El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), emitió el Comunicado N.° 1/2026, en el que dispone ajustes en los sistemas de liquidación de pagos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), en el marco de la implementación de la reforma de la Caja Fiscal. La medida regirá desde abril y apunta a aplicar la nueva tasa de aporte jubilatorio.
Según el documento oficial del MEF, los OEE deberán realizar adecuaciones en sus sistemas internos para prever la correcta aplicación del aporte establecido en la Ley N.° 7633/2026, que introduce cambios en el sistema de jubilaciones del sector público. Además, se instruye mantener actualizados los registros de cada cotizante y su sector de afiliación, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación vigente.
El comunicado también presenta una radiografía financiera de la Caja Fiscal al cierre del ejercicio 2025, clasificando a los sectores entre superavitarios y deficitarios, un dato crucial para entender el equilibrio del sistema previsional.
En esa línea, el MEF señala que el único sector con superávit corresponde a la administración pública y sus regímenes especiales. En contrapartida, los sectores deficitarios incluyen a magistrados judiciales, el magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y fuerzas policiales.
Desde la cartera económica indicaron que estas medidas forman parte del proceso de ajuste estructural del sistema previsional, con el objetivo de mejorar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
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Se pretende poner freno a la economía
- Víctor Pavón (*)
De contramano a las manifestaciones correctas del presidente de la República de no subir los impuestos y bajar el déficit fiscal para fortalecer el crecimiento de la economía, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio del Trabajo desean lo contrario: pretenden frenar el empleo, el comercio, la industria y la producción en general.
La DNIT insiste con un severo control a las reservas de las empresas. Desea establecer exigencias con multas y gravámenes en caso que las sociedades comerciales no utilicen sus reservas en un plazo de no más de tres años, dado que “es preciso saber qué hacen las empresas con sus recursos”.
Las reservas, y a diferencia de lo que creen los burócratas de la DNIT, son beneficios netos obtenidos por las empresas que fortalecen el patrimonio, la inversión futura y hasta pueden cubrir pérdidas. Las reservas empresariales son de sus dueños, siendo de propiedad privada garantizada en la Constitución Nacional, un “colchón” de dinero que repercute en la estabilidad y la solvencia de las sociedades.
El Ministerio del Trabajo, a su vez, pretende incorporar compulsivamente a los trabajadores informales a la seguridad social. Consideran que la informalidad puede acabarse con la inscripción automática de trabajadores y empleadores, calculando los aportes pendientes y las jubilaciones para luego aplicar las sanciones que correspondan.
No saben los del Ministerio del Trabajo que la informalidad tiene otra causa. Es la falta de capitales y de seguridad junto con el alto costo laboral. Y a diferencia de lo que cree este órgano estatal, con la inscripción masiva de empleadores y trabajadores se elevará todavía más el costo laboral y el riesgo afectando los puestos laborales existentes y los muchos que podrían crearse.
A la DINIT y al Ministerio del Trabajo les tiene sin cuidado la economía privada, su interés es la recaudación para el erario. Pretenden inmiscuirse en la economía de las empresas y personas para lograr su objetivo de más dinero para el fisco. El método que aplicarán no solo es equivocado, sino que también causará daños a las empresas, a los empleadores y trabajadores, un freno a la economía que terminará en recesión.
De igual importancia, las mencionadas intervenciones estatales no serán bien vistas por el mercado nacional e internacional. El grado de inversión se verá afectado. El cambio en las reglas de juego es una señal negativa dentro y fuera del país.
Modificar el timón institucional de la manera que pretenden la DNIT y el Ministerio del Trabajo, terminará por dañar la gestión gubernamental y a la economía que requiere de ahorro e inversión privada mediante la confianza en reglas claras, estables y predecibles.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
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Deuda pública condiciona la actividad y exige mayor previsibilidad fiscal, según economista
La acumulación de deudas del Estado con empresas vialeras y farmacéuticas afecta la dinámica económica y plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal, según advirtió el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.
Correa explicó que los atrasos en los pagos públicos dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que incide en la cadena económica. “Cuando el Estado se atrasa, las empresas también retrasan pagos, frenan inversiones y se vuelven más cautelosas”, afirmó. En el caso de las empresas viales, esto impacta directamente en la ejecución de obras, el empleo y la actividad de proveedores, mientras que en el sector farmacéutico incluso podría afectar el abastecimiento.
El economista sostuvo que este escenario no deriva en una crisis inmediata, pero sí genera un enfriamiento progresivo de la economía. “Es una pérdida de dinamismo que no siempre se refleja en los números agregados, pero se siente en sectores específicos”, indicó.
En paralelo, advirtió sobre el deterioro de la credibilidad fiscal en un contexto de menor recaudación. Señaló que Paraguay históricamente mantuvo una gestión ordenada, pero que la acumulación de compromisos impagos puede erosionar esa reputación. “No es solo cuánto se debe, sino qué señal se está dando. Es un tema de confianza”, subrayó.
