El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inicia la semana con un nuevo desembolso destinado a proveedores y acreedores del Estado. A través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), la cartera económica transferirá G. 209.313 millones, correspondientes a compromisos financiados con la Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro.

El pago contempla el procesamiento de la totalidad de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio, dando continuidad al cronograma habitual de desembolsos que realiza el Tesoro Nacional.

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Con esta operación, el Gobierno busca mantener el flujo de pagos a empresas proveedoras y acreedores del sector público, permitiendo el cumplimiento de obligaciones asumidas por las distintas instituciones estatales y contribuyendo a la liquidez de las firmas que prestan bienes y servicios al Estado.

El mecanismo de las STR constituye el procedimiento mediante el cual los organismos públicos solicitan al Tesoro la transferencia de recursos para cancelar compromisos previamente autorizados. Una vez verificadas las solicitudes, la DGTP procesa los pagos conforme al orden de presentación y a la disponibilidad de fondos.

Desde el MEF señalaron que este esquema de desembolsos se desarrolla de manera permanente, con el objetivo de garantizar previsibilidad en el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado y dar continuidad al funcionamiento de la administración pública.

Las empresas interesadas pueden verificar el detalle de las transferencias a través del Calendario de Pagos a Proveedores, disponible en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. La información también puede consultarse en la plataforma de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dentro del apartado de pagos, así como en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE).

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• Jimmi Peralta
• Fotos: Gentileza

La apuesta a proyectos de negocios por parte de particulares ha cobrado impulso en las últimas dos décadas. En la actualidad, esta forma empresarial tiene un papel destacado dentro del entramado económico de Paraguay y del mundo. Sin embargo, a pesar de su creciente protagonismo persisten barreras que provocan una mortalidad temprana por falta de preparación técnica, informalidad y creación de negocios por necesidad más que por oportunidad.

El emprendedurismo es algo que en los últimos años se presenta no solo como propuesta de iniciativa privada, sino como un imaginario que excede los límites de la misma empresa.

El actor encargado de llevar a la realidad estas ideas es el emprendedor, es el sujeto que materializa proyectos de negocios, que pueden ser de producción, servicios, comercio, etc. Su denominación se distancia, sin que se sepa muy bien por qué, del empresario y del trabajador dependiente, con quien sí tiene una marcada y explícita diferencia.

El estilo de vida actual apuesta de manera creciente a modelos de trabajo que se definen como independientes porque no forman parte de una cadena mayor de producción, aunque muchas veces esto podría solo ser una ilusión. En ese marco es que los denominados independientes, los freelance y los pequeños comerciantes y prestadores de servicios del presente muchas veces se arropan bajo la nomenclatura de emprendedores.

Para conocer mejor el presente de este modelo de negocios en Paraguay, La Nación/Nación Media conversó con Romina da Re, quien tiene a su cargo la Dirección Nacional de Emprendedurismo, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). La funcionaria compartió sus apreciaciones y datos basados en los registros del Viceministerio de Mipymes de la mencionada cartera.

–¿Cuáles son las características que diferencian al emprendedor de otros conceptos de modelos o actores empresariales?

–La Ley n.° 5669/2016 define al emprendedor como aquella persona con una idea de negocio, desde su concepción hasta una etapa temprana de hasta dos años de actividad. Mientras que, según metodología GEM, usada como referencia técnica internacional, emprendedor es la persona con una idea de negocio en etapa naciente o con un negocio nuevo de hasta 42 meses, mientras que empresario es el propietario de un negocio establecido, con más de 42 meses de funcionamiento continuo. La Ley n.° 4457/2012, modificada por la Ley n.° 7444/2025, es la que regula a las mipymes por categoría de tamaño (micro, pequeña, mediana), en función de la facturación anual y el personal ocupado, independientemente de la etapa o motivación del negocio. El Viceministerio de Mipymes se rige, en consecuencia, por dos leyes. Por otra parte, el cuentapropista es un trabajador independiente que genera ingreso propio sin necesariamente constituir una unidad económica formalizada.

–¿Existe un banco de datos que sirva de insumo de análisis de la situación del emprendedurismo en el país?

