Paraguay dio un paso concreto en el desarrollo de su economía verde, al lograr más de USD 10 millones en inversiones vinculadas al mercado de créditos de carbono, principalmente en la región del Chaco, y avanzar con más de 400.000 hectáreas actualmente en proceso de certificación, tras la reglamentación de este mercado.
El tema fue analizado en una reunión de trabajo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, junto al ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando de Barros, en la que se evaluaron los avances, desafíos y prioridades de la agenda ambiental, con un enfoque claro en el desarrollo sostenible y la atracción de inversiones.
El encuentro puso énfasis en el posicionamiento de Paraguay como un hub regional de negocios verdes, capaz de generar ingresos, empleo y crecimiento económico a partir de la conservación ambiental.
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Desde el Mades resaltaron que la consolidación del mercado de carbono es una herramienta estratégica para el país. El ministro De Barros subrayó la importancia de garantizar trazabilidad, calidad y transparencia en los certificados de carbono, factores clave para generar confianza en los inversionistas y asegurar que los proyectos cumplan estándares internacionales.
En ese sentido, explicó que el marco regulatorio permite canalizar inversiones privadas hacia la conservación de bosques y la reducción de emisiones, al tiempo de generar nuevas fuentes de ingresos para el país.
Un punto relevante de la agenda fue el trabajo articulado con las binacionales Itaipú y Yacyretá, orientado a fortalecer el capital ambiental de Paraguay y poner en valor sus recursos naturales. Esta estrategia busca proyectar al país como un destino atractivo para inversiones en energías limpias, como plantas solares, proyectos fotovoltaicos y el desarrollo del hidrógeno verde, sectores con alto potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo.
Además del mercado de carbono, el Gobierno avanzó en el fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas, que abarcan unas 2,4 millones de hectáreas bajo administración del Estado.
En este ámbito, se están impulsando inversiones en infraestructura, logística, investigación científica y comunicación, con el objetivo de consolidar estos espacios no solo como zonas de conservación, sino también como polos de investigación, turismo sostenible y educación ambiental.