En el marco del estudio del proyecto de ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal), el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se reunió con representantes gremiales de la Federación Nacional de Enfermería (Fenae), que aglutina a 33 sindicatos de profesionales de la salud a nivel nacional.
Este sector manifestó su preocupación ante la posibilidad de que, durante el trámite legislativo, se introduzcan modificaciones a los parámetros vigentes que rigen para el sector de personal de blanco y la Administración Pública.
En este sentido, los representantes del MEF explicaron que el proyecto de ley no contempla ajustes en los requisitos de jubilación para estos sectores, dado que cuentan con regímenes que, en promedio, registran edades efectivas de jubilación en torno a los 60 años y que estas condiciones desde el punto de vista técnico se consideran adecuadas y sostenibles.
Podés leer: El Puente de la Integración inicia segunda fase con tráfico para buses turísticos
Aseguraron que se mantendrá la recomendación técnica de preservar los parámetros actualmente vigentes, tanto en términos de edad, años de aporte y tasas de sustitución, para el sector de la Administración Pública y el Personal de Blanco, incluidos médicos y enfermeros. En el caso de estos últimos, los requisitos de acceso a la jubilación ordinaria son de 55 años de edad y 25 años de servicio.
Las modificaciones apuntan a la incorporación de una edad mínima de jubilación exclusivamente para aquellos sectores que actualmente no cuentan con este requisito, como el Magisterio Nacional, las Fuerzas Públicas y los Docentes Universitarios, cuyos regímenes vigentes permiten el acceso a la jubilación únicamente con el cumplimiento de un determinado número de años de aporte, sin considerar la edad.
Desde la cartera estatal se advirtió que, de no avanzar con la reforma, el déficit de la Caja Fiscal, que en 2025 alcanzó aproximadamente USD 380 millones, se incrementará de manera acelerada, proyectándose en un promedio cercano a USD 800 millones anuales en los próximos cinco años, montos que deberán ser cubiertos íntegramente con recursos del Tesoro, una vez agotados los ahorros existentes.
Lea también: Gobierno fija reglas claras para atraer industrias electrointensivas

