El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, se refirió a la situación del sector de la construcción y al diálogo que se mantiene con autoridades del Gobierno y del Congreso para abordar los desafíos financieros que enfrentan algunas empresas por la deuda acumulada con el sector.
Según explicó a Universo 970 AM/Nación Media, el pasado 12 de febrero representantes de Cavialpa y de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y con legisladores.
El objetivo fue analizar alternativas que permitan mejorar las condiciones financieras para las empresas que trabajan en proyectos de infraestructura. Cabe recordar que días atrás el MEF autorizó el desembolso de G. 2.000 millones al Ministerio de Obras para saldar una parte de la deuda.
Sarubbi señaló que en ese encuentro se discutieron diferentes mecanismos que podrían ayudar al sector, entre ellos el factoraje, una herramienta financiera que permitiría a las empresas obtener liquidez a partir de facturas pendientes de cobro por obras ejecutadas para el Estado.
El titular de Cavialpa también se refirió a la situación de una empresa del rubro que recientemente solicitó convocatoria de acreedores, un proceso legal que permite reorganizar deudas mientras la empresa continúa operando. Sin embargo, explicó que para las constructoras que trabajan principalmente con el Estado esta situación puede generar dificultades adicionales.
“Cuando una empresa entra en convocatoria de acreedores, puede seguir operando y negociando con sus acreedores. Pero en el caso de una constructora que trabaja con el Estado, los pliegos de licitación establecen que una empresa en esa condición no puede presentarse a nuevas licitaciones”, indicó.
Sarubbi también abordó el debate sobre los ajustes en los contratos de obras públicas. Explicó que la legislación paraguaya permite ampliaciones de hasta el 30 % sobre el monto original cuando surgen necesidades adicionales durante la ejecución de los proyectos.
“Muchas veces los proyectos iniciales tienen deficiencias o aparecen obras complementarias que no estaban previstas. La ley permite ampliaciones, pero estas deben estar plenamente justificadas y certificadas”, señaló.
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