Con la reciente reglamentación de la ley de Alianza Público Privada (APP), el Gobierno busca capitalizar el grado de inversión alcanzado por el país y dar un nuevo impulso a las inversiones en infraestructura, con impacto directo en la calidad de los servicios públicos y en el crecimiento económico y social.
El Poder Ejecutivo promulgó el decreto n.° 5441/2026, que reglamenta la Ley n.° 7452/2025. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacan que la normativa establece reglas más claras y previsibles para el desarrollo de proyectos bajo el esquema de participación público-privada.
La reglamentación apunta a ordenar y agilizar los procesos vinculados a obras de infraestructura con financiamiento privado, fortaleciendo la participación del sector privado y mejorando las condiciones para la estructuración de iniciativas estratégicas.
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El decreto es el resultado de un trabajo coordinado entre instituciones públicas y privadas, y fija un marco operativo más preciso para la asignación de riesgos y el control de la calidad de los bienes y servicios provistos al Estado.
Entre los principales avances se incluyen indicadores de desempeño financieros y operativos, con énfasis en la sostenibilidad fiscal y la transparencia. Asimismo, se refuerza el rol rector del Estado, asignando al MEF funciones centrales de evaluación, priorización y monitoreo de los proyectos, en coordinación con las demás entidades públicas.
La normativa también incorpora mecanismos específicos para la gestión de riesgos, la terminación anticipada de contratos y la protección del interés público. A esto se suman novedades como el análisis de idoneidad temprana de los proyectos, mayor claridad en plazos y requisitos procedimentales, reglas para casos de oferente único y desempate de ofertas, derecho de tanteo, pagos vinculados al desempeño y auditorías internacionales.
Desde el ámbito económico, la reglamentación llega en un momento clave. Con un mejor posicionamiento del país ante los mercados internacionales, el objetivo es destrabar proyectos de infraestructura prioritarios, atraer capital privado y consolidar un entorno de negocios con reglas claras, que genere confianza tanto en los inversionistas como en la ciudadanía.
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