Oscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), habló sobre el impacto del Corredor Bioceánico que está en construcción y detalló que se proyecta aplicar controles integrados con Brasil, Argentina y Chile. Aseguró que los camiones ingresados al país serán seguidos vía GPS, teniendo una detallada radiografía de lo que pasa por el territorio nacional.

El alto funcionario destacó la relevancia que tendrá la conexión regional en la economía local. “El impacto económico va a ser fundamental en el sentido de que va a tener un impacto positivo muy grande, porque toda la producción de Brasil ya no va a salir por el Atlántico, va a salir por el Pacífico, va a ahorrar en costos, en tiempo”, vaticinó. No quiso entrar en detalles, considerando que no dispone de las cifras para estimar, sin embargo lanzó un pronóstico más que alentador al indicar que “va a ser un Canal de Panamá, pero a nivel de transporte terrestre”.

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Con relación a los controles a ser ejecutados, apuntó que se tiene proyectado trabajar de cerca con los demás países afectados al proyecto. “Ya tenemos un acuerdo por escrito con la Receita Federal, con Brasil, donde nuestro control va a ser integrado en la zona de Brasil. Los funcionarios de la DNIT van a pasar al lado brasileño para hacer un control integral, entre los funcionarios de la Receita y la DNIT, de hecho, hoy tenemos control integrado con Argentina, por ejemplo”, explicó sobre lo que se está planificando.

Recordó que recientemente se reunió con autoridades chilenas, sobre el mismo tema, “porque vamos a hacer un control integral, Chile, Argentina Paraguay y Brasil, para toda esa Bioceánica”, amplió.

En cuanto al tránsito por el territorio nacional, citó que están preparados con un sistema que permite el seguimiento de los camiones, vía GSP. “Los controles nosotros ahora tenemos totalmente por GPS, de todos los camiones, de hecho tenemos un centro de monitoreo 24/7, que invertimos USD 11 millones ahí con un proyecto Koica, en el cual, por ejemplo, entra el camión, nosotros normalmente cuando entra le ponemos como una especie de candado y el vehículo queda más de 10 minutos y ya sale una alerta a nuestro control”, especificó en conversación con la 1020 AM.

Recordó también otros mecanismos de monitoreo, como control de matrícula, pesaje del camión y los escáneres aplicados al salir de Brasil, por mencionar algunos.

La obra del Corredor Bioceánico, que principalmente se basa en una ruta que cruza el Chaco paraguayo de este a oeste, está en plena marcha. En este contexto, quizás la infraestructura más emblemática es el puente entre las localidades de Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil). Durante la semana pasada, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el paso se encuentra a 21 metros de completarse.

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El régimen excepcional de regularización de deudas impulsado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registró una alta participación de pequeños contribuyentes, que representan cerca del 70 % de las adhesiones. Según explicó el director nacional de la DNIT, Óscar Orué a La Nación/Nación Media, este comportamiento refleja una respuesta del segmento con menor capacidad financiera ante un esquema diseñado para facilitar el cumplimiento tributario.

Orué señaló que el régimen busca ofrecer una vía de regularización para contribuyentes que, en muchos casos, no incurrieron en incumplimientos por evasión deliberada, sino por restricciones de liquidez, ingresos irregulares, dificultades administrativas o acumulación de obligaciones. Ya que el esquema contempla recargo del 0 %, una entrega mínima del 10 % y financiamiento en cuotas, lo que reduce barreras de acceso para ponerse al día con el fisco.

Añadió que la concentración de adhesiones entre pequeños contribuyentes evidencia voluntad de formalización y cumplimiento cuando existen mecanismos considerados viables desde el punto de vista financiero y operativo.

En cuanto a los niveles de incumplimiento tributario, Orué indicó que históricamente los principales desafíos se concentran en sectores con uso intensivo de efectivo, alta fragmentación empresarial y mayores niveles de informalidad operativa.

Entre ellos mencionó actividades comerciales minoristas, algunos segmentos de servicios, operaciones con fuerte movilidad de mercaderías y rubros donde la facturación no siempre refleja la actividad económica real.

