Pedir factura por cada compra realizada es un gesto cotidiano que suele pasar desapercibido, pero que tiene un impacto directo y profundo en la economía del país. Así lo recuerdan desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Aseguran que exigir comprobantes legales no solo protege al consumidor, sino que también contribuye a combatir la informalidad, ampliar la base tributaria y fortalecer los recursos del Estado. Detrás de cada factura hay un circuito económico más transparente y justo.
La emisión de comprobantes permite que los comercios y prestadores de servicios operen dentro del marco legal. Esto genera un doble efecto, por un lado, garantiza derechos básicos al consumidor, como la posibilidad de reclamo o devolución y, por otro, protege a los trabajadores al promover empleos formales con aportes a la seguridad social.
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“Cuando una operación no se factura, no solo se pierde recaudación, se debilita el sistema que sostiene a miles de familias”, dicen desde la DNIT.
La informalidad y la evasión fiscal distorsionan la competencia, perjudican a quienes cumplen con sus obligaciones y limitan la capacidad del Estado para invertir en servicios esenciales, explican.
Señalan que los impuestos que se recaudan a través de operaciones facturadas son clave para financiar salud, educación, seguridad e infraestructura. Cada comprobante solicitado se traduce en recursos que regresan a la ciudadanía en forma de hospitales, escuelas, rutas y programas sociales.
En este contexto, la DNIT insiste en que pedir factura es un derecho del consumidor, pero también una responsabilidad cívica. No se trata de una acción aislada, ya que cuando se multiplica, impacta en la formalización de varios sectores, reduce la brecha entre lo legal y lo informal y eleva la calidad de los servicios públicos. La transparencia, además, fortalece la confianza en el sistema económico.
La digitalización y la trazabilidad de las operaciones abren una oportunidad adicional, más control, menos evasión y mayor eficiencia. En la medida en que comercios y clientes adopten el hábito de facturar y exigir comprobantes, se consolida un entorno donde todos compiten en igualdad de condiciones y el Estado cuenta con información confiable para diseñar políticas públicas más efectivas.
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