La comunidad católica recuerda este martes 23 de junio el octavo aniversario de la beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga, un acontecimiento histórico para el Paraguay. Su elevación a los altares en el año 2018 la convirtió en la primera mujer paraguaya en ser reconocida como beata por la Iglesia Católica, consolidándose como un símbolo de fe, entrega y amor a Dios.

En el marco de la conmemoración de ese importante acontecimiento religioso para nuestro país, devotos desarrollan diversas actividades culturales y religiosas como el rezo del rosario y celebraciones eucarísticas en la Catedral de Villarrica.

Asimismo, su reliquia fue trasladada al palacete municipal de Villarrica, donde se realizó un momento de oración y homenaje.

Carmen Gamarra, miembro de la Hermandad de Chiquitunga, recordó que su beatificación representa un llamado permanente a vivir la santidad desde el amor cotidiano, describiéndola como “una escalera al cielo”.

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Como parte de la programación, también se prevé la inauguración de un espacio recuperado en el Parque Manuel Ortiz Guerrero, donde será habilitado un monumento en homenaje a Chiquitunga, brindando a la ciudadanía un lugar de encuentro, reflexión y oración.

Desde la Hermandad de Chiquitunga destacaron que su ejemplo continúa trascendiendo fronteras y sumando devotos dentro y fuera del país, mientras avanza el camino hacia una eventual canonización.

En marzo de 2010, el papa Benedicto XVI la declaró venerable y, a inicios de 2018, el papa Francisco autorizó su beatificación tras aprobarse el milagro por su intercesión.

La ceremonia de beatificación fue presidida por el cardenal Angelo Amato, en representación del papa Francisco, y se estableció que su fiesta litúrgica sea cada 28 de abril, fecha de su pascua.

“Que la vida de Chiquitunga nos siga animando a vivir con entrega el camino del Reino de Dios”, pidieron las autoridades religiosas.

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En el marco del 34.° aniversario de la Constitución Nacional de 1992 y de la conmemoración del recientemente instituido Día de la Constitución Nacional, el presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este lunes el acto de apertura de la exposición “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, realizada en el Archivo Nacional de Asunción. La Carta Magna se promulgó el 20 de junio de 1992 y se derogó la de 1967.

“Hoy conmemoramos el nacimiento de un Paraguay verdaderamente nuevo. Nuestra Constitución de 1992 es el texto que trajo democracia, pluralismo y el respeto a nuestros derechos después de décadas de autoritarismo. Este texto es el alma de nuestra democracia", expresó el mandatario en su cuenta de X. “Tenemos desafíos y deudas pendientes, pero esta Carta Magna es la herramienta que nos permite resolver nuestras diferencias en paz y seguir construyendo juntos el futuro”.

“Conocer nuestra historia es la mejor manera de defender nuestra democracia. La muestra ‘4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay’ es un recorrido completo por los documentos originales que forjaron nuestra nación. Les invito a visitarla con acceso libre y gratuito en el Archivo Nacional, de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 y los sábados de 11:00 a 20:00″, puntualizó Peña.

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El jefe de Estado estuvo acompañado por la primera dama, Leticia Ocampos, autoridades nacionales, representantes de los tres poderes del Estado y convencionales constituyentes que participaron en la redacción de la Carta Magna vigente, quienes reflexionaron sobre el proceso constituyente, la consolidación democrática y la vigencia de los valores republicanos que dieron forma al Paraguay contemporáneo.

El jefe de Estado resaltó que la Constitución hizo posibles avances históricos para el Paraguay, como la alternancia política, el fortalecimiento de la participación ciudadana, el equilibrio entre poderes del Estado y la ampliación de derechos para sectores históricamente postergados. También valoró los logros alcanzados durante las últimas décadas bajo la vigencia del orden constitucional, señalando que el país logró fortalecer sus instituciones, ampliar oportunidades y avanzar en la reducción de la pobreza y la inclusión social.

Por su parte, el convencional constituyente José Antonio Moreno Ruffinelli compartió un relato sobre uno de los episodios menos conocidos del proceso de implementación de la Constitución de 1992.

