El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) actualizó las cifras de las inversiones en el marco de la Ley N° 7.548/2025 del “Nuevo Régimen de Incentivos Fiscales para la Inversión Nacional y Extranjera” (ex 60/90), más conocida como Ley de Inversiones. Al quinto mes de 2026, fueron aprobados proyectos por valor de USD 323 millones, lo que representa un incremento del 29 %, en comparación al mismo periodo del año anterior, es decir de enero a mayo.

En el mes de mayo, el valor de las inversiones proyectadas llega a los USD 140,3 millones, lo que representa el potencial empleo para 557 personas. En este sentido, sobresale una apuesta en el sector de vidrios y sus manufacturas, por valor de USD 97,5 millones, en el departamento de Presidente Hayes. También obtuvo el visto bueno un emprendimiento en el sector de los biocombustibles, con un compromiso de USD 29,6 millones, en Caaguazú. En tercer lugar de importancia se encuentra una iniciativa en la fabricación de juguetes, muebles y otros artículos, en Alto Paraná, que llega a la suma de USD 3,7 millones.

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En cuanto a los sectores que mayor volumen de inversiones tienen comprometidas, en primer lugar se encuentra vidrios y sus manufacturas, con USD 97,5 millones; le sigue productos alimenticios, con USD 87,5 millones. Cierra el top 3 de los más importantes, productos químicos y farmacéuticos, con USD 40,7 millones.

Otros rubros con importantes caudales de iniciativas son: biocombustibles (USD 29,6 millones), cría, engorde y procesamiento de carne animal (USD 16,7 millones), metales y sus manufacturas (USD 10,2 millones), caucho y sus manufacturas (USD 9,8 millones), entre otros.

De los USD 323 millones de inversiones proyectadas, USD 273 millones son de origen nacional, lo que representa un aumento del 38 %, mientras que la inversión extranjera, presenta una variación del -7 % con respecto al mismo periodo, ya que sumó USD 50 millones en el presente ejercicio. Otro dato interesante hace referencia a que el 94 % de los proyectos corresponden al sector secundario, mientras que el 6 % al primario.

En cuanto a la ubicación en el territorio nacional, el 78% de las inversiones acumuladas se concentran en los departamentos de Presidente Hayes, Central, Caaguazú, Itapúa y Paraguarí.

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Venezuela firmó un acuerdo con el gigante estadounidense General Electric para iniciar la recuperación de su deteriorado sistema eléctrico, anunció el lunes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Rodríguez ocupa la presidencia de forma temporal desde la caída del mandatario Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero. Mantuvo en abril diálogos con la multinacional para atender los problemas energéticos del país.

El acuerdo permitirá “recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total, en cuatro años, más de 5.000 megavatios”, refirió Rodríguez en un acto en el palacio presidencial de Miraflores. El diputado opositor Ezio Angelini declaró a la AFP que previo a la llegada del chavismo en 1999, Venezuela producía 20.000 megavatios diarios y consumía alrededor de 12.000 megavatios.

“En este momento estamos produciendo 12.000 megavatios y estamos consumiendo 14.000” megavatios al día, dijo el parlamentario para ejemplificar el déficit durante una sesión parlamentaria. El gobierno informó que el 7 de mayo Venezuela registró una demanda de 15.579 megavatios, la jornada más alta en nueve años.

“Es un paso histórico (...) que podamos dar recuperación a un servicio tan esencial”, remarcó Rodríguez en un acto televisado junto con los directivos de la empresa estadounidense. General Electric estuvo seis semanas en Venezuela “haciendo un levantamiento muy preciso, muy minucioso sobre el sistema eléctrico nacional, tanto en su generación hídrica como en su generación térmica”, apuntó la mandataria.

La mayor parte de Venezuela vive apagones que se prolongan diariamente hasta por diez horas. Incluso los cortes se han extendido a Caracas, exceptuada durante años.

La nacionalización de este sector en 2007 dejó fuera a 14 empresas eléctricas, algunas operadas con capital extranjero.

El Parlamento venezolano comenzó a inicios de mes la discusión de una reforma que abre la puerta al capital privado para recuperar el sistema eléctrico bajo control estatal.

“En los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional) de manera maravillosa”, auguró Roger Martella, director corporativo de General Electric.

Expertos han advertido además de que, para reflotar la industria petrolera, el principal sector de Venezuela, se requiere normalizar el suministro eléctrico.

“También estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela” (Pdvsa), señaló la presidenta encargada durante el acto del lunes. “Se requiere también el servicio eléctrico”, apuntó.

La semana pasada Venezuela firmó un acuerdo con la firma argentina Impsa para culminar la represa de Tocoma, importante proyecto hidroeléctrico en el estado Bolívar (sur), y avanzar en “trabajos del Sistema Eléctrico Nacional que permitirán sumar 2.640 megavatios”, había informado la propia mandataria el sábado en Telegram, sin precisar en qué periodo. “Esa hidroeléctrica finalmente va a tener su fin, se va a construir”, apuntó Rodríguez el lunes en Miraflores.

Fuente: AFP.

Piden informes técnicos a la Ande para determinar cuáles son las condiciones que podrían ofrecerse sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

El Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF) se encuentra evaluando junto a la Adminis­tración Nacional de Electri­cidad (Ande) posibles incen­tivos tarifarios para atraer inversiones al país, especial­mente aquellas vinculadas a industrias de alto consumo energético.