En ese contexto, explicó que la DNIT evolucionó hacia un modelo de fiscalización basado en cruces de información, analítica de riesgo, trazabilidad de operaciones mediante herramientas digitales, fortalecimiento del control documental y seguimiento a contribuyentes reincidentes. Asimismo, recordó que el régimen excepcional también permite regularizar contingencias tributarias ya identificadas, incluyendo deudas firmes y procesos administrativos o judiciales con aceptación expresa del contribuyente.

Sobre los niveles de informalidad en Paraguay, el titular de la DNIT sostuvo que uno de los principales obstáculos para los pequeños negocios es la percepción de que formalizarse implica un aumento inmediato de costos sin beneficios visibles en el corto plazo.

Explicó que muchos emprendimientos operan con márgenes reducidos, ingresos variables y escasa planificación financiera, lo que convierte el cumplimiento de obligaciones tributarias periódicas en un desafío. A ello se suman el desconocimiento sobre procesos administrativos, obligaciones fiscales y herramientas digitales, además de factores estructurales como el acceso limitado al financiamiento, baja bancarización y reducida educación tributaria.

Según Orué, la formalización debe abordarse con medidas de simplificación, asistencia técnica, digitalización accesible y acompañamiento, de modo a incorporar sosteniblemente a más actores a la economía formal y facilitar el acceso a créditos, capacitaciones y mercados formales.

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Consultado sobre el desempeño del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que fue uno de los pilares del aumento de recaudación en abril, Orué afirmó que aún existen contribuyentes en estado omiso, por lo que el tributo podría seguir siendo un componente relevante de los ingresos fiscales durante el segundo semestre.

En ese sentido, indicó que parte del crecimiento esperado provendría del fortalecimiento del cumplimiento tributario, recuperación de deudas, reducción de brechas de evasión y consolidación de contribuyentes formalizados. Agregó que el régimen excepcional genera un efecto transitorio positivo al facilitar la regularización de obligaciones acumuladas, mientras se trabaja en medidas con impacto permanente sobre el cumplimiento fiscal.

Respecto a la desaceleración de la recaudación aduanera en un contexto de presión cambiaria sobre el guaraní, Orué señaló que las medidas previstas para el segundo semestre incluyen fortalecer el control aduanero, combatir la subvaloración de mercaderías, mejorar la fiscalización posterior al despacho y reforzar la inteligencia de riesgo en operaciones de comercio exterior.

Añadió que el objetivo es compensar eventuales pérdidas de ingresos derivadas del contexto macroeconómico mediante una mayor calidad de control, sin incrementar cargas tributarias. También destacó el combate al contrabando y el cruce de información entre importaciones, facturación y declaraciones tributarias internas para detectar inconsistencias.

Al referirse al principal problema tributario del país, Orué consideró que la informalidad representa el desafío más estructural, debido a que limita la amplitud de la base tributaria y genera inequidad competitiva.

No obstante, indicó que tanto la evasión dentro del sistema como la incapacidad de pago requieren respuestas diferenciadas. Mientras la evasión deliberada demanda controles y sanciones, la incapacidad financiera requiere herramientas de regularización, como el régimen excepcional actualmente vigente.

Finalmente, sostuvo que la DNIT trabaja en distintos frentes para fortalecer la eficiencia de la recaudación y canalizar los recursos hacia el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN).

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Para la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conjazar), dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la persecución de las bancas y plataformas de juego ilegal se posiciona como una prioridad de gestión de alta sensibilidad.

En ese marco, la Conajzar impulsó una serie de allanamientos simultáneos en el departamento de Amambay como parte de la estrategia estatal de combate a las apuestas clandestinas. Los operativos civiles y policiales fueron ejecutados por la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, tras recepcionar denuncias formales sobre la explotación irregular de plataformas de apuestas deportivas y otras modalidades de azar.

El argumento de fondo de las instituciones señala que estas actividades clandestinas no sólo erosionan la recaudación fiscal y generan una competencia desleal contra las empresas concesionarias que operan bajo la economía formal, sino que también actúan como canales para la configuración de delitos conexos, tales como el lavado de activos y el financiamiento de estructuras vinculadas al crimen organizado.