Recordó las conversaciones mantenidas con el entonces presidente Andrés Rodríguez en los días posteriores a la aprobación de la nueva Carta Magna y relató cómo el diálogo entre las autoridades permitió superar una situación de incertidumbre institucional en torno a la jura de la Constitución.

A su turno, el convencional constituyente José Félix Fernández Estigarribia recordó el trabajo desarrollado por la Convención Nacional Constituyente entre diciembre de 1991 y junio de 1992, señalando que la nueva Constitución fue concebida para garantizar que las libertades recuperadas por el Paraguay perduraran en el tiempo.

Subrayó que la Carta Magna introdujo mecanismos destinados a limitar la concentración del poder, fortalecer el rol del Congreso, proteger la libertad de expresión y ampliar los derechos ciudadanos, sentando las bases de una democracia pluralista y participativa.

El convencional constituyente Emilio Camacho definió a la Constitución de 1992 como un gran pacto político, social, económico y cultural, construido a partir del consenso entre distintos sectores de la sociedad paraguaya.

Destacó que la Constitución ha logrado mantenerse vigente a pesar de las crisis y desafíos enfrentados por el país durante más de tres décadas, garantizando elecciones libres, el respeto a las libertades fundamentales y la plena participación política de los ciudadanos.

Camacho también valoró la promulgación de la ley que instituye el Día de la Constitución Nacional y señaló que su principal aporte consiste en promover el conocimiento y la difusión de los principios constitucionales entre las nuevas generaciones.

La jornada concluyó con un recorrido por la exposición “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, una muestra documental que propone un recorrido histórico por las constituciones de 1870, 1940, 1967 y 1992, a través de documentos originales, fotografías, publicaciones y testimonios conservados por el Archivo Nacional de Asunción.

A 34 años de su promulgación, la Constitución de 1992 fue recordada como el instrumento que permitió consolidar la democracia paraguaya, fortalecer las instituciones republicanas y garantizar los derechos y libertades que hoy forman parte de la vida democrática del país.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

Este sábado 20 de junio se conmemoran 34 años de la jura de la Constitución Nacional de 1992, un pacto fundamental que marcó el inicio de la era democrática e institucional moderna en Paraguay. A más de tres décadas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reivindica el valor del pacto democrático construido en 1992.

En una entrevista exclusiva para el Diario La Nación/Nación Media, el ministro del TSJE, Jorge Bogarín González, reflexionó sobre el legado democrático de la Carta Magna, la vigencia de sus principios, los desafíos actuales de las instituciones y la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral paraguayo. El magistrado recordó que este pacto democrático nació sobre las “ruinas del autoritarismo” tras un alto costo de “sangre, sudor y lágrimas” de ciudadanos que lucharon por la libertad.

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- ¿Qué representa para Paraguay la jura de la Constitución Nacional del 20 de junio de 1992?

- Representa el pacto fundamental que marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra vida institucional y democrática: el momento en que la voluntad popular, expresada a través de una Convención Nacional Constituyente, decidió construir un Estado social de derecho sobre las ruinas del autoritarismo. Cada 20 de junio, no solo conmemoramos un texto, sino un compromiso: el que el poder emana del pueblo y se ejerce con límites, control y responsabilidad. Mantener ese compromiso renovado es, precisamente, la misión que esta Justicia Electoral asume todos los días.

- ¿Cuáles considera que fueron los principales avances que introdujo la Constitución tras la transición democrática?

- Introdujo los pilares sobre los que hoy se sostiene nuestra institucionalidad: la separación efectiva y equilibrio de poderes, un catálogo de derechos y garantías, y la creación de una Justicia Electoral autónoma e independiente, ajena a las injerencias que en el pasado distorsionaron la voluntad ciudadana. Ese diseño no fue un punto de llegada, sino el cimiento sobre el cual cada elección libre, transparente y pacífica desde entonces ha ido fortaleciendo la cultura democrática del país.

- A más de tres décadas de su promulgación, ¿cuál cree que es el legado más importante de la Constitución de 1992?

