La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank SA, así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.

La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.

En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.

La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).

Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso.

Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.

Itaipú Binacional formalizó la presentación de una denuncia penal en calidad de víctima ante los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank S.A., así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.

La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Oscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la Directora Jurídica Ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda. En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.

​La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).

Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso. Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.

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​La denuncia de la entidad binacional se dirige inicialmente contra integrantes del directorio y síndicos de ueno bank S.A. individualizados por la Fiscalía en el acta de imputación del pasado 4 de noviembre de 2026:

​1. Federico Miguel Vázquez Villasanti (Integrante del Directorio)

​2. Juan Manuel Gustale (Integrante del Directorio) ​

3. Julio Daniel Rey Fernández (Integrante del Directorio) ​

4. Diana Leticia Mongelos González (Integrante del Directorio)

​5. Marian Torres Rubiani (Integrante del Directorio) ​

6. Alejandro Gómez Abente (Integrante del Directorio) ​

7. Diego Fernando Duarte Schussmuller (Integrante del Directorio) ​

8. Miguel Ángel Almada Frutos (Síndico)

La representación jurídica aclaró que la nómina no limita las investigaciones respecto a otros directivos de sociedades vinculadas, beneficiarios finales, funcionarios, auditores o clasificadores que hubieren intervenido en la captación, ocultamiento o desvío de los fondos.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande), presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra directivos y funcionarios de ueno bank S.A., así como contra otras personas que pudieran tener responsabilidad en los hechos. La acción busca que se esclarezcan las circunstancias vinculadas a la situación financiera de la entidad bancaria y sus posibles efectos sobre los fondos institucionales depositados en ella.

Desde la institución explicaron que los recursos fueron colocados en ueno bank mediante concursos de ofertas de tasas de interés, realizados de acuerdo con los procedimientos internos establecidos para la selección y habilitación de cuentas bancarias.

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En el marco de la denuncia, la Ande también requirió al Ministerio Público que disponga las medidas cautelares necesarias para proteger los fondos comprometidos y avanzar en su recuperación. Asimismo, manifestó su disposición a proporcionar toda la documentación, los informes y los antecedentes institucionales que sean requeridos durante el proceso investigativo.

La empresa estatal señaló que seguirá promoviendo las acciones legales pertinentes para defender su patrimonio y garantizar la protección de los recursos financieros destinados al cumplimiento de sus compromisos y a la ejecución de obras para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.

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El inicio del desembolso del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) tras la intervención de ueno bank puso a prueba la capacidad de respuesta del sistema financiero nacional. Con un plazo de hasta 5 días, un desembolso inicial de G. 197.191 millones para 722.037 ahorristas cubiertos hasta el límite legal de 40 salarios mínimos, la gran interrogante de los usuarios gira en torno a los plazos exactos de cobro.

Anoche, en una conferencia de prensa de urgencia, la banca matriz activó el mecanismo, poniendo en marcha un despliegue financiero sin precedentes: 2,8 millones de cuentas involucradas.

A pesar de que el FGD cuenta con una liquidez sólida de más de G. 1,6 billones para cubrir saldos de hasta 40 salarios mínimos, la logística del cobro dejó al descubierto una marcada brecha operativa: la segmentación de las acreditaciones según el grado de bancarización previa del usuario.

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Una de las interrogantes centrales durante la cobertura de la conferencia fue por qué se paga primero a quienes ya poseen cuenta en otros bancos y se deja para el final (de la contingencia) a los no bancarizados. Desde la vocería del BCP explicaron que la razón es estrictamente operativa:

Con cuenta previa: acreditar a personas que ya poseen cuenta en otras entidades financieras se ejecuta mediante transferencias automáticas e inmediatas a través del sistema de pagos.

Sin cuenta previa (262.000 clientes): para este grupo, el procedimiento exige la apertura de nuevas cuentas de manera automática e interinstitucional distribuida entre 15 entidades financieras de plaza, lo que requiere un tiempo de procesamiento significativamente mayor.

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Esta diferencia logística generó que quienes contaban con una segunda cuenta en el sistema tradicional recibieran la restitución de sus saldos casi de inmediato, mientras que los usuarios que dependían únicamente de la plataforma digital ingresaron a una etapa de espera regulada por la asignación de oficio entre los bancos adquirentes.

Es decir, la normativa establece una ventana de hasta 5 días hábiles para completar la devolución de los depósitos garantizados (hasta 40 salarios mínimos) a partir del inicio formal del proceso. Mientras que, para los 262.000 clientes sin otra cuenta, el cobro no queda postergado para después de la liquidación de grandes depositantes, sino que se ejecuta progresivamente dentro de la misma ventana de contingencia.

Según explicaron en la conferencia, el diseño del esquema de compensación dentro de la ventana de 5 días hábiles fijada por ley establece pautas claras para los diferentes tipos de compromisos financieros:

Ahorristas sin deudas pendientes: fueron incluidos en la primera tanda de acreditaciones limpias para acelerar la restitución del capital.

Clientes con préstamos vencidos: sus saldos de ahorro serán neteados antes de recibir el pago de garantías a partir de las siguientes fases, pasando la cartera de créditos a ser administrada por las entidades que absorban los activos.

Tarjetas de crédito: la cartera de plásticos no se ejecutará ni se descontará en esta primera etapa de 5 días; será negociada de manera independiente en un proceso posterior con los bancos adquirentes.

Depósitos en dólares: conforme a la normativa de resolución bancaria, la devolución de los saldos constituidos en moneda extranjera se liquida en guaraníes, tomando el tipo de cambio oficial al momento de la devolución y trasladando el riesgo cambiario al depositante.

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Con esto, se expone el modelo de bancarización digital reciente; se aceleró la apertura de cuentas de pago desde aplicaciones móviles, pero no se completó una integración profunda con el ecosistema bancario tradicional.

A medida que el regulador complete la asignación de las 260.000 cuentas restantes entre las entidades del mercado, el foco pasará de la contingencia a la reestructuración del sistema bancario nacional, elevando las exigencias sobre los estándares de gobernanza crediticia y la protección operativa de los usuarios más vulnerables.