La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), dispuso la suspensión temporal de actividades de varios comercios en Encarnación y Luque por no emitir comprobantes de venta, en el marco de un operativo que ya suma 102 procedimientos de control a nivel país en la primera quincena de marzo.

Las clausuras, que afectan a locales gastronómicos, comercios minoristas y servicios, se ejecutaron por orden judicial y tendrán una duración de tres días. La medida se aplicó tras comprobarse irregularidades mediante controles previos que incluyeron compras simuladas y verificaciones in situ, donde se detectó el incumplimiento de obligaciones tributarias básicas.

Según detalló la DNIT, los procedimientos fueron realizados por la Coordinación de Operaciones Especiales Jeroviahá, dependiente de la Gerencia General de Impuestos Internos. En una primera etapa, la administración aplicó acciones persuasivas y disuasivas, pero ante la reincidencia se avanzó hacia sanciones más severas, incluyendo la solicitud de mandamientos judiciales para la suspensión de actividades.

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En paralelo, los contribuyentes afectados fueron notificados de órdenes de fiscalización puntual para determinar la eventual existencia de defraudación fiscal, mientras equipos de la Dirección General de Fiscalización Tributaria realizan inventarios en los establecimientos intervenidos.

Como antecedente, la DNIT ya venía reforzando los controles en todo el país. Solo en la primera quincena de marzo se realizaron 102 procedimientos en Asunción y ciudades del departamento Central, así como en Alto Paraná, donde se verificó el cumplimiento en comercios e imprentas autorizadas para la emisión de comprobantes.

Estos operativos incluyeron la revisión de datos del Registro Único de Contribuyentes (RUC), la verificación de maquinarias declaradas y la correcta utilización de facturas legales. Además, se detectaron múltiples casos en los que no se emitían comprobantes de venta, una de las principales faltas que busca combatir la administración tributaria.

La institución reiteró que los controles continuarán en todo el territorio nacional y exhortó a la ciudadanía a denunciar irregularidades, especialmente la no entrega de facturas. Asimismo, recordó que, de forma complementaria, también se reconoce a los comercios que cumplen con la normativa, incentivando la formalización de la economía.

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El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, explicó que la menor recaudación registrada en los primeros meses del año responde principalmente a un factor externo, la caída en “picada” del dólar en Paraguay.

Según detalló a Universo 970 AM/Nación Media, gran parte de las operaciones de comercio exterior, como las importaciones, se realizan en dólares, pero los impuestos se pagan en guaraníes. Cuando el dólar baja, el valor de esas operaciones en moneda local también disminuye, lo que impacta directamente en la base imponible sobre la que se calculan los tributos.

“El dólar tiene un impacto de alrededor del 18 % menos en la valoración. Al pasar a guaraníes, eso se traduce en menos recaudación, especialmente en Aduanas”, señaló Oscar Orué a Universo 970 AM.

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En ese sentido, explicó que el efecto se siente con más fuerza en los ingresos aduaneros, que representan cerca del 40 % de la recaudación total, mientras que el 60 % corresponde a impuestos internos. De hecho, en enero se registró una caída del 10 % en la recaudación de Aduanas, lo que redujo el crecimiento total a apenas 0,8 % en comparación con el mismo mes del año anterior.

Orué recordó que una situación similar se dio en agosto del 2025 y que, de no haber sido por la baja del dólar, el crecimiento de la recaudación el año pasado habría sido mayor. “Cerramos con un aumento del 9 %, pero sin el efecto del tipo de cambio hubiésemos estado cerca del 15 %”, indicó.

No obstante, aclaró que en los impuestos internos no existe una caída estructural, sino un efecto estacional. Explicó que en los primeros meses del año no se registran vencimientos importantes, lo que reduce temporalmente los ingresos.

Sin embargo, anticipó que en marzo y abril se observarán mejores resultados, impulsados por el pago de tributos como el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).

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El Gobierno anunció que aplicará un ajuste del gasto público en lo que resta del ejercicio fiscal 2026, pero priorizará sectores esenciales. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, aclaró que la medida responde a una menor disponibilidad de recursos respecto a lo previsto inicialmente en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

El secretario de Estado precisó que los sectores de salud, educación, seguridad y protección social, concentrarán la mayor parte de los recursos disponibles. Asimismo, aseguró que se garantizará el cumplimiento de obligaciones clave como el pago de salarios, jubilaciones, medicamentos, subsidios al transporte y compromisos con empresas constructoras, además de la continuidad de programas sociales como Hambre Cero y Adultos Mayores

El ajuste se da en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, explicado principalmente por dos factores: el comportamiento del tipo de cambio y la desaceleración de la recaudación tributaria.

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Por un lado, el tipo de cambio del dólar se ubica actualmente en torno a G. 6.500, por debajo de los G. 7.800 previstos en el PGN 2026. Esta diferencia reduce la cantidad de guaraníes que el Estado obtiene por los ingresos en dólares, afectando directamente su capacidad de gasto.

“Esto representa aproximadamente USD 100 millones menos para este año. El valor de los dólares que recibimos hoy se traduce en menos guaraníes, lo que nos obliga a ajustar el nivel de gasto respecto a lo inicialmente previsto”, explicó Fernández Valdovinos a la 1080 AM.

A este escenario se suma una recaudación tributaria por debajo de las expectativas. El presupuesto contemplaba un crecimiento del 8 % en los ingresos administrados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pero, según el titular del MEF, actualmente la recaudación se mantiene prácticamente sin variación.

“Esperábamos un incremento en la recaudación que no se está concretando, lo que implica unos USD 440 millones menos de ingresos para el Tesoro”, indicó.

En conjunto, ambos factores representan una merma entre USD 550 y USD 600 millones en los recursos disponibles para este año. Ante este escenario, el Ejecutivo optó por reordenar el gasto, concentrando los recursos en áreas prioritarias y ajustando aquellos rubros considerados no esenciales, que representan una porción menor del presupuesto.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que habilitó nuevos canales de comunicación dirigidos a las municipalidades de todo el país, con el objetivo de facilitar consultas y coordinar técnicamente temas relacionados con el avalúo fiscal de inmuebles para la liquidación del impuesto inmobiliario.

Según detalló la institución, los gobiernos municipales podrán comunicarse directamente con el Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria, dependiente de la Gerencia General de Impuestos Internos, a través del teléfono (021) 417 7745 o del correo electrónico dfi@dnit.gov.py. Estos canales estarán disponibles para atender consultas vinculadas a la determinación del valor fiscal de los inmuebles y otros aspectos técnicos de la fiscalidad inmobiliaria.

La DNIT recordó que el valor fiscal determinado por la institución constituye la base imponible del impuesto inmobiliario, el cual posteriormente es remitido a los gobiernos municipales para su correspondiente recaudación, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto Reglamentario N.º 5305/2026.

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La entidad también reiteró que es la autoridad competente para realizar el avalúo inmobiliario y determinar el valor fiscal de los inmuebles en todo el país, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N.º 7.424/2025, que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN), así como en su Decreto Reglamentario N.º 5305/2026.

Asimismo, recordó que el artículo 60 de la Ley N.º 125/1991, modificado por la Ley N.º 7.424/2025, establece que la DNIT tiene a su cargo la determinación del valor fiscal de los inmuebles, además de la definición del sistema de avaluación y del procedimiento para su cálculo.

En ese contexto, la institución reafirmó su compromiso con la uniformidad técnica, la seguridad jurídica y la transparencia en la determinación de la base imponible del impuesto inmobiliario en todo el país, mediante la coordinación permanente con los gobiernos municipales.

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