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De acuerdo con las verificaciones preliminares de los interventores, los establecimientos comerciales intervenidos operaban completamente al margen del sistema regulatorio, careciendo de las licencias y autorizaciones obligatorias emitidas por la Conajzar. Durante las incursiones, las fuerzas del orden procedieron a la incautación de un volumen importante de evidencias digitales, equipos informáticos de soporte, dispositivos de telefonía celular y vehículos de uso logístico, elementos que quedaron bajo custodia fiscal para el desarrollo de las pericias correspondientes.

Las autoridades fiscales indicaron que el operativo conjunto constituye uno de los primeros hitos procedimentales ejecutados bajo el nuevo esquema de articulación interinstitucional establecido en la Ley N.º 7438/25 y sus respectivos decretos reglamentarios. Esta reciente normativa fue estructurada con el propósito de robustecer la cooperación técnica entre los diferentes estamentos de seguridad del Estado, optimizando los canales de denuncia ciudadana y dotando de mayor agilidad a las fiscalizaciones en zonas fronterizas.

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De acuerdo con el reciente Informe de Situación Financiera (Situfin), emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Administración Central reportó un déficit fiscal acumulado de G. 3.179 mil millones, equivalente a USD 485,3 millones, cifra que representa el 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe oficial resalta que, durante el mes de abril, las arcas públicas registraron un superávit de G. 26,4 mil millones, lo que propició una leve reducción de la brecha fiscal acumulada en lo que va del año. Al evaluar las variables en términos anualizados, el déficit fiscal de la economía paraguaya se ubicó en G. 8,6 billones, representando el 2,2 % del PIB, mientras que el balance primario arrojó un saldo negativo del 0,4 % del PIB.

Estos dos últimos indicadores, estructurados sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Banco Central del Paraguay (BCP), muestran una mejora de 0,2 puntos porcentuales en comparación con los registros de abril de 2025.

El análisis macroeconómico complementario puntualiza que la inflación permanece contenida dentro del rango meta oficial, permitiendo una postura monetaria estable, en paralelo a un tipo de cambio nominal que continuó en una senda de apreciación alineada con los parámetros de la región.

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Por el lado de los ingresos totales, se observó una expansión moderada del 1,9 % en términos acumulados. Este comportamiento estuvo apuntalado fundamentalmente por la recaudación tributaria general, que registró un incremento del 5,3 % al cierre de abril gracias al vencimiento estacional del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y la consecuente inyección por liquidaciones de los impuestos internos.

Sin embargo, este desempeño tributario positivo fue amortiguado por dos variables externas. En primer lugar, los impuestos aduaneros sufrieron una desaceleración debido a la apreciación del guaraní frente al dólar, fenómeno que reduce de manera contable la base imponible en moneda local para las importaciones del comercio exterior. En segundo lugar, los ingresos no tributarios experimentaron una contracción, frenados por una caída acumulada del 37,5 % en las transferencias de recursos financieros provenientes de las entidades binacionales.

Por el lado de las erogaciones estatales, el Situfin reporta un incremento acumulado del 10,6 % en el gasto total de la Administración Central. La presión al alza sobre el plan de caja estuvo motivada de forma prioritaria por el ajuste de las remuneraciones en los ministerios de Educación, Salud y Seguridad Nacional, el incremento del rubro de jubilaciones y pensiones, el despliegue de las transferencias monetarias para el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, y un mayor desembolso en el componente de bienes y servicios destinado a la regularización y cancelación de deudas atrasadas con proveedores. Como contrapartida atenuante, el pago de intereses de la deuda pública mostró una desaceleración, registrando una contracción interanual del 0,5 %.

Finalmente, la inversión pública ejecutada de manera acumulada ascendió a G. 1.804 mil millones, unos USD 278,5 millones, representando el 0,45 % del PIB nacional. Dentro de este apartado, destacó el nivel de actividad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cartera que evidenció un incremento del 9,1 % en su ejecución presupuestaria.

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