La encuesta permitirá ordenar impactos y asegurar inversión del proyecto de ampliación.

El censo socioeconómico del proyecto de mejoramiento y ampliación de la ruta PY01, en el tramo entre Cuatro Mojones y Quiindy, entra en su etapa final y se consolida como una pieza clave den­tro del esquema de Alianza Público-Privada (APP) que impulsa esta obra estratégica.

Más allá de ser un releva­miento técnico, este proceso cumple una función central en la viabilidad económica y social del proyecto. El levan­tamiento de datos permite identificar viviendas, comer­cios y actividades producti­vas que podrían verse afec­tadas por la intervención, lo que resulta fundamental para definir compensacio­nes, mitigar impactos y evi­tar conflictos durante la eje­cución.

En proyectos bajo modalidad APP, este tipo de información es crítica. La previsibilidad social reduce riesgos para los inversores y el Estado, ya que permite anticipar costos asociados a reubicaciones, indemnizaciones y medidas de acompañamiento.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) explican que un censo bien ejecutado no solo protege a la población, sino que también asegura que el proyecto avance sin interrup­ciones que puedan encarecer la obra o retrasar su crono­grama.

La ruta PY01 es uno de los corredores más importan­tes del país, con un tránsito diario de más de 34.000 vehí­culos, muy por encima de su capacidad actual. La amplia­ción permitirá duplicar esa capacidad hasta unos 50.000 vehículos por día.

El censo socioeconómico del proyecto de mejoramiento y ampliación de la ruta PY01, en el tramo entre Cuatro Mojones y Quiindy, entra en su etapa final y se consolida como una pieza clave dentro del esquema de Alianza Público-Privada (APP) que impulsa esta obra estratégica.

Más allá de ser un relevamiento técnico, este proceso cumple una función central en la viabilidad económica y social del proyecto. El levantamiento de datos permite identificar viviendas, comercios y actividades productivas que podrían verse afectadas por la intervención, lo que resulta fundamental para definir compensaciones, mitigar impactos y evitar conflictos durante la ejecución.

En proyectos bajo modalidad APP, este tipo de información es crítica. La previsibilidad social reduce riesgos para los inversores y el Estado, ya que permite anticipar costos asociados a reubicaciones, indemnizaciones y medidas de acompañamiento.

Leé también: Petropar garantiza precios estables de combustibles hasta después de Semana Santa

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) explican que un censo bien ejecutado no solo protege a la población, sino que también asegura que el proyecto avance sin interrupciones que puedan encarecer la obra o retrasar su cronograma.

La ruta PY01 es uno de los corredores más importantes del país, con un tránsito diario de más de 34.000 vehículos, muy por encima de su capacidad actual. La ampliación permitirá duplicar esa capacidad hasta unos 50.000 vehículos por día, mejorando la logística, reduciendo tiempos de traslado y optimizando el costo del transporte, factores clave para la competitividad económica.

En ese contexto, el componente social cobra especial relevancia. La APP no solo implica financiamiento privado, sino también estándares más exigentes en gestión de impactos. Por eso, el censo se convierte en una herramienta que permite ordenar el proceso, garantizar derechos y, al mismo tiempo, dar seguridad a los actores involucrados.

Se estima que unos 2,6 millones de personas se beneficiarán directamente de esta obra, especialmente en los departamentos Central y Paraguarí, con impactos indirectos en otras zonas productivas del país.

Te puede interesar: Paraguay apunta a liderar el mercado de carbono y atraer inversiones con foro internacional

Insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanismos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) destacó el anuncio del Gobierno de asumir los intereses genera­dos por las deudas con el sec­tor, una medida que apunta a aliviar la carga financiera de las empresas y avanzar en la regularización de pagos pen­dientes.

