El proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal presentado por el Poder Ejecutivo, incorpora disposiciones específicas para garantizar el respeto de los derechos adquiridos de los afiliados, uno de los puntos que genera mayor debate público en torno a los cambios propuestos al sistema previsional.
Según explican desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el texto del proyecto deja en claro que las personas que ya cumplieron todos los requisitos para jubilarse antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, no se verán afectadas por las modificaciones. Esta garantía está contemplada en el artículo 3, que define de manera precisa qué se entiende por “derecho adquirido”.
De acuerdo con esta definición, se considera derecho adquirido a la situación jurídica del afiliado que, con anterioridad a la vigencia de la nueva normativa, haya cumplido todos los requisitos exigidos por la ley vigente para acceder a la jubilación o al retiro, en cualquiera de sus modalidades. En estos casos, el derecho queda plenamente consolidado y protegido.
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La protección se refuerza en el artículo 12 del proyecto, que establece que los afiliados con derecho adquirido continuarán rigiéndose por las disposiciones de la Ley N° 2345/2003 y por las normativas específicas de cada régimen previsional vigentes al momento en que se consolidó ese derecho.
Además, el texto señala que estos derechos quedan incorporados al patrimonio personal del titular y no pueden ser desconocidos ni modificados en su perjuicio por leyes posteriores.
Desde el MEF subrayan que esta aclaración busca dar previsibilidad jurídica y tranquilidad a los trabajadores próximos a jubilarse, en un contexto donde la reforma apunta principalmente a corregir desequilibrios estructurales del sistema previsional y garantizar su sostenibilidad financiera en el largo plazo.
La reforma de la Caja Fiscal se impulsa en un escenario de fuerte presión sobre las finanzas públicas. Según datos oficiales, el déficit del sistema previsional estatal ronda los USD 380 millones anuales, con cajas como las de militares, policías y docentes presentando niveles de desequilibrio elevados.
El Gobierno ya advirtió que sin cambios, este déficit seguirá creciendo y comprometerá recursos que hoy se destinan a áreas sensibles como salud, educación e inversión pública.
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