonas más empobrecidas del país.

Luego del análisis que realizó el plenario, el documento fue puesto a consideración y fue aprobado conforme al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros que sugirió algunas modificaciones.

El artículo 6° establece que la gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar en Asunción y en los departamentos de Central y Presidente Hayes estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, la administración del programa en Concepción, Alto Paraná y los demás departamentos del país recaerá en cada una de sus respectivas gobernaciones, restituyendo así la autonomía de gestión a las dos gobernaciones en cuestión.

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La Itaipú Binacional dio a conocer información precisa sobre las inversiones y las áreas que se priorizan, donde se mencionan la salud, la educación la seguridad y las obras públicas.

El mismo presidente de la República, Santiago Peña mostró en un vídeo dónde son destinados los fondos provenientes de la entidad binacional, a modo de garantizar transparencia en el uso de los recursos.

“Invertimos en obras y programas que benefician a todos los paraguayos. Los recursos obtenidos para iniciativas sociales, gracias a la exitosa negociación de la tarifa con el Brasil liderada por el Gobierno del Paraguay, se traducen en resultados de impacto para la población”, destacó una publicación de la Itaipú en su cuenta oficial de “X”.

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A su vez, el mandatario respondió a lo que usualmente comenta la ciudadanía. “Mucha gente dice dónde está la plata. Bueno, acá está la plata”, afirmó Peña y seguidamente fue detallando en números las adquisiciones con financiación de los fondos sociales.

Uno de los proyectos alude a la construcción y equipamiento de nuevos hospitales. Las cifras indican que se adquirieron 217 nuevas ambulancias, 510 patrulleras y 400 motocicletas. De esta manera el gobierno garantiza una “Policía mejor equipada” para dar seguridad interna.

Los fondos de la Itaipú también se destinaron a la construcción de puentes internacionales. En tanto en el área de la educación se otorgaron 23.800 becas para los jóvenes.

Así también fue posible el financiamiento de la planta solar flotante y la restauración de colegios emblemáticos (CNC y CTN) de Asunción.

Por otro lado se apoyó el programa de viviendas sociales y la construcción de centros de atención integral a la primera infancia.

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Cerca de USD 50 millones en inversiones, la creación de más de 1.600 nuevos puestos de trabajo y la aprobación de 25 proyectos de maquila en abril marcan el impacto inmediato de la nueva Ley de Maquila, recientemente reglamentada por el Poder Ejecutivo.

El viceministro de Industria, Javier Viveros, destacó que estos proyectos ya están en carpeta y listos para avanzar. “Cerca de USD 50 millones están esperando en inversiones, más de 1.600 nuevos puestos de trabajo y unos 25 proyectos de maquila serán aprobados este mes de abril”, afirmó a la 920 AM.

Viveros precisó que nuevas empresas se instalarán en Paraguay para producir bienes que luego serán exportados, generando empleo directo y movimiento económico. La maquila funciona como un modelo donde las firmas producen en el país aprovechando costos competitivos y beneficios fiscales, lo que atrae capital extranjero.

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El impacto no es menor. Solo en 2025, el sector generó más de USD 1.300 millones en exportaciones y empleó a más de 35.000 personas, consolidándose como uno de los principales motores industriales del país.

Según Viveros, la actualización de la ley apunta a facilitar la llegada de nuevas inversiones. “Con esta actualización le estamos dando previsibilidad a los inversores, que hace años no lo teníamos con la antigua ley”, explicó. Esto se traduce en reglas más claras y procesos más ágiles, lo que reduce la burocracia y acelera la instalación de empresas.

Para todo el 2026, se espera la llegada de alrededor de 100 nuevos proyectos, con el objetivo de superar los 40.000 empleos en el sector. A esto se suman programas de capacitación impulsados por las propias empresas, lo que también mejora las oportunidades laborales.

El desafío a mediano plazo, según el viceministro, es avanzar hacia una mayor industrialización. “Estas son etapas que buscamos superar como país y que un día podamos exportar nuestras propias marcas”, señaló.

En la práctica, la nueva ley busca simplificar trámites mediante el uso de tecnología, adaptarse a estándares internacionales y facilitar la instalación de industrias.

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