Desde el gremio valoraron esa decisión, señalando que representa un paso impor­tante en medio de la situación que atraviesan las construc­toras. “Se valora la impor­tancia de estos anuncios”, indicaron, aunque remar­caron que será clave que las medidas se implementen de manera efectiva.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanis­mos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los com­promisos asumidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que los intereses asociados al meca­nismo de cesión de deuda (fac­toring) serán cubiertos por el Estado. Este esquema es uti­lizado por las empresas para adelantar el cobro de certi­ficados de obra, por lo que la decisión busca reducir el impacto financiero que gene­ran los atrasos en los pagos. Además, el Gobierno tam­bién definió cómo se aborda­rán los intereses acumulados correspondientes a deudas de periodos anteriores, que representan un monto impor­tante para el sector. En este caso, se prevé su cancelación mediante la emisión de bonos, como parte de una estrategia diferenciada para ordenar estos pasivos.

La ministra de Obras Públi­cas, Claudia Centurión, explicó que estas medidas responden a las limitacio­nes presupuestarias actua­les. Recordó que el 2025 cerró con USD 221 millones desti­nados al sector, mientras que el PGN 2026 contempla unos USD 600 millones para obras, dentro de una cartera cercana a USD 1.000 millo­nes. “No alcanza para cubrir todo, por lo que se recurre a otros instrumentos financie­ros”, señaló.

Para Capaco, más allá del anuncio, el foco ahora está en la ejecución. El gremio subrayó que la transparencia y la implementación efectiva serán determinantes para recuperar la confianza y sos­tener la actividad en el sector de la construcción, que viene siendo afectado por los atra­sos en los pagos.

MOPC proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

El puente de la Bioceánica sobre el río Paraguay registra un avance físico-financiero del 82,58 % al cierre de febrero y se encuentra actualmente a solo 70 metros de lograr la unión física en la frontera chaqueña entre nuestro país y Brasil. El Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

Además de la construcción de un tramo de 3,8 kilóme­tros que conecta la Ruta Bioceánica (PY015) con el puente, la estructura permi­tirá unir a Carmelo Peralta (Paraguay) con Porto Mur­tinho (Brasil), facilitando el intercambio comercial y el desarrollo económico y social de la región, según explicó el ingeniero René Gómez, superintendente de obras del consorcio PYBRA, firma encargada de llevar adelante la construcción.

Estas obras complemen­tarias están a cargo de la empresa nacional Tecnoe­dil, integrante del consorcio PYBRA y actualmente ya se están realizando los trabajos de movimiento de 600.000 metros cúbicos de suelo. La obra también destaca por el gran impacto social que está generando en el Chaco, puesto que muchos pobla­dores de Carmelo Peralta y zonas aledañas están traba­jando, ya sea directa o indi­rectamente en el proyecto, brindando servicios y la logística que se requiere.

Se prevén más obras com­plementarias dentro de la ciudad de Carmelo Peralta, tales como el mejoramiento de la doble avenida y la cons­trucción de un parque lineal, el cual servirá como mira­dor al puente de la Bioceá­nica que es financiado por Itaipú con una inversión de G. 125.952.948.959. Luego de finalizar la unión, se deben llevar a cabo las pruebas de carga, así como el tensiona­miento de los cabos de atirantamiento; además de otros trabajos complementarios, como la losa del vano lateral que está sobre la tierra.

La Cámara de Diputados debe analizar en plenaria el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Patrulla Caminera.

Como primera medida, los miembros de la Comisión de Obras decidieron invitar a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Patrulla Caminera, para analizar la propuesta legislativa.

El proyecto, impulsado por el diputado colorado Germán Solinger, busca garantizar condiciones jubilatorias dignas para el personal operativo, reconociendo el riesgo de sus funciones.

El conflicto radica en que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ley actual no contempla los aportes realizados por los inspectores con anterioridad a la creación de su Carta Orgánica, lo que dificulta su reconocimiento dentro de la Caja Fiscal.

Te puede interesar: Peña respalda a Juan Carlos Baruja y destaca los logros de su gestión

Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Obras, Benjamín Cantero, resolvió convocar al director de la Caminera y a su equipo jurídico para unificar criterios.

Los legisladores acordaron además convocar en 15 días a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

En dicho encuentro se abordará el régimen de peajes y otros proyectos viales, como el asfaltado del tramo que une Yatytay con el Salto Tembey, en el departamento de Itapúa.

Leé también: El TSJE y el Ministerio de Defensa coordinan acciones con miras a los comicios