- Su legado más importante es haber demostrado que la democracia paraguaya puede sostenerse en el tiempo cuando las instituciones cumplen su rol. Treinta y cuatro años de continuidad institucional, de alternancia pacífica y de elecciones reconocidas tanto interna como internacionalmente, son la prueba de que ese pacto constitucional funciona. El desafío de cada generación de funcionarios públicos, y particularmente de quienes integramos la Justicia Electoral, es honrar ese legado fortaleciéndolo, no dándolo por garantizado.

- ¿La democracia paraguaya atraviesa uno de sus momentos más sólidos o todavía tiene deudas pendientes?

- Atraviesa un momento de solidez institucional, especialmente en materia electoral, pero la solidez democrática no es un estado permanente sino un ejercicio constante. Las deudas pendientes —por ejemplo, la lucha contra la corrupción—, no deben leerse como fracasos, sino como la agenda de trabajo que toda democracia madura se exige a sí misma. Reconocerlas con honestidad es, en sí misma, un acto de fortalecimiento institucional.

- ¿La Constitución sigue respondiendo a las necesidades del Paraguay actual?

- Sí, y de manera particularmente vigorosa en lo que respecta a la arquitectura democrática y electoral. El texto constitucional dotó al país de instituciones con suficiente autonomía para adaptarse a los desafíos de cada época, incluyendo la modernización tecnológica de los procesos electorales que hoy llevamos adelante. La vigencia de la Constitución se mide en su capacidad de seguir garantizando elecciones libres y confiables, y en eso sigue demostrando solidez.

- ¿Considera que los derechos y garantías consagrados en la Constitución se cumplen plenamente hoy?

- El ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales es, hoy, una realidad consolidada en Paraguay, y constituye uno de los activos más valiosos de nuestra democracia. Persisten brechas en otros ámbitos de derechos económicos y sociales, y cerrarlas es tarea de todas las instituciones del Estado. Desde la Justicia Electoral, nuestro aporte concreto al fortalecimiento del Estado de derecho es garantizar que el derecho político más esencial —elegir y ser elegido— se ejerza sin ningún tipo de restricciones.

- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la Justicia para garantizar el respeto a la Constitución?

- El desafío central es sostener y profundizar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, lo cual exige transparencia, celeridad y modernización constante de los procesos. En el ámbito específico de la Justicia Electoral, ese desafío se traduce en blindar cada etapa del proceso —desde el padrón hasta el escrutinio— con protocolos de seguridad verificables, de modo que ningún actor político ni ciudadano tenga motivos legítimos para dudar de los resultados.

- ¿Cómo evalúa la independencia de los poderes del Estado en el marco constitucional vigente?

- El diseño constitucional de independencia de poderes es sólido y ha resistido pruebas de tensión institucional a lo largo de estos años. La tarea permanente —y en esto la Justicia Electoral tiene experiencia concreta que aportar— es traducir esa independencia formal en autonomía real frente a cualquier presión, mediante procesos técnicos, protocolos claros y rendición de cuentas constante ante la ciudadanía.

- ¿Cree que Paraguay necesita una reforma constitucional o la prioridad pasa por cumplir mejor la Constitución actual?

- La prioridad inmediata, y la más eficaz para fortalecer el Estado de derecho, es el cumplimiento cabal del texto vigente. La experiencia de la Justicia Electoral lo demuestra: gran parte de los avances logrados en materia de transparencia electoral no requirieron reforma constitucional, sino voluntad institucional y mejora continua de procesos dentro del marco existente. Una eventual reforma debe ser fruto de consenso amplio y nunca un atajo frente a la falta de cumplimiento.

- ¿Qué aspectos podrían debatirse en una eventual reforma constitucional?

- Cualquier discusión de esta naturaleza debe darse con amplitud democrática, evitando que se convierta en instrumento de coyuntura, y siempre con el objetivo de fortalecer —nunca debilitar— la institucionalidad construida desde 1992.

- Si tuviera que resumir en una frase la importancia de la Constitución de 1992 para las nuevas generaciones, ¿qué les diría?

- Que la Constitución de 1992 les pertenece tanto a ellas como a quienes la juramos hace más de tres décadas, y que su fortaleza dependerá siempre de que cada generación la defienda, la practique y luche en forma permanente por su estricto cumplimiento.

