El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, acompañado de los líderes de bancadas, confirmó que convocarán al plenario a una sesión extraordinaria mañana martes, para tratar el proyecto de Ley de Reforma de Caja Fiscal. Mencionó que la decisión de tratarlo mañana mismo fue en respuesta al pedido de los docentes.

Durante una conferencia de prensa, tras la reunión que mantuvieron este lunes, en la que recibieron a los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a los representantes de los diferentes gremialistas docentes, confirmó que recibieron la solicitud de llevar a cabo una sesión extraordinaria mañana y aprobar la versión del proyecto del Senado.

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“Después de analizar con los colegas de las bancadas A y B del Partido Colorado, hemos tomado la decisión de convocar a una sesión extraordinaria para mañana a las 10 de la mañana para abordar la reforma de la Caja Fiscal. Somos conscientes de la necesidad de avanzar con una reforma. Entendemos que la versión del Senado es la que ha logrado generar mayores consensos y a pedido de los gremios que nos han visitado, estamos manifestando nuestra posición a favor del tratamiento del día de mañana y de acompañar la versión del Senado”, precisó Latorre.

Asimismo, señaló que coincidieron con los gremios de educadores en el espíritu de avanzar, de tal modo a no afectar más al desarrollo de las clases, que los docentes puedan estar en las escuelas enseñando a los niños; que los alumnos sigan recibiendo el beneficio y que les corresponde, que es un derecho universal, que tiene que ver con la educación y la alimentación escolar.

“El gran desafío es fortalecer los vínculos y mejorar los canales de diálogo. De hecho, que una de las conclusiones de esta reunión fue justamente esa, establecer un canal de diálogo directo y más fluido, mirar hacia una reforma integral y hacia otros aspectos de la vida del docente, de la formación docente, determinadas reivindicaciones que los docentes merecen”, concluyó.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, participó del foro “Diálogo Público-Privado: de la Política a la Inversión”, que se llevó a cabo en el marco de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el mencionado espacio se discutió el impacto y las implicancias que tendría para la región el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y, en esta línea, Ramírez resaltó que este momento lo encuentra en un punto histórico de su carrera, ya que desde el inicio de las tratativas para la firma del acuerdo viene trabajando muy de cerca para su puesta en marcha.

“Iniciamos la aventura para la construcción de una integración comunitaria que es la más grande del planeta. Y me ocupo como canciller finalmente de suscribir este acuerdo. Es uno de los acuerdos que nos va a permitir abordar el 95 % de los productos de la Unión Europea y del Mercosur en un proceso de grabación gradual que va a permitir mejores condiciones para los accesos”, resaltó el Ramírez.

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El mismo reconoció que el proceso de integración, si bien se dará de manera gradual, ocupa que todos los países interesados colaboren para que los temas centrales puedan ser tratados de la manera más eficiente posible y que así los beneficios se vean en el plazo más corto posible.

“Acá no solo estamos hablando de la construcción del desarrollo del comercio, de las inversiones, estamos hablando de la amplia oportunidad de innovación, de transformación productiva, pero, por sobre todas las cosas, del crecimiento del desarrollo humano. Las personas están en el centro de nuestras capacidades”, comentó el ministro.

Igualmente, precisó que los organismos de acreditación de certificación son clave en este proceso, ya que deben ser vinculadas cuestiones que atañen a las aprobaciones sanitarias, fitosanitarias, entre otras, las cuales son fundamentales.

En este contexto, señalo que la cooperación, en primer lugar, debe darse intramercosur, ya que aún existen algunos debates, como la distribución de los contingentes y cuestiones inherentes a la implementación, que deben ser analizados por los gobiernos de los distintos países.

“Uno de los efectos más importantes de este acuerdo Mercosur-Unión Europea es que va a obligarnos a integrarnos mucho más profundamente, obligándonos a coordinar más sustantivamente las cuestiones vinculadas a las medidas que hacen a la certificación de nuestros productos”, precisó Ramírez.

Subrayó además la idea de que el Mercosur no constituye una amenaza para Europa; al contrario, es una oportunidad extraordinaria para que la tecnología y la innovación europea puedan concentrarse en desarrollar y desplegar todo el potencial que hoy ofrece el Mercosur.

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El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, defendió el acuerdo de Estatuto de las Fuerzas (SOFA) firmado entre Paraguay y Estados Unidos, ante el posicionamiento del gobierno del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que califica la declaración como un riesgo de invasión militar extranjera. El alto funcionario de Estado aseguró que a través del mecanismo Paraguay potenciará su sistema de seguridad para una colaboración más efectiva con los países de la región.

“El convenio nos fortalecerá, de eso no hay dudas, porque nos dará mejores condiciones en entrenamiento, donaciones y facilitará la compra de elementos de seguridad", refirió al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El vecino país expresó su preocupación ante la posible incursión de militares norteamericanos en las zonas fronterizas. “La declaración insta a que los países trabajemos juntos en contra del crimen organizado, no constituye ningun peligro para un país vecino, sino que es una garantía incluso para ellos, que a partir de ahora en nosotros encontrarán un mejor equipamiento de nuestras fuerzas”, indicó.

