La Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes) expresó su rechazo al proyecto de ley que se encuentra en estudio en el Senado y que propone establecer un día libre remunerado para los trabajadores en ocasión de su cumpleaños.

A través de un comunicado, el gremio advirtió que esta iniciativa podría generar impactos negativos en las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen uno de los principales motores del empleo en el país.

El documento sostiene que, aunque la propuesta tiene una intención social positiva, no considera la realidad económica del sector productivo, especialmente la de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que operan con márgenes financieros más reducidos que las grandes empresas.

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Según el gremio, imponer nuevas obligaciones laborales de manera uniforme puede afectar la sostenibilidad de muchas empresas que ya enfrentan limitaciones de financiamiento y productividad.

Fedemipymes también advierte que en los últimos años se ha observado una tendencia a incrementar gradualmente los costos laborales obligatorios, a través de nuevas disposiciones legales como la incorporación de feriados adicionales y ampliaciones de beneficios.

Desde la perspectiva del gremio, estas medidas generan un efecto acumulativo que puede afectar la competitividad empresarial, reducir la generación de empleo formal e incluso desincentivar la formalización de pequeños negocios.

Otro punto central del manifiesto es que la iniciativa podría generar una desigualdad normativa indirecta, ya que aplicaría las mismas obligaciones a empresas de tamaños y capacidades económicas muy diferentes.

“Esta falta de diferenciación puede perjudicar particularmente a las micro y pequeñas empresas, donde cualquier aumento de costos tiene un impacto proporcionalmente mayor que en compañías de gran escala", argumentan.

En ese sentido, la federación plantea que los beneficios laborales adicionales deberían surgir a partir de acuerdos entre empleadores y trabajadores, dentro de cada empresa o sector, y no mediante una imposición legal general. Según el manifiesto, este tipo de decisiones debería adaptarse a la realidad económica de cada organización y a su capacidad de cumplimiento.

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