–Sí. El país cuenta con varias fuentes que, combinadas, permiten construir un análisis del sector. A nivel del Viceministerio de Mipymes está el Observatorio de Mercado, que produce y publica informes sectoriales periódicos. Entre ellos, el Boletín de Formalización de Mipymes, de frecuencia anual, y estudios complementarios, como el de participación de las mipymes en las exportaciones nacionales. También están el Registro Nacional de Mipymes, donde se categorizan todos los emprendimientos en micro, pequeña y mediana empresa; la Base de Datos de Mipymes que releva número, composición, rubro y empleo generado por las unidades económicas del sector. A nivel de estadística nacional están el Directorio General de Empresas y Establecimientos y la Encuesta Permanente de Hogares Continua; mientras que a nivel internacional se tiene el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y el Índice de Políticas Públicas para Pymes de América Latina y el Caribe (IPPALC).

–¿Cuál es la situación del emprendedurismo a nivel nacional?

–El Censo Económico Nacional 2002 enumeró un total 272.259 mipymes, mientras que nuestra Base de Datos de Mipymes refiere, al cierre de 2023, un total de 450.167 mipymes, 23 % más que el año anterior. Al cierre del primer semestre de 2026, la cifra alcanza a 492.501 mipymes registradas, con 50.083 cédulas mipymes expedidas en el semestre. Territorialmente, en el departamento Central se registraron 140.256, en Asunción 86.030, en Alto Paraná 55.525, en Itapúa 28.605 y en Caaguazú 20.772.

–¿Cuál es su correlato a nivel regional?

–El Índice de Políticas Públicas para Pymes de América Latina y el Caribe (IPPALC) de 2024 es la primera medición formal que ubica a Paraguay en un ranking comparado con otros nueve países de la región en ocho dimensiones de política pública de fomento a las pymes. Este permitió identificar brechas específicas de competitividad. Comparado con países que sostienen mediciones GEM anuales (Ecuador, entre otros), Paraguay no cuenta con una serie continua propia en ese estudio, lo que limita la comparabilidad año a año en indicadores de percepción de oportunidades e intención emprendedora.

–¿Existe algún rubro en el que el paraguayo sea más afín a emprender?

–El Boletín de Formalización 2023 señala que la actividad económica predominante fue comercio, seguida de servicios, sector primario y sector secundario. Por su parte, el DIRGE 2025 (datos 2024) señala que servicios (196.426 empresas) pasó a ser el sector con mayor cantidad de mipymes, seguido de comercio (169.342) e industria (54.341).

–Con relación a la subsistencia de los proyectos, ¿cómo estamos en Paraguay?

–El MIC identifica el fenómeno conocido como “valle de la muerte”. Los dos primeros años desde el nacimiento de un emprendimiento, periodo en el que el acceso a financiamiento es limitado y la probabilidad de cierre es alta. Según Asomipymes, en el interior del país los emprendimientos suelen abrirse con facilidad, pero cierran dos o tres años después por falta de planificación y de estructura de sostenibilidad. Un análisis reciente del sector atribuye la mortalidad temprana a la combinación de inexperiencia, informalidad y creación de negocios por necesidad más que por oportunidad.

–¿Cuál es la participación del sector respecto a la mano de obra empleada?

–La Encuesta Permanente de Hogares Continua refiere que en el primer trimestre de 2026, un total 2.460.186 personas (15 años y más) fueron ocupadas en mipymes, cifra equivalente al 76,8 % de la población ocupada del país. Desagregado por tamaño, 63,7 % en microempresas, 9,3 % en pequeñas, 3,8 % en medianas (sobre el total de ocupados del país). Las empresas grandes explican el 12,7 % del empleo total. En términos territoriales, 1.708.503 de trabajadores de mipymes residen en zonas urbanas y 751.683 en zonas rurales. La microempresa predomina en ambas áreas, con mayor intensidad en el campo (87,6 %) que en la ciudad (81 %).

–¿Existen incentivos, beneficios impositivos, tarifarios especiales y/o políticas de financiamiento que ayuden a los emprendimientos?