Finalmente, quiero manifestar que la Constitución de 1992 no es un simple texto jurídico, sino el reflejo de un anhelo colectivo de libertad y justicia para construir un Paraguay basado en el respeto a la ley y las instituciones. Lejos de ser un regalo de la historia, la democracia paraguaya conllevó el sacrificio, dolor y vidas de compatriotas, lo que hoy impone a la sociedad la enorme responsabilidad de defenderla día a día a través del diálogo y el respeto a las diferencias.

Ante este legado, la mejor manera de honrar el sacrificio histórico es trabajar incansablemente por la plena vigencia del Estado de Derecho. En este escenario, el Tribunal Superior de Justicia Electoral reafirma su compromiso de custodiar la voluntad popular, garantizando elecciones libres, transparentes y confiables como la máxima expresión de la libertad ciudadana.

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Por primera vez en 14 años, la comunidad de la exMarina Cué, hoy denominada Colonia San Óscar Romero, conmemora un nuevo aniversario de aquella tragedia conocida como la “Masacre de Curuguaty”, ocurrida el 15 de junio de 2012, de una forma diferente, con paz y la seguridad de contar con la tierra propia.

Este lunes se cumple un año más de aquel fatídico día, pero hoy las familias dejaron atrás el luto y el conflicto para convertirse en un emblema de justicia social, regularización jurídica y paz en el campo paraguayo.

Lo que por más de una década pareció una herida imposible de sanar, desde agosto de 2023 fue parte de un proceso de resolución definitiva mediante una política agresiva de regularización agraria liderada por el Gobierno y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que sustituyeron desalojos violentos por la entrega formal de títulos de propiedad para las familias campesinas.

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El presidente del Indert Francisco Ruiz Díaz participó del acto de recordación junto a familias beneficiarias, autoridades locales y representantes de organizaciones sociales. Resaltó que uno de los principales compromisos asumidos por el Gobierno y el Indert fue brindar seguridad jurídica a las familias asentadas en la colonia, mediante la regularización de la tenencia de la tierra y la entrega de títulos de propiedad.

Señaló que, tras años de incertidumbre, se logró concretar una titulación masiva sin precedentes en la comunidad, permitiendo que numerosas familias accedan formalmente a la propiedad de sus parcelas. Asimismo, anunció que en las próximas semanas serán entregados los títulos restantes, con lo que se alcanzará el 100 % de las adjudicaciones previstas para la colonia.

“Estamos culminando un proceso histórico de justicia social y seguridad jurídica para las familias de Marina Cué. Nuestro objetivo es que cada beneficiario cuente con su título de propiedad, garantizando estabilidad, acceso al crédito y mejores oportunidades de desarrollo”, expresó Ruiz Díaz.

Agregó que la titulación de las tierras representa un paso fundamental para consolidar el arraigo rural y promover el desarrollo productivo de la comunidad, transformando una página dolorosa de la historia reciente en una oportunidad de progreso para las familias campesinas.

En tanto, los pobladores valoraron el acompañamiento institucional del Indert destacando que la regularización de la tierra constituye un avance significativo para las generaciones presentes y futuras de Marina Cué.

La dirigente Martina Paredes expresó que este lunes 15 de junio se recuerda 14 años de una fecha lamentable para la comunidad, además de 13 años de reclamo para la titulación de tierras. Resaltó que actualmente las familias se encuentran tranquilas y contentas, porque incluso tienen planes de construir viviendas, están trabajando por un camino mejor para sacar la producción de Marina Cué y que el 70 % de los pobladores ya recibieron sus títulos de propiedad.

El asesor de la comunidad , el sacerdote Pascual Kinoti, enfatizó que a 14 años de aquellos acontecimientos que marcaron profundamente al país, la comunidad avanza hacia una nueva etapa caracterizada por la seguridad jurídica, la paz social y el fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo integral de las familias rurales.

Mientras que el titular de la comisión vecinal, Darío Acosta, agradeció al Gobierno recordando que en octubre último el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana entregaron los primeros títulos de propiedad en el mismo lugar donde perdieron la vida 17 compatriotas.

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