Este proceso estará sujeto a la información proveída por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

El Viceministerio de las Mipymes informó a las empresas registradas que cuentan con cédulas mipy­mes con vencimiento al 30 de abril que el proceso de reno­vación se realizará de manera automática, sin necesidad de que los contribuyentes reali­cen ningún tipo de trámite, solicitud o gestión adicional.

Desde la institución detalla­ron que este proceso estará sujeto a la información pro­veída por la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT) que remitirá el lis­tado de empresas que se encuentren al día con sus obligaciones tributarias, y hayan presentado la decla­ración de renta correspon­diente al periodo fiscal 2025. “Una vez recibido y validado dicho listado, se procederá a la renovación automática de la cedula para las empresas que cumplan con estos requi­sitos”, indicaron desde el vice­ministerio.

Igualmente, recordaron a las mipymes que no es necesa­rio acudir a oficinas ni reali­zar gestiones para la renova­ción. Asimismo, instaron a las empresas a mantener regu­larizada su situación tribu­taria y sus estados contables ante la DNIT, a fin de poder acceder a la nueva cédula y a los beneficios asociados a la misma.

Para mayor informa­ción o consultas, se informó que los canales oficiales de la dependencia se encuentran disponibles para la atención correspondiente. A finales de 2025, tras la implementación de la nueva Ley de Mipymes, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) había emi­tido más de 470.000 cédulas a través del viceministerio, for­malizando un número récord de micro, pequeñas y media­nas empresas mediante sis­temas automáticos.

Del total registrado en dicho periodo 433.191 correspon­dieron a microempresas, 28.887 a pequeñas empresas y 8.332 a medianas empre­sas, lo que reflejó el impacto inmediato del nuevo modelo de gestión, especialmente en el segmento de las microem­presas, el principal objetivo de la política de formaliza­ción.

Este resultado se dio con la entrada en vigor de la Ley n.° 7444/2025 y su Decreto Reglamentario n.° 4535/2025, que establecieron un cambio en el proceso de emisión de la cédula, pasando de un sistema manual a uno automático e interoperable, con mayor agilidad, actuali­zación de datos y seguridad jurídica.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, presentó este miércoles el reporte estadístico correspondiente al primer trimestre del año, remitido por la Dirección de Estadística Judicial.

Indicó que, en el marco de la política de transparencia institucional, en sesión plenaria, durante los tres primeros meses del 2026 (enero, febrero y marzo), el desempeño fue satisfactorio, alcanzando un superávit del 6 % respecto a la meta estimada.

También destacó que la litigiosidad registró el ingreso de 72.299 expedientes en todas las instancias y fueros, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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A continuación desglosó detalles sobre la tasa de resoluciones, el índice de litigiosidad y el porcentaje de producción en relación con la meta planificada.

En cuanto a la producción de marzo, el comportamiento de judicatura fue el siguiente:

1. Expedientes iniciados: 31.834
2. Resoluciones dictadas: 64.137 (equivalente al 105 % de la meta proyectada). Estas se dividen en:

• Conclusivas: 25.625
• No conclusivas: 36.749
• Administrativas: 1.763

Seguidamente, Martínez Simón dio detalles respecto al análisis por circunscripción judicial, en el que se observa que Capital y Central concentran la mayor cantidad de expedientes ingresados y resoluciones dictadas.

Las circunscripciones de Presidente Hayes, Canindeyú y Alto Paraná se destacan por registrar una mayor cantidad de resoluciones dictadas en relación con la meta planificada.

Finalmente, el informe presentado por la directora Fabiana López, concluye que el desempeño jurisdiccional en las distintas sedes judiciales ha sido satisfactorio, en cumplimiento de las políticas públicas institucionales.

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La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) mantuvo su primera reunión oficial con el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, en un encuentro marcado por el análisis de temas sensibles para el sector privado y la economía nacional.

La reunión tuvo como eje principal abrir un espacio de diálogo entre el Gobierno y el empresariado, en un contexto en el que la volatilidad del dólar, los pagos pendientes a proveedores del Estado y la incertidumbre tributaria generan preocupación en distintos sectores económicos.

El presidente de la CAP, Gustavo Egüez, señaló que el objetivo del gremio fue mantener una conversación “franca y participativa”, en la que el ministro pudiera exponer la situación actual de la economía, las medidas en marcha y la hoja de ruta del Ejecutivo.

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Entre los temas abordados, el tipo de cambio ocupó un lugar central. Empresarios manifestaron inquietudes sobre la volatilidad del dólar y el impacto que esto genera en costos, precios y planificación financiera. Otro punto clave fue el pago a proveedores del Estado, una situación que afecta el flujo financiero de numerosas empresas.

Asimismo, se discutió la posibilidad de ajustes tributarios. Sobre este punto, el Gobierno reafirmó que no prevé aumentar ni crear nuevos impuestos durante la actual administración, manteniendo el enfoque en mejorar la eficiencia de la recaudación existente en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Desde el MEF también se presentó un panorama de la situación fiscal y de la evolución de la recaudación tributaria. Según datos expuestos en la reunión, tras una desaceleración registrada entre octubre y febrero, los ingresos tributarios internos mostraron señales de recuperación en marzo y abril, con crecimientos de 10,6 % y 9,6 %, respectivamente.

Egüez destacó que uno de los principales pedidos del sector privado fue que exista una mayor cercanía entre el Gobierno y las empresas para comprender la realidad económica diaria. “Es importante escuchar lo que ocurre en la calle y no solo tomar decisiones desde un escritorio”, expresó.

Por su parte, Lovera remarcó que el desarrollo económico del país depende en gran medida del sector privado y valoró la apertura de espacios de diálogo con los gremios empresariales.

Ambas partes coincidieron en avanzar hacia nuevas reuniones y mesas de trabajo más específicas para abordar temas puntuales vinculados a la coyuntura económica.

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En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.

El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.

Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.

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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.

Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.

Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.

Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.

En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.

Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.

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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.

Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.

En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.

En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.

Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.

Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.

“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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