Así lo confirmó el ministro Óscar Lovera, en contacto con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media. Señaló que actualmente se están solicitando informes técnicos a la estatal eléctrica para determinar cuáles son las condiciones que podrían ofrecerse sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

Según explicó, la Ande deberá presentar una nueva pro­puesta para ser analizada por el Equipo Económico Nacio­nal (EEN), luego de que se reabriera la discusión sobre los mecanismos de incentivo para proyectos industriales. El objetivo del Gobierno es mantener la capacidad de atraer inversiones, especial­mente aquellas que generen empleo formal, especializado y mejor remunerado.

Lovera sostuvo que la inten­ción es encontrar un equili­brio entre la competitividad que demanda el sector pro­ductivo y la necesidad de pre­servar la salud financiera de las instituciones públicas. En ese sentido, remarcó que cualquier esquema de benefi­cios deberá ser evaluado inte­gralmente antes de su imple­mentación.

Paralelamente, el Ministerio de Economía avanza con un plan de contención del gasto público ante una recaudación que todavía no garantiza ple­namente el cumplimiento de las proyecciones de ingresos previstas para este año.

El ministro explicó que las medidas apuntan principal­mente a restringir gastos de carácter institucional que no son considerados prioritarios, como nuevas construccio­nes administrativas, adqui­sición de vehículos, alquileres y determinados desembolsos operativos. También se esta­blecieron límites para con­ceptos como viáticos, pasa­jes y algunas bonificaciones, tomando como referencia los niveles de ejecución registra­dos durante el 2025.

Postura del gremio de ingenieros de la Ande, para avanzar hacia un plan a largo plazo.

El presidente de la Unión de Ingenieros de la Ande (UIA), Manuel Mettel, sostuvo que nuestro país necesita avan­zar hacia una política ener­gética de largo plazo que per­mita aprovechar de manera eficiente un recurso que considera cada vez más estraté­gico. En conversación con Universo 970 AM/Nación Media, recordó que Paraguay dispone actualmente de ener­gía limpia y renovable prove­niente de las hidroeléctricas, pero advirtió que se trata de un recurso limitado que debe ser administrado con crite­rios de sostenibilidad y desa­rrollo económico.

Según explicó, la postura de la UIA respecto a los decre­tos derogados estuvo vincu­lada al análisis de los efectos que podrían generar contra­tos con tarifas por debajo de los costos reales de suminis­tro y con plazos de vigencia muy extensos. A criterio del gremio, este tipo de esque­mas podría trasladar costos futuros al resto de los usua­rios y generar distorsiones en el sistema eléctrico nacional. Señaló que uno de los prin­cipales desafíos es que Para­guay se aproxima a una etapa en la que necesitará incorpo­rar nuevas fuentes de genera­ción interna para atender el crecimiento de la demanda energética.

Estas alternativas, sos­tuvo, tendrán costos supe­riores a los de la generación hidroeléctrica actual, lo que obliga a planificar cuidado­samente la utilización de la energía disponible.

En ese escenario, considera fundamental que las decisio­nes sobre tarifas y condicio­nes de suministro se apoyen en criterios técnicos y finan­cieros sólidos. En particular, destacó el rol de la Adminis­tración Nacional de Electri­cidad (Ande) en la definición de los mecanismos que regi­rán para futuros proyectos industriales.

Recordó que la carta orgánica de la Ande establece paráme­tros para la fijación de tarifas y para garantizar la sosteni­bilidad financiera de la insti­tución. Entre los objetivos se encuentran asegurar recur­sos suficientes para cumplir con sus compromisos finan­cieros, mantener la calidad del servicio y ejecutar las inversiones necesarias para expandir la infraestructura eléctrica.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra evaluando junto a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) posibles incentivos tarifarios para atraer inversiones al país, especialmente aquellas vinculadas a industrias de alto consumo energético.

Así lo confirmó el ministro Óscar Lovera, en contacto con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media. Señaló que actualmente se están solicitando informes técnicos a la estatal eléctrica para determinar cuáles son las condiciones que podrían ofrecerse sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

Según explicó, la Ande deberá presentar una nueva propuesta para ser analizada por el Equipo Económico Nacional (EEN), luego de que se reabriera la discusión sobre los mecanismos de incentivo para proyectos industriales. El objetivo del Gobierno es mantener la capacidad de atraer inversiones, especialmente aquellas que generen empleo formal, especializado y mejor remunerado.

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Lovera sostuvo que la intención es encontrar un equilibrio entre la competitividad que demanda el sector productivo y la necesidad de preservar la salud financiera de las instituciones públicas. En ese sentido, remarcó que cualquier esquema de beneficios deberá ser evaluado integralmente antes de su implementación.

Paralelamente, el Ministerio de Economía avanza con un plan de contención del gasto público ante una recaudación que todavía no garantiza plenamente el cumplimiento de las proyecciones de ingresos previstas para este año.

El ministro explicó que las medidas apuntan principalmente a restringir gastos de carácter institucional que no son considerados prioritarios, como nuevas construcciones administrativas, adquisición de vehículos, alquileres y determinados desembolsos operativos. También se establecieron límites para conceptos como viáticos, pasajes y algunas bonificaciones, tomando como referencia los niveles de ejecución registrados durante el 2025.

La estimación inicial del Gobierno es que estas medidas permitan generar un margen cercano a USD 250 millones, equivalente a aproximadamente 0,4 % del producto interno bruto (PIB). No obstante, aclaró que existen gastos rígidos que no pueden ser objeto de recortes, entre ellos salarios, remuneraciones del personal de seguridad, docentes, funcionarios de salud y otros compromisos establecidos por ley.

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