Menor recaudación
Respecto a la caída de ingresos, Correa destacó el efecto del tipo de cambio, especialmente en Aduanas. Explicó que, aunque el volumen de importaciones no haya caído significativamente, la baja del dólar reduce el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos, afectando directamente la recaudación. “Es un impacto silencioso: la economía no se ve mal, pero el Estado recauda menos”, apuntó, sugiriendo que el ajuste debe enfocarse en el gasto.
Fatoraje surge como herramienta de corto plazo
Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consideró que puede ser una herramienta útil para aliviar la liquidez de los proveedores en el corto plazo, pero advirtió que no resuelve el problema estructural. Mencionó, además, riesgos asociados a demoras, requisitos poco claros y posibles discrecionalidades que podrían limitar su efectividad.
Asimismo, explicó que la incertidumbre en los pagos encarece el financiamiento para las empresas, un costo que finalmente se traslada al Estado a través de precios más altos o menor competencia en licitaciones. “Se puede terminar pagando más adelante lo que hoy se intenta aliviar”, afirmó.
Como alternativas, planteó la necesidad de ordenar las prioridades del gasto público, postergar erogaciones no críticas y establecer calendarios de pago previsibles. “El problema no es solo de caja, es de consistencia”, remarcó.
Finalmente, consideró que la situación actual responde tanto a menores ingresos como a una creciente rigidez del gasto, aunque enfatizó que el desafío principal está en la calidad de las decisiones. En ese sentido, interpretó el concepto de “economía de guerra” como una señal de ajuste interno del Estado más que de crisis económica, orientada a preservar el margen fiscal en un escenario más restrictivo.
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Mónica Recalde: “El empleo es clave para reducir la pobreza”
El mercado laboral fue determinante en la reducción de la pobreza en Paraguay durante 2025, según afirmó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, al referirse a los últimos datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La secretaria de Estado sostuvo que el empleo es un factor central para explicar la mejora en los indicadores sociales. “Aquí en Paraguay y en cualquier lugar del mundo, el tema laboral es clave para la reducción de la pobreza y eso es lo que muestran hoy los indicadores”, señaló a la 920 AM.
De acuerdo con las cifras oficiales, la pobreza total se redujo a 16,0 % en 2025, desde el 19,6 % registrado en 2024, lo que representa una caída de 3,6 puntos porcentuales en un año. Este resultado acerca al país a la meta planteada por el Ejecutivo de reducir de forma sostenida la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad.
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Recalde destacó que la generación de empleo permitió que más personas accedan a ingresos y puedan cubrir sus necesidades básicas. “Tenemos resultados bastante importantes, casi ya llegamos a la promesa del presidente”, expresó.
Precisó que la reducción de la pobreza está vinculada al mejor desempeño del mercado laboral, que registró menores niveles de desempleo y mayor dinamismo en la creación de puestos de trabajo. Esto se tradujo en un incremento de los ingresos de los hogares.
La evidencia muestra que el empleo no solo incide en la capacidad de consumo, sino que también mejora la estabilidad económica de las familias, sostuvo Recalde. A diferencia de otras políticas, el ingreso laboral permite sostener la salida de la pobreza en el tiempo.
No obstante, resaltó que el desafío sigue en la calidad del empleo. La formalización, el acceso a seguridad social y la estabilidad laboral serán factores clave para consolidar esta tendencia y evitar retrocesos en los indicadores sociales.
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Farmacéuticas: impulsan proyecto de ley para destrabar pagos
La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) presentó un proyecto de ley que busca ampliar los mecanismos de pago del Estado para cubrir deudas acumuladas con proveedores del sistema de salud, en un contexto en el que el sector reporta compromisos por encima de los USD 1.200 millones, según declaraciones de su representante, Rocío Figueroa, en comunicación con la 650 AM.
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la deuda oficial asciende a USD 1.027 millones, aunque los proveedores del gremio estiman un monto mayor, lo que evidencia una brecha que presiona la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.
Restricciones normativas y freno a licitaciones
El principal obstáculo radica en la normativa vigente, que limita la cesión de créditos exclusivamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos. Esta restricción deja fuera 102 objetos de gasto vinculados al sistema sanitario, afectando la capacidad de recuperación de capital por parte de las empresas.
Como consecuencia, varias compañías han optado por suspender su participación en licitaciones públicas, lo que compromete la provisión de insumos y medicamentos, especialmente en casos sensibles como tratamientos bajo orden judicial.
El proyecto de ley, que ingresará al Congreso para su estudio inmediato, busca corregir estas limitaciones y habilitar mecanismos más amplios que permitan a los proveedores acceder a sus pagos en condiciones más ágiles.
Impacto financiero y presión a suministro
La acumulación de deuda, sumada a la emisión de nuevas órdenes de compra, profundiza la brecha financiera del sector, generando un efecto dominó en la cadena de suministro sanitario.
En este contexto, la Cripfa ya remitió la documentación técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su validación formal, en busca de acelerar una solución estructural.
Además, los gremios solicitaron un tratamiento legislativo urgente tras la Semana Santa, considerando el riesgo creciente de interrupciones en el abastecimiento hospitalario.
Próxima reunión para definir salida financiera
Como parte de la hoja de ruta, las autoridades nacionales convocaron a una reunión para el próximo 7 de abril, cuando se analizará el impacto financiero real de la deuda en la provisión de servicios de salud.
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