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“Todos los países debemos unirnos para enfrentar estos flágelos. Ningún militar americano que venga para entrenarnos o capacitarnos entrará al Paraguay, sin antes tener la autorización del Congreso que es solicitado vía Ministerio de Defensa y la presidencia de la República", aclaró.

Desde el gobierno de Santiago Peña se aclaró que el convenio firmado el pasado 15 de diciembre en Washington D. C. no autoriza el establecimiento de bases militares permanentes ni implica operaciones de combate conjuntas; y que toda actividad debe ser previamente autorizada por las autoridades locales.

El acuerdo detalla que entre las actividades de cooperación, el personal podrá realizar entrenamientos militares, ejercicios combinados, asistencia humanitaria, respuesta a desastres naturales y cooperación en la lucha contra el crimen organizado.

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Cañicultores sufren las consecuencias del frustrado proyecto de nuevo tren de molienda de Petropar en Troche.

Administración de Petropar del gobierno Abdo Benítez heredó un terraplén y un tinglado a los cañicul­tores de la zona de Mauricio José Troche, pero pagó alre­dedor de USD 6 millones por fallido tren de molienda. Mientras productores sufren las consecuencias, contratis­tas implicados en negociado especulan con cobros mul­timillonarios a la petrolera estatal.

Mientras los cañicultores sufren las consecuencias del frustrado proyecto de nuevo tren de molienda de Petro­par en Troche que el propio Mario Abdo Benítez prome­tió en su gobierno, sus contra­tistas amigos siguen inten­tando exprimir a la petrolera, pese a que incumplieron pla­zos, procedimientos y perci­bieron cobros multimillona­rios por una obra que avanzó mínimamente.

Abdo Benítez heredó enorme problema social en la mencio­nada zona de influencia de la petrolera estatal, su gobierno benefició a contratistas que no honraron el contrato y el conflicto se profundiza con requerimientos económicos a la empresa estatal que supe­ran toda lógica.

Cabe recordar que el gobierno de Abdo adjudicó la construc­ción de un tren de molienda por USD 28 millones a Inge­niería SA (EISA) que, el aná­lisis de una auditoría detectó precios totalmente sobrefac­turados. La construcción no vale más de USD 10 millones, pero enchufaron el triple a la empresa estatal en conniven­cia con empresas amigas.

El gobierno de Abdo debía ter­minar la obra en 12 meses, es decir, la misma debía estar inaugurado en diciembre del 2022. El contrato incli­nado hacia los intereses de la contratista, de entrada le ase­guró el cobro de un anticipo de USD 6 millones, con este monto dejaron un terraplén en la planta.

Por pedido del mismo Mario Abdo ingresa la empresa 8A como responsable del con­trato, porque las expectati­vas en su candidato Arnoldo Wiens le tenían confiado para disponer de recursos a su fiel estilo discrecional. Sin embargo, los resultados per­didosos de las elecciones del 2023 los dejó sin la lapicera para seguir ordeñando la ins­titución.

Al asumir la nueva adminis­tración, Petropar detectó una serie de irregularidades con una auditoría que fue­ron enviadas al Ministerio Público y se procedió a res­cisión del contrato.

El incumplimiento fue ale­voso, pero aun así los contra­tistas huérfanos del poder político anterior continua­ron con insistentes intentos para que los nuevos adminis­tradores de Petropar se pres­ten a la recepción de equipos, maquinarias, pese a que esta­ban inmersos en un montón de desprolijidades.

El acoso fue y es tal que, cual­quier documento que firmen los actuales responsable de Petropar pueden avalar el pago de USD 26 millones, inversión que las contratis­tas aducen haber realizado. Con este monto, el costo del proyecto fallido se incremen­tará de manera escandalosa.

Considerando el pago de USD 6 millones (G. 39.000 millo­nes) abonados en el período Abdo, más los USD 26 millo­nes que los contratistas dicen tener invertidos en maqui­narias en depósito, el tren de molienda terminará costando USD 32 millones, esto sin con­tar gastos extras, regulacio­nes impositivas, adendas, etc.

Es importante subrayar ade­más que los costos por las supuestas inversiones realiza­das en adquisición de piezas no se traducen propiamente al con­trato adjudicado, ya que Petro­par contrató un proyecto no la provisión de piezas ni maquina­rias sueltas o por unidad.

Petropar hoy se encuentra en una difícil situación. No puede avanzar en la licitación para la construcción de una nueva molienda, porque la empresa adjudicada inicialmente inter­puso una medida cautelar que impide el proceso licitatorio. Por cierto, este llamado tran­cado por vía judicial, sincera los costos ya que estima un monto de USD 9 millones a USD 10 millones de la cons­trucción, sin embargo, la ante­rior administración licitó por USD 28 millones cifra que sube a USD 32 millones con los requerimientos que vienen planteando.