La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) informó sobre un encuentro mantenido con instituciones del sector público para agilizar el pago de intereses originados de la deuda que mantiene el Estado con las empresas contratistas.

La cita congregó a representantes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Cavialpa y la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). La reunión estuvo orientada a fortalecer los mecanismos para el procesamiento y pago de intereses moratorios correspondientes a certificados de obras.

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El encuentro tuvo como eje la coordinación de los procedimientos necesarios para que las solicitudes puedan ser tramitadas con mayor agilidad y sin reparos, facilitando la articulación entre las distintas instituciones involucradas.

Actualmente, la cartera de Obras dispone de un procedimiento específico para la presentación y gestión de estas solicitudes, que contempla su registro en el Sistema de Información de Contrataciones y Ejecución de Obras (SICOE).

La articulación entre las instituciones del Estado y los gremios del sector privado permite identificar puntos de mejora, unificar criterios y acompañar la implementación de soluciones para las empresas constructoras, valora la publicación de Cavialpa.

La Ley N.º 7699/2026, “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, fue sancionada y promulgada en el pasado mes de agosto. En el marco de dicha normativa, el MOPC habilitó el procedimiento para la presentación de Solicitudes de Pago en Concepto de Intereses Moratorios correspondientes a certificados de obra, a ser presentadas por proveedores, contratistas y firmas de fiscalización a través de la Mesa de Entrada Única (MEU) del Ministerio.

Desde inicios de este año, las empresas contratistas comenzaron a demandar el pago de la deuda, reconocida por el Estado de unos USD 220 millones, además de los intereses, de unos USD 100 millones, según el sector vialero.

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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) fue galardonada con el Premio RICG a la Innovación en las Compras Públicas, edición 2026, en el marco de la XX Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), que se realizó en la ciudad de Monterrey (México), del 12 al 14 de agosto.

El reconocimiento a la institución paraguaya se dio por el sistema utilizado, Registro de Compradores Públicos, que actualmente cuenta con 2.377 compradores públicos registrados, pertenecientes a 678 unidades de contratación de todo el país.

Este concurso, es organizado de manera conjunta entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual se premia experiencias innovadoras que generan un impacto positivo en la contratación pública de la región.

El sistema de Registro de Compradores Públicos es una herramienta que “contribuye a la modernización de las compras públicas en Paraguay y fortalece la transparencia, la eficiencia y la innovación a nivel institucional”, de acuerdo al informe de la DNCP.

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Este registro fue implementado por la institución a partir de este año con el objetivo de “brindar acceso público a información relevante sobre los funcionarios de las entidades públicas que participan en las diferentes etapas de los procedimientos de contratación del Estado”. Así también, se encuentran los datos de “la identidad del comprador, la institución donde presta servicios, la información de contacto, las competencias y acreditaciones, la formación académica, la experiencia en compras públicas y la trayectoria profesional en el sector público”.

“En el ámbito de la profesionalización, esta iniciativa ha impactado significativamente en la gestión de la DNCP al proveer una base de datos centralizada y actualizada, insumo clave para identificar necesidades de capacitación, monitorear competencias e implementar programas de formación”, resalta el informe de la dirección de contrataciones.

Asimismo, destaca que el reconocimiento sobre esta herramienta “contribuye a optimizar la transparencia y la trazabilidad dentro del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, la obtención del Premio RICG a la Innovación en las Compras Públicas refleja los avances conseguidos por la DNCP en estas materias y abre la posibilidad de impulsar más proyectos escalables y replicables en otros países de la región”.

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A tres años de gestión del actual gobierno del Paraguay, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, presentó su informe de gestión resaltando los históricos resultados con titulación masiva de tierras y desarrollo integral en el campo, logrando de esa forma una mayor presencia del Estado y llevando la felicidad y paz social a beneficiarios de todo el país.

Resaltó que mediante la implementación de políticas públicas por parte del Gobierno de Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana en las distintas áreas, priorizando los sectores más vulnerables como es el campo, el Indert ha logrado en estos 3 años garantizar el arraigo y despegue económico-social de las familias campesinas.

En ese sentido, resaltó la regularización jurídica de tierras a favor de los sujetos de la Reforma Agraria de todo el país con el Método Barrido Predial Masivo (BPM), alcanzando récords en finiquitos y entrega de más de 12.000 títulos de propiedad a los beneficiarios del Estatuto Agrario, superando la cantidad entregada en los últimos diez años.