–Por el lado de la reducción de la burocracia, la Ley n.° 7444/2025 favorece la formalización mediante la inscripción automática en el Renamipymes con la sola alta en el RUC, también se tiene la emisión inmediata y gratuita de la Cédula Mipymes digital. Se logró la interconexión en tiempo real con la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) y faltas formales leves pueden subsanarse con capacitación en lugar de multas. También se tiene un Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), que centraliza trámites y reduce plazos. Respecto a los beneficios impositivos, se logró la exoneración impositiva total de servicios de calificación y registro de organismos del Gobierno central y entidades descentralizadas para microempresas durante los primeros tres años desde la emisión de la Cédula Mipymes. Además, el descuento del 75 % (micro) y 50 % (pequeña) desde el cuarto año en tasas y aranceles de servicios del Gobierno central, entidades descentralizadas, gobiernos departamentales y municipios, incluida la patente comercial municipal. Otra facilidad es el régimen laboral diferenciado: la base imponible de aportes al IPS es del 80 % del salario mínimo legal durante los primeros 36 meses para trabajadores y propietarios de micro y pequeñas empresas; contratos a plazo determinado de hasta 36 meses y trato preferencial en contrataciones públicas para empresas formalizadas.

–¿Qué oportunidades tiene actualmente el emprendedor paraguayo?

–El emprendedor en Paraguay tiene un marconormativo renovado, crecimiento sostenido del financiamiento formal canalizado por AFD y Fogapy, digitalización de trámites, el ecommerce Lab Paraguay, el acceso a mercados mediante la actualización del Registro del Exportador y muchas otras más.

–La insuficiente formación en manejo de empresas ¿es un problema? ¿Cómo interviene el Estado?


–El diagnóstico del sector atribuye la mortalidad temprana de las mipymes, en parte, a la falta de preparación técnica en gestión, combinada con informalidad y creación de negocios por necesidad más que por oportunidad. Para afrontar ese problema se creó el Small Business Development Center, la Red Paraguay Emprende, capacitaciones, sensibilizaciones y formación en empendedurismo.

492.501 mipymes registradas

50.083 cédulas mipymes expedidas

598 mipymes incorporadas al programa Hambre Cero

41 mipymes beneficiadas por el PCM con G. 2.280 millones no reembolsables.

El conflicto que surge sobre cómo cancelar la deuda histórica que el Estado mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) suma una nueva propuesta. El asesor de la previsional, Carlos Pereira, planteó utilizar la figura jurídica de la dación en pago, mediante la cual el Estado transferiría hospitales públicos a la entidad en compensación por parte de la deuda acumulada, evitando recurrir a una nueva emisión de bonos.

Esta alternativa nace en medio de la discusión sobre el saneamiento financiero de la previsional. Días atrás, la institución anunció que busca reprogramar parte de su deuda financiera a diez años con el objetivo de liberar recursos para fortalecer la compra de medicamentos y mejorar la disponibilidad de insumos en los servicios de salud.

En ese contexto, Pereira sostuvo que el Estado dispone de bienes que podrían utilizarse para cancelar sus obligaciones con la previsional. “Soy partidario de no pedir emisión de bonos por parte del Estado. Hay que buscar otros mecanismos”, afirmó a la 1020 AM.

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Como alternativa, propuso que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) transfiera al IPS los hospitales que actualmente utiliza y que pertenecen al Estado, siempre que el valor de tasación de esos inmuebles represente el monto de la deuda histórica.

La dación en pago es un mecanismo previsto en el derecho civil mediante el cual un deudor extingue una obligación entregando un bien distinto al dinero originalmente adeudado, siempre que ambas partes acepten esa modalidad de pago.

En este caso, implicaría que el patrimonio inmobiliario sustituya parcialmente el desembolso de recursos financieros. Según Pereira, una vez regularizada esa deuda histórica, podría establecerse una nueva relación financiera entre el IPS y el Estado, basada en reglas claras y coordinada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Está propuesta abre un nuevo debate sobre las alternativas para fortalecer la situación financiera del IPS sin incrementar el endeudamiento público mediante emisiones de bonos, y al mismo tiempo, busca dar una salida a una obligación que se arrastra desde hace años.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso de consolidación del nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.

El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el RUN constituye una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.

La transferencia forma parte del proceso iniciado en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro comenzaron a pasar al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.

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Durante el encuentro también participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.

Lovera destacó que el funcionamiento del RUN tendrá un impacto que trasciende el ámbito administrativo. “En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay”, afirmó.

Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles, con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y reducir los tiempos de gestión.

Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios.

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