La acumulación de deudas del Estado con empresas vialeras y farmacéuticas afecta la dinámica económica y plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal, según advirtió el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.
Correa explicó que los atrasos en los pagos públicos dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que incide en la cadena económica. “Cuando el Estado se atrasa, las empresas también retrasan pagos, frenan inversiones y se vuelven más cautelosas”, afirmó. En el caso de las empresas viales, esto impacta directamente en la ejecución de obras, el empleo y la actividad de proveedores, mientras que en el sector farmacéutico incluso podría afectar el abastecimiento.
El economista sostuvo que este escenario no deriva en una crisis inmediata, pero sí genera un enfriamiento progresivo de la economía. “Es una pérdida de dinamismo que no siempre se refleja en los números agregados, pero se siente en sectores específicos”, indicó.
En paralelo, advirtió sobre el deterioro de la credibilidad fiscal en un contexto de menor recaudación. Señaló que Paraguay históricamente mantuvo una gestión ordenada, pero que la acumulación de compromisos impagos puede erosionar esa reputación. “No es solo cuánto se debe, sino qué señal se está dando. Es un tema de confianza”, subrayó.
Menor recaudación
Respecto a la caída de ingresos, Correa destacó el efecto del tipo de cambio, especialmente en Aduanas. Explicó que, aunque el volumen de importaciones no haya caído significativamente, la baja del dólar reduce el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos, afectando directamente la recaudación. “Es un impacto silencioso: la economía no se ve mal, pero el Estado recauda menos”, apuntó, sugiriendo que el ajuste debe enfocarse en el gasto.
Fatoraje surge como herramienta de corto plazo
Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consideró que puede ser una herramienta útil para aliviar la liquidez de los proveedores en el corto plazo, pero advirtió que no resuelve el problema estructural. Mencionó, además, riesgos asociados a demoras, requisitos poco claros y posibles discrecionalidades que podrían limitar su efectividad.
Asimismo, explicó que la incertidumbre en los pagos encarece el financiamiento para las empresas, un costo que finalmente se traslada al Estado a través de precios más altos o menor competencia en licitaciones. “Se puede terminar pagando más adelante lo que hoy se intenta aliviar”, afirmó.
Como alternativas, planteó la necesidad de ordenar las prioridades del gasto público, postergar erogaciones no críticas y establecer calendarios de pago previsibles. “El problema no es solo de caja, es de consistencia”, remarcó.
Finalmente, consideró que la situación actual responde tanto a menores ingresos como a una creciente rigidez del gasto, aunque enfatizó que el desafío principal está en la calidad de las decisiones. En ese sentido, interpretó el concepto de “economía de guerra” como una señal de ajuste interno del Estado más que de crisis económica, orientada a preservar el margen fiscal en un escenario más restrictivo.
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