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Ruiz Díaz señaló que la agilidad en resultados se debe a cuatro ejes implementados durante su gestión:

• La descentralización del ente agrario a cargo de equipos técnicos divididos por zonas de la Región Oriental del país.
• La aplicación del método Barrido Predial Masivo (BPM).
• La organización de colonos en comisiones de fomento y desarrollo.
• El trabajo interinstitucional con el Registro Único Nacional (RUN) y el Sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entre otros.

Ruiz Díaz destacó además que el Gobierno, a través del Indert, disminuyó las tasas de interés al 4 % para varones y al 0 % a favor de mujeres rurales. “Anteriormente, el Estado cobraba una tasa de interés del 12 % para el financiamiento de los lotes entregados a los campesinos. Los lotes se financiaban a 10 años de plazo para los hombres y a 15 años para las mujeres”, recordó.

Agregó que antes del 15 de agosto de 2023, de cada 10 títulos de propiedad que se entregaban, 3 se destinaban a las mujeres campesinas. Actualmente, se incrementó a 6 de cada 10 a favor de las mujeres, marcando un antes y después en la historia del Reforma Agraria.

Otro factor importante, señaló, la implementación de la digitalización de los pagos por lotes agrícolas, por parte de los beneficiarios, se habilitaron unas 8.000 bocas de cobranzas en sus propias colonias que están ubicadas en distintos puntos del país.

Por los históricos resultados en lo que hace a la titulación de tierras, principalmente a favor de mujeres rurales, el Indert recibió el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con la entrega del Premio internacional “Logro 2025” en Mayo de 2026.

Este reconocimiento se realizó en Roma, Italia, cuya coordinación estuvo a cargo de la referida organización internacional. Igualmente el Congreso Nacional Paraguayo reconoció la política de Gobierno de titulación masiva de tierras del Indert dirigida a mujeres rurales de distintos puntos del país.

Ruiz Díaz señaló que el Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que apunta a mejorar y facilitar a los beneficiarios del Estatuto Agrario el acceso al título de propiedad. El proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % actualmente vigente para que los beneficiarios accedan al título de propiedad.

Con esta normativa se busca avanzar hacia la entrega de 50.000 títulos de propiedad en todo el país, permitiendo a los productores invertir primero en sus fincas y generar ingresos, y posteriormente cumplan con el pago en condiciones más accesibles.

Igualmente, plantea aumentar el plazo de pago de lotes de 15 a 30 años para las mujeres rurales y de 10 a 20 años para los varones. Asimismo, la reducción de la tasa de interés en un 2 % en el pago de lotes para los hombres, cuando actualmente es del 4 %.

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Al cumplir tres años al frente de la Asesoría Jurídica de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el director jurídico, Mag. Abog. Eduardo González Báez, presentó un informe de gestión en el que resaltó que se logró un importante ahorro a la entidad de unos 34 millones de dólares.

Fue durante un acto que contó con la presencia del director ejecutivo de la Margen Derecha, Lic. Luis Benítez Cuevas, miembros del Consejo de Administración y Personal Superior. Participaron también como invitados especiales el Dr. Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia de la República, Dr. Gerardo Bobadilla, presidente del Consejo de la Magistratura.

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El director jurídico resaltó que desde agosto de 2023 hasta agosto de 2026, evitó pérdidas económicas por G. 243.015.897.817 (USD 33.939.369), con sentencias judiciales favorables, acuerdos, resoluciones y dictámenes en el ámbito laboral y cumplimientos de certificados ambientales.

Al respecto, el director jurídico detalló que en el primer año, que comprende de agosto 2023 al mismo periodo del 2024, la contingencia patrimonial que se logró evitar fue por valor de G. 108.042 millones; en el segundo año (agosto 2024 al 2025) fue de G. 84.581 millones y en este último año (agosto 2025 al 2026) la contingencia total evitada fue de G. 50.392 millones.

González resaltó que los números presentados son el resultado de un trabajo eficiente, disciplinado y coordinado en equipo en el compromiso de defender los intereses del Paraguay, “porque la patria no se negocia, se defiende”.

Un destaque especial dentro del informe es la regularización de la situación de las familias relocalizadas en los grupos habitacionales construidos por la EBY. Este año fueron entregados 189 títulos y designados escribanos para otros 769 casos, que incluye a los habitantes de un sector de Itá Paso, de Encarnación, una regularización pendiente desde 1994.

“Es el producto del trabajo de la coordinación general, de la coordinación judicial, laboral, administrativa, escritura, de casos especiales, de asuntos institucionales y las delegaciones jurídicas de Encarnación y Ayolas y fundamentalmente de cada uno de los profesionales, funcionarios y colaboradores de todos los días que ponen su conocimiento y su esfuerzo”